Un escenario negro
El impacto sanitario, psicológico y social de la pandemia mundial provocado por la COVID-19 es imposible de evaluar. Hemos pasado meses de confinamiento, y desde junio a eso que llamamos “nueva normalidad”, una experiencia que ha resignificado el estilo de vida de la humanidad. Queda por ver cuál ha sido el impacto en el proceso de civilización. ¿Volveremos a asistir a festivales atestados de gente colocada hasta las trancas? ¿Podremos abrazarnos y besarnos de nuevo? ¿Viajaremos de nuevo a contextos alejados de nuestro lugar de residencia? Es difícil predecir los escenarios de futuro, pero queda claro que a corto y medio plazo no volveremos a la realidad anterior a marzo del 2020. La incertidumbre, otra vez más, vuelve a configurar la realidad social. La única certeza que tenemos es que el futuro es incierto. Bueno, en clave económica queda acreditado que el escenario es negro, realmente negro.
Si aún estábamos en proceso de recuperación de la crisis económica del 2008, la crisis pospandemia ha devuelto la economía española a la casilla de salida, pero no piensen que esta está en el 2008. No. La casilla inicial se sitúa en 1939, cuando el país quedó destruido como consecuencia de la sublevación fascista y la consecuente guerra civil. Según el periódico económico Expansión, unas doscientas veinte mil empresas han cesado su actividad desde el inicio de la pandemia. El PIB ha descendido un 18,5% en cuestión de un trimestre. España ha solicitado a la Unión Europea doscientos mil millones de euros para el proceso de reconstrucción. Es decir, unos datos económicos espantosos. Una economía española destrozada por la pandemia. Una economía que precisará de todo aquello que esté a su alcance para recuperarse. ¿Qué papel puede jugar la economía cannábica?
¿Qué hay de la legalización?
En el actual escenario de ruina económica sorprende el silencio de Unidas Podemos respecto a la legalización del cánnabis. ¿Qué han sido de las palabras que articuló el secretario general del partido morado el 18 de octubre de 2018 en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados? Ese día, Pablo Iglesias mantuvo un discurso sincero, certero y contundente a favor de la legalización del cannabis en España. Entre las aseveraciones de su discurso, destacamos: “El debate no es ya el de si hay que legalizar o no el cannabis, sino quién es el primero en hacerlo”. “A España le conviene ser el primer país de Europa en dar el paso, pues es una oportunidad que puede dar grandes beneficios”. “La calidad será mayor y se preservará la salud pública”. “Además, se acabará con el peligro que supone el narcotráfico, que genera grandes gastos policiales en operaciones que no sirven para nada”. “¿Qué hay de malo en que lo que se gana en cannabis se invierta para mejorar la sanidad pública?”. Estas y otras contundentes afirmaciones fueron pronunciadas en la sala que lleva el nombre del exministro socialista que legalizó el aborto y universalizó (definitivamente) la sanidad pública.
Cabe entender que, a tenor de la pandemia, la cuestión de la legalización del cannabis quedó en un segundo plano. Pero también cabe entender que ni desde las elecciones de noviembre del 2019 ni desde la formación del gobierno de coalición en diciembre del 2019 se dijo ni una palabra de legalizar. Y en estos últimos meses, en que ha sido recurrente hasta la saciedad la noción de “reconstrucción nacional” o “reconstrucción económica”, el cannabis tampoco ha aparecido entre las políticas de la coalición de gobierno PSOE-Unidas Podemos, como ámbito económico que puede aportar su granito de arena a esta tan anhelada reconstrucción. Tal vez el bloque conservador del PSOE se haya empecinado en negar cualquier opción a la legalización, y la cuestión del cannabis haya sido sacrificada en pro de mantener los equilibrios de la coalición de gobierno. Quién sabe.
Las cifras de la legalización
En el número 250 de Cáñamo, octubre del 2018, publicamos el artículo “Las oportunidades económicas de la legalización del cannabis”, en el cual deslindábamos los ingresos que obtendría el Estado español si legalizase el cannabis. En total, calculábamos que el erario ingresaría 3.312 millones de euros. No está nada mal porque, por aquel entonces, el presupuesto del Ministerio de Sanidad era de 4.251 millones de euros. No cabe duda de que esta sería una inyección económica de primer orden. Veamos qué hay de nuevo respecto a estos cálculos y cómo el cannabis podría contribuir a la reconstrucción nacional. No disponemos de datos de prevalencias de consumo de cannabis actualizados. Los últimos datos disponibles son el EDADES 2017, los mismos que empleamos en los cálculos del 2018. Estimamos en 820.597 kilos la producción necesaria para satisfacer la demanda anual de los residentes en España. Si sumamos a los turistas y estudiantes extranjeros, la demanda total de cannabis grabada con impuestos indirectos sería de 608.194 kilos anuales.
Establecemos los siguientes precios (conservadores) de mercado: el productor vende a 2 € el gramo (1.216 millones); el procesador, a 4 € (2.433 millones), y el distribuidor final, a 8 € (4.866 millones). Esto comportaría que el volumen de negocio alcanzaría los 8.514 millones de euros anuales. En impuestos indirectos, el Estado ingresaría 1.508,5 millones de euros.
