La Guardia Civil ha incautado 32 toneladas de cogollos de cannabis como parte de una operación en la que han sido detenidas 20 personas y que ha anunciado como “el mayor alijo de marihuana envasada encontrado hasta el momento”. Aunque la nota de prensa policial lo presenta como un caso de producción y distribución de marihuana psicoactiva ilegal, la información incluida y las imágenes publicadas llevan a pensar que la intervención ha podido tener como objetivo una empresa legal de cáñamo industrial rico en CBD.

La información policial indica que la investigación comenzó con una inspección de la Guardia Civil en varias plantaciones de cáñamo industrial de Villacañas (Toledo). Los principales investigados poseían una empresa con la que adquirían las semillas. Una segunda empresa, las transportaba y sembraba, y otra empresa se encargaba del cultivo, cosecha y secado de las plantas. La empresa inicial adquiría las plantas secas, las procesaba para obtener cogollos y los envasaba al vacío para su venta dentro y fuera del territorio nacional.

En las imágenes de la policía se pueden ver, además de grandes bolsas de cogollos envasadas al vacío, cogollos en paquetes de unos pocos gramos preparados para su venta al por menor con etiquetas externas que indican que se trata de un producto de uso decorativo no destinado al consumo humano. Este tipo de advertencias son comunes en los productos de CBD debido a la falta de regulación sobre su comercialización y sirven para esquivar la prohibición de venta por razones de seguridad alimentaria o sanitaria.

A pesar de que la producción de cáñamo industrial es legal en España y que el CBD no es un producto incluido en las listas de fiscalización de drogas, la producción de cogollos de cáñamo rico en CBD no está regulada y a menudo se persigue la producción en empresas legales. La persecución a empresas del sector se intensificó el año pasado después de que la Fiscalía emitiera una orden para que las autoridades policiales pasaran a considerar los cogollos del cáñamo como una parte de la planta sometida a fiscalización. Sin embargo, algunas empresas que han sido intervenidas anteriormente han conseguido quedar absueltas después de que los jueces reconocieran que los cogollos de CBD con los que comerciaban eran legales.