“El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. En esa frase de 57 palabras está resumida la esencia del nuevo contrato social que eligieron los argentinos”. Estas palabras fueron dichas por Javier Milei el día de su asunción como presidente, el pasado 10 de diciembre, ante la presencia de figuras internacionales como el Rey de España, Felipe VI, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el exmandatario brasileño, Jair Bolsonaro, en las escalinatas del Congreso. A dos meses de un Gobierno –al cierre de esta edición– que llama la atención del mundo entero, entre el asombro por el discurso provocador de un outsider de la política y sus propuestas disruptivas, la situación en Argentina hoy está lejos de ser un paraíso de la libertad. Ya existe una inflación del 25% mensual, una moneda que no frena su devaluación, más de cinco mil trabajadores estatales que fueron despedidos, un paquete de 300 leyes que pretende privatizar el Estado y un paro general de la Confederación General del Trabajo que movilizó a un millón de personas en todo el territorio son algunos de los hechos que sucedieron en el país antes de los primeros cien días de gestión neoliberal. En la tierra del fin del mundo lo que reina es la incertidumbre y esta sensación no escapa a la incipiente industria del cannabis.

En los últimos tres años, Argentina tuvo un impulso inédito en cuanto a las regulaciones del cannabis que perfilaban al país como uno de los líderes mundiales en la industria de la planta. Primero, la Ley de Cannabis Medicinal reconoció a los usuarios terapéuticos y se creó un programa que permitió la inscripción de más de 200.000 personas que pueden cultivar en sus hogares, para terceros, de forma asociativa y transportar hasta 40 gramos de flores. Luego, se sancionó una legislación para avanzar en el entramado productivo: nació la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). La última novedad sucedió el 8 de diciembre, dos días antes del cambio de autoridades ejecutivas, cuando se entregaron las primeras y seis únicas licencias sobre las que se ciernen algunas sombras. Desde ese entonces, no ha sucedido ningún movimiento. 

En el Gobierno de Milei todavía no se ha designado a muchos de los funcionarios que han de ocupar puestos clave del Estado. Apenas se han nombrado ministros y secretarios. En lo que respecta a la industria del cannabis es una incógnita quién dirigirá la agencia regulatoria. Las dudas son tan grandes entre los que se llaman a sí mismos libertarios que ni siquiera saben cuál es la cartera que les corresponde. Cáñamo se comunicó con todos los ministerios involucrados para consultarles sus planes y ninguno supo dar alguna respuesta. Lo mismo sucedió con los voceros de Presidencia. Ante este panorama de incertidumbre total, las empresas habilitadas siguen sus negocios a bajo vuelo y las asociaciones civiles que lograron crear decenas de clubes sociales se plantean volver a la clandestinidad tras los anuncios de guerra de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Corrió la casta sin entender, panic show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré… toda la casta es de mi apetito”, decía Milei durante su campaña presidencial parafraseando a medias el tema “Panic Show”, de la mítica banda de rock argentino La Renga. Su proclama prometía terminar con los que se privilegian del Estado. Pero lejos de cumplirla, nombró como ministro de Economía a Luis Caputo, encargado de endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional por 45 mil millones de dólares, el préstamo más grande que ha dado la entidad en su historia y cuando el país tenía en sus reservas tan solo una tercera parte de ese monto. Ese dinero no se utilizó para construir ni una escuela o camino. Se fugó a cuentas del extranjero. Por eso, la definición zoológica más precisa tal vez la haya dado la diputada Myriam Bregman: “Milei es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león; es un gatito mimoso del poder económico”.

Licencias para pocos, incertidumbre para todos

Pocos días antes de renunciar a la Presidencia de la ARICCAME, Francisco Echarren entregó seis licencias de producción a diferentes proyectos industriales del país. Se trata de iniciativas públicas, privadas y mixtas que obtuvieron un permiso provisional de tan solo un año en el que podrán realizar actividades comerciales. Las compañías provinciales son Agrogenética Riojana, en La Rioja, y Biofábrica Misiones, en Misiones. Mientras que los proyectos privados son Inkillay, en Tucumán; Whale Leaf, en Chubut; y Botannicans y Pampa Hemp, ambos en Buenos Aires. Esta última tiene una participación mixta con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Aunque parezca un avance importante, la entrega de estas licencias es cuestionada por su falta de precisión, tanto por algunos de sus beneficiarios, como por los que no la han conseguido. “El permiso dice que te permite hace actividades con cannabis relacionadas a la Ley Industrial. Lo dice todo y también dice nada. Con ese documento avanzamos”, le dice a Cáñamo Benjamín Enrici, Presidente de Agrogenética Riojana.