Relativo al impuesto de sociedades, pongamos el caso de que el veinte por ciento del volumen de negocio representa beneficios para los entes comerciales dedicados a la producción, procesamiento y venta. Entendamos que el cincuenta por ciento del volumen de negocio lo generan empresas; el veinte por ciento, emprendedores, y el treinta por ciento restante, cooperativas. Esto implicaría que las empresas pagarían 212,85 millones; los emprendedores, 34,05 millones, y las cooperativas, 102,7 millones de euros. Los clubes sociales, al tratarse de asociaciones, también pagan el impuesto de sociedades; si consideramos que el diez por ciento del total de su actividad económica está sujeta al pago del impuesto, estos deberían tributar 20,5 millones. Las arcas del Estado ingresarían 370,1 millones en concepto del impuesto de sociedades.
El Estado ingresaría 1.450 € al mes en concepto de seguros sociales y IRPF pagados tanto por el trabajador como por la empresa. Si todos los trabajadores autónomos cobrasen 2.600 € y pagasen la cuota de autónomo de 275 € y un quince por ciento de IRPF, cada uno pagaría 665 € al mes. En un año, el Estado cobraría 930,2 millones vía régimen general y 304,8 millones vía autónomos, es decir, 1.235 millones por IRPF y cotizaciones. A estos montos debemos sumarle las aportaciones de los trabajadores de los clubes sociales de cannabis (CSC). Si entendemos que el cincuenta por ciento del volumen económico de los CSC lo destinan a personal, estos contarían con 9.911 trabajadores en régimen general, que tributarían al año 172,4 millones. El Estado ingresaría 1.777,5 millones en impuestos derivados de las actividades económicas destinadas a satisfacer la demanda interior de cannabis. A esta cantidad le debemos sumar los impuestos directos resultado de las exportaciones, pero vista la escasa relevancia que adquirirían, asumiremos que el volumen de negocio sería de cien millones. Las exportaciones pagarían un total de veintiséis millones, cinco por el impuesto de sociedades y veintiuno por IRPF y cotizaciones. Total, impuestos directos y cotizaciones a la Seguridad Social derivados de la demanda interior y exterior: 1.803,5 millones de euros. Si España legaliza el cannabis, el Estado ingresaría 3.312 millones de euros (semillas, productos para el cultivo, parafernalia…).
A estas cifras hay que sumarles otros elementos de la industria cannábica, como, por ejemplo, los productos derivados del cannabis y utilizados principalmente para paliar dolencias de diferente orden, así como todo lo relativo al cáñamo industrial. Según diversas fuentes, en España viven unas cien mil personas consumidoras de cannabis terapéutico, aunque algunos actores no dudan en ascender la cifra hasta más del cuarto de millón de personas. Tomemos como referencia las cien mil personas. Si la mitad de estas hacen un gasto promedio de ochenta euros al mes en productos derivados del cannabis con finalidades terapéuticas y la otra mitad un gasto de unos treinta euros, con un gravamen estándar del veintiuno por ciento en concepto de IVA, el Estado ingresaría la friolera de trece millones ochocientos sesenta mil euros anuales. A esta cifra se tienen que sumar las cotizaciones a la Seguridad Social y el impuesto de sociedades, que rondaría los cuatro millones setecientos mil euros. Un cálculo conservador nos indicaría que el Estado ingresaría, gracias a la comercialización de productos derivados del cannabis destinados a fines terapéuticos, dieciocho millones quinientos sesenta mil euros.
En relación con el cáñamo industrial, en el 2017 la European Industrial Hemp Association apuntaba que en España se cultivaban ciento noventa y cinco hectáreas de cáñamo con finalidades industriales. Sabemos que desde entonces el número de hectáreas ha ido en aumento. Es lógico pensar que, en un escenario regulado, las superficies de cáñamo industrial aumentarían notablemente. Hipotetizamos que en pocos años se cultivarán en España cinco mil hectáreas. A un precio de venta de ocho euros el kilo de flor destinada a fines farmacéuticos, a tres euros el kilo de semilla destinada a la alimentación y a dos euros el kilo de fibra destinada a diferentes usos, a un gravamen también estándar del veintiuno por ciento, el Estado ingresaría unos cuatrocientos millones en impuestos directos e indirectos. En definitiva, el Estado obtendría tres mil ochocientos treinta millones gracias a la industria del cannabis. Una cifra conservadora que el desarrollo legal de la industria cannábica no dudamos que haría crecer notablemente.
Malos tiempos para el cannabis
Sabemos que los números de la legalización del cannabis representarían un ingreso extraordinario para el Estado. Sabemos que reduciríamos los gastos policiales, judiciales y sociales de la lucha contra la droga. Sabemos que la salud pública mejoraría. Y también sabemos que debemos legalizar, más allá de cuestiones meramente económicas, por una defensa de las libertades individuales y por los derechos humanos. A pesar de todo este conocimiento acumulado, queda contrastado que la legalización del cannabis no está en la agenda política. Por tanto, muy a nuestro pesar, debemos reconocer que queda en un discreto segundo plano la cantidad que aportaría el cannabis al erario. Y, además, el argumento de las libertades parece despreciable. Desde el inicio de la pandemia hemos visto cómo nos recortaban las libertades. ¿A caso podemos pensar que legalizarán el cannabis cuando han prohibido el botellón y fumar tabaco en la vía pública? No, creo que no. La legalización, por mucho peculio que pueda mover, está ahora más lejos que antes de marzo del 2020. Me gustaría equivocarme, pero, otra vez más, no tengo indicios que me hagan pensar lo contrario.
