El Departamento de Justicia anunció el 30 de octubre que la primera tanda de registros alcanzó a dispensarios de Alabama, Florida, Mississippi, South Dakota, Texas, Virginia y West Virginia. Se trata de la aplicación concreta del marco federal aprobado en abril, que trasladó a la Lista III determinados productos de cannabis medicinal y abrió un procedimiento para incorporar a operadores con licencia estatal al sistema de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Según el Departamento de Justicia, cada establecimiento debe cumplir los requisitos aplicables y superar una investigación previa de la DEA. La agencia comenzó por las solicitudes presentadas durante el periodo inicial de 60 días y continuará procesando nuevos expedientes por etapas.

El registro permite a los dispensarios realizar bajo la legislación federal las actividades médicas comprendidas por su autorización. También los somete a exigencias sobre seguridad, registros, inventarios y manejo de sustancias controladas. La regulación intenta apoyarse en buena parte de los sistemas estatales ya existentes, aunque la DEA mantiene sus propias facultades de supervisión. Si una licencia estatal expira, es suspendida o revocada, también puede quedar afectado el registro federal asociado.

El Departamento de Justicia señala que el régimen no autoriza el mercado recreativo ni otras actividades con cannabis que estén fuera de las categorías médicas cubiertas. Tampoco resuelve el procedimiento de reclasificación federal más amplia, que continúa por una vía administrativa separada y todavía debe decidir si el cannabis en general pasa de la Lista I a la Lista III.

La primera emisión de más de 900 registros convierte así una reforma jurídica en autorizaciones federales concretas para negocios que ya operaban bajo normas estatales. Aún así el mapa estadounidense sigue dividido entre distintos regímenes, pero por primera vez una parte de esa infraestructura médica entra formalmente en el sistema federal de la DEA.