"En los últimos tres años, Argentina tuvo un impulso inédito en cuanto a las regulaciones del cannabis que perfilaban al país como uno de los líderes mundiales en la industria de la planta"

El proyecto de la provincia de La Rioja es uno de los más avanzados en Argentina. Funciona hace cuatro años y ya tiene su propia línea de aceite medicinal de cannabis: El Federal. Esta iniciativa fue la única que tuvo un importante apoyo durante el Gobierno anterior. En 2021, el entonces ministro de Economía nacional, Matías Kulfas, le concedió 14 millones de pesos (alrededor de 140 mil euros en aquella época). Enrici lamenta que la agencia regulatoria haya demorado su funcionamiento y dice que “hoy tendríamos que tener un montón de licencias. Se perdió mucho tiempo”. Sin embargo, el Presidente de Agrogenética Riojana tiene una misión personal en crear una industria alrededor de la planta porque “sería una estupidez que no lo aprovechemos. Argentina, como ningún país del mundo, tiene condiciones para proveer cannabis de calidad a todo el planeta. Tenemos capacidad tecnológica, el clima y varios proyectos”, afirma. Por lo pronto, Enrici planea aprovechar al máximo el permiso provisorio que le otorgó la ARICCAME aunque tan solo sea por un año.

En el predio que Agrogenética Riojana tiene en la localidad de Chilecito hay un total de cuatro hectáreas cultivadas con cannabis con alto contenido de CBD, entre exterior e interior. “Esto es suficiente para producir el material”, dice Enrici sobre el aceite medicinal El Federal. En la actualidad se venden cien unidades por mes y otras mil se entregan gratuitamente a los pacientes locales porque solo tienen la aprobación de las autoridades sanitarias provinciales. Pero se pretende incrementar el flujo comercial a medida que el producto se inserte en el mercado. Además, agrega que tienen ensayos con plantas que producen altos porcentajes de THC. “Vamos a desarrollar cultivos de cáñamo para la producción de biomasa y alimentos para exportación. Las primeras semillas se van a sembrar los primeros días de febrero en unas 27 hectáreas del predio”, adelanta Enrici.

Agrogenética Riojana fue la primera compañía provincial de Argentina en registrar una genética de cannabis en el Instituto Nacional de Semillas (INASE), lo que permite producirla y comercializarla. Se trató de una variedad con alto contenido de THC que había sido creada en la clandestinidad por Daniel Loza, un reconocido cultivador solidario de la ciudad bonaerense de La Plata que murió en 2018. En la compañía también tienen un proyecto turístico en el que organizan eventos donde los asistentes recorren el predio y luego participan de una fiesta electrónica. “En la última edición vinieron 400 personas”, cuenta Enrici. Entre otras de sus iniciativas, la empresa estatal brinda cursos a médicos que deseen formarse en las terapias con cannabis y en las que asisten unos 300 profesionales por año. Pero Enrici dice que el máximo proyecto es poder exportar la producción, tanto de flores como derivados, que se elaboran en La Rioja.  

“Nosotros todavía no estamos en condiciones de exportar porque nuestras instalaciones no tienen las certificaciones necesarias. Pero pensamos hacerlo a través de Jujuy”, adelanta Enrici sobre una iniciativa similar en la provincia que se encuentra al norte del país y que está más avanzada en cuanto a los permisos de comercio internacional. “Con Jujuy queremos hacer un norte grande de cannabis”, asegura el presidente de Agrogenética Riojana. Ante la falta de respuestas del Gobierno de Milei sobre sus planes para la industria del cannabis, Enrici se entusiasma con la idea de que las provincias tomen el relevo. “Todavía no hemos contactado de forma directa con las autoridades nacionales. En diálogos informales que han sucedido en el pedido de audiencias se percibe que no tienen idea sobre la industria del cannabis. La respuesta que dan es que están poniéndose en tema. Están desayunando cosas que desconocen”, cuenta Enrici. 

Según pudo averiguar Cáñamo, la agencia regulatoria hoy se encuentra descabezada. Quienes fueran su presidente, Francisco Echarren, y vicepresidente, Marcelo Morante, renunciaron a sus cargos apenas Milei asumió el Gobierno. El mismo camino siguió la ahora exdirectora Mercedes La Gioisa. Los únicos que todavía siguen en sus puestos dentro del directorio son Gabriel Giménez y Valeria Inés Rudoy, designados por los ministerios de Agricultura y Ciencia y Tecnología, respectivamente. Durante el mes de diciembre fueron echados 18 de los 20 trabajadores que habían sido contratados para el funcionamiento de la ARICCAME. Las personas que aún mantienen sus puestos en todas las áreas del Estado argentino, desde empleados hasta funcionarios de mayor jerarquía que están allí desde el gobierno anterior, tienen como su principal preocupación evitar la ola de despidos en el sector público que ya dejo a más de cinco mil personas en la calle y que los anarcocapitalista de Milei prometen intensificar bajo su “Plan Motosierra”. 

"Las empresas habilitadas siguen sus negocios a bajo vuelo y las asociaciones civiles que lograron crear decenas de clubes sociales se plantean volver a la clandestinidad tras los anuncios de guerra de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich"

“Mi sensación personal es que el cannabis no es un tema que entre en la agenda de esta primera etapa del Gobierno, entre las diversas complejidades que enfrenta en materia económica y política en el frente legislativo”, dice Pablo Fazzio, Presidente de la Cámara Argentina del Cannabis (ArgenCann), refiriéndose a una inflación mensual que supera el 25% y un paquete de leyes que pretende privatizar la mayoría de las empresas públicas, realizar una reforma laboral y quitar protecciones ambientales a bosques y glaciares, entre otras medidas que captan la plena atención de la política argentina. Fazzio confirma que todavía no se han producido movimientos en la descabezada ARICCAM y opina que “es momento de esperar, ser muy prudente y poner el foco en cuidar lo construido empresarialmente. Entiendo que, si el Gobierno piensa el cannabis como un negocio que puede generar empleo y posibilidades de desarrollo, una vez superada esta fase tan conflictiva, seguramente la cuestión empiece a moverse”.

Fazzio también es uno de los dueños de Pampa Hemp, otra de las empresas que recibieron los permisos provisionales de la agencia regulatoria. Sin embargo, sostiene que el panorama industrial es “pura incertidumbre”. “Por el momento estamos produciendo cannabis para investigación y nuestro autoabastecimiento. Hasta que no tengamos claro que se puede comercializar flores a pacientes y usuarios con fines terapéuticos o se avance en la regulación de consumo adulto preferimos no meternos en el negocio de producir para terceros. Tampoco tenemos la fantasía de exportar flores”, cuenta.

Qué (no) dicen los neoliberales

Cuando Argentina reglamentó la Ley Industrial de Cáñamo y Cannabis Medicinal se estableció que la agencia regulatoria dependería del Ministerio de Economía, pero que las carteras de Salud, Agricultura, Seguridad y Ciencia y Tecnología tendrían su participación con la designación de directores. Cáñamo se comunicó con todos estos organismos para preguntarles cuál es el nuevo plan con respecto a la industria del cannabis. La respuesta fue unánime: “no se encuentra dentro de nuestra órbita”. Esto mismo contestan los voceros presidenciales, aunque se justifican asegurando que están estudiando el tema. El único ministerio que aportó algún dato fue Salud. Una fuente del organismo sanitario dice que están analizando cómo se continuará trabajando el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), que permite el autocultivo y transporte, dando a entender que habría modificaciones pero sin especificar cuáles.

Para entender la incertidumbre del autoproclamado Gobierno anarcocapitalista nos comunicamos con Juan González. Es el periodista que más sabe sobre Milei y los suyos; trabaja en la Revista Noticias, una emblemática publicación argentina sobre política, y es autor del libro El Loco: la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. El escrito que ya tiene cuatro ediciones desde su lanzamiento, en julio del año pasado, ha dado a conocer las internas dentro de Libertad Avanza, el partido del presidente, y cómo este ha clonado a Conan, su perro muerto, con el que se comunica mediante una médium para que le indique qué medidas ejecutar en su gestión. “Creo que el caos organizativo es el rasgo más distintivo de la Libertad Avanza, más allá del carácter mesiánico de Milei”, dice González para explicar por qué no hay claridad en los principales asuntos del país y mucho menos en la política sobre la industria del cannabis.

“La desorganización parte de dos cosas