En 2021, Argentina se había vuelto un país pionero en el mundo al crear un registro de variedades de cannabis, tanto de su componente genético como de la propiedad. Pero ese proceso regulatorio, que permitió la venta de semillas y esquejes, está en pleno retroceso. Ayer, el Instituto Nacional de Semillas (INASE) emitió una resolución en la que no solo suspenderá la inscripción de nuevos criadores. Además, el organismo anunció que intensificará los controles sobre quienes ya les otorgaron los permisos.
La resolución 81/2024, que lleva la firma del presidente del INASE, Claudio Dunan, establece en su primer artículo: “Suspéndase la inscripción de nuevos operadores de cualquier categoría del Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas (RNCyFS) que desarrollen su actividad con la especie Cannabis sativa L”.
Las alarmas entre el activismo no suenan solo porque la normativa es un retroceso a los avances legislativos conseguidos en los últimos años. Resulta que la inscripción al RNCyFS puede hacerlo cualquier persona física o jurídica y sin distinciones de la especie a la que se dediquen. Es un registro que permite la comercialización de semillas. Cuando el INASE especifica que la mira estará puesta exclusivamente en aquellos que operan con cannabis, cuando también están habilitados a vender semillas de albahaca, por ejemplo, no solo está haciendo algo inédito en el organismo porque jamás se fiscalizó a los vendedores de soja, trigo o maíz excluyentemente. Con esta resolución el gobierno también está anunciando el inicio de una cacería de brujas.
El tercer artículo de la resolución del INASE dice que se “procederá a debidos controles sobre los operadores inscriptos, procediendo a la baja directa de aquellos que no desarrollen su actividad de acuerdo a la normativa vigente”. El escrito se refiere a la Ley de Cannabis Medicinal, ya que los criadores de genéticas que están registrados llevan adelante un proyecto de investigación relacionado a la salud. En el activismo se vive preocupación y miedo por la vuelta a la más cruda persecución, tras un breve período donde gran parte del activismo salió del closet de la prohibición para iniciar proyectos productivos con los avances legislativos que se habían producido durante la gestión anterior. Muchos de ellos crearon iniciativas de cultivo, genética e infraestructura de la mano de la normativa medicinal. Pero ahora se plantean volver a la clandestinidad ante cada paso de la gestión de Javier Milei.
El organismo estatal no ha especificado cómo será el operativo para realizar los controles y, hasta el momento, no ha contestado los llamados de Cáñamo. Lo que sí se sabe es que el INASE tiene los domicilios de todos los cultivos registrados y ya anunció que intensificará sus inspecciones. La resolución se mantendrá vigente por los próximos seis meses como mínimo.
