Hace aproximadamente dos meses, Pau Torra recibió en su tienda la visita de agentes de la Guardia Civil. Sin presentar una orden de registro, procedieron a incautar una gran cantidad de los productos de CBD disponibles en el establecimiento, momento en el que también fue notificado de que estaba siendo investigado por un presunto delito contra la salud pública. “Es algo que está ocurriendo en muchas tiendas y no soy el único”, afirmó Torra en conversación con canamo.net.

El caso de Manresa CBD no es aislado. Diversos comercios dedicados a la venta de productos de cannabidiol (CBD) en España han reportado intervenciones similares, generando un clima de incertidumbre y vulnerabilidad legal. A pesar de operar bajo normativas comunitarias que permiten el comercio de derivados de cáñamo industrial con niveles bajos de THC, las autoridades continúan utilizando el Código Penal para justificar intervenciones que afectan directamente la viabilidad económica del sector.

“Le estamos pagando al mismo Estado que luego nos incauta la mercancía y nos acusa de narcotráfico”, comentó Torra, quien más allá del daño económico, destacó la desprotección jurídica en la que se encuentran muchos emprendedores del sector lo que, producto de la ausencia de una legislación nacional clara sobre la comercialización de flores de CBD, abre la puerta a interpretaciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad y fiscalías.

Esta situación ha llevado a  Pau a iniciar una campaña de visibilización con el objetivo de exponer la paradoja legal que vive el sector cannábico no psicoactivo y exigir un marco regulatorio coherente con la realidad comercial y social del CBD.

Y es que la situación de Manresa CBD revela una contradicción estructural: el mismo Estado que fiscaliza y recauda impuestos a estos negocios también los criminaliza sin que medie una regulación clara. En el corazón de esta contradicción, cientos de proyectos con vocación de bienestar y reducción de daños están siendo empujados al cierre o la clandestinidad.