La mayor ciudad de California, la emblemática Los Ángeles, está aumentando el control sobre los negocios no regulados de marihuana.

Después de la entrada en vigor de la Proposición 64 a partir del 1 de enero de 2018 han continuado las detenciones por todo tipo de actividades ilegales, pero, fundamentalmente, se están dando problemas en los distribuidores que aspiran a obtener una licencia, o ya contaban con ella. Hasta el 30 de junio, cuando las autoridades encargadas de otorgar las licencias revisaron las solicitudes, se otorgaron excepciones a las disposiciones regulatorias específicas para algunas empresas. Pero con tanta hierba producida bajo los estándares anteriores todavía en las estanterías de los dispensarios, la fecha que se señaló, el 1 de julio, se ha hecho corta para muchas compañías. Esto supuso no solo la destrucción de marihuana por un valor de 350 millones de dólares sino el cierre, desde mayo, de más de 150 empresas del ramo, con más de 120 casos que finalmente han pasado por los juzgados penales a causa de problemas de distribución. Los condenados pueden cargar con penas de hasta seis meses de cárcel y una multa de 1.000 dólares. Además, parte de los cierres se están produciendo porque durante este verano se introdujeron nuevas disposiciones sobre embalaje y etiquetado, que han causado controversia por los problemas para dar salida al material ya comprado. En muchos casos los minoristas se han visto empujados a ofrecerlos con grandes descuentos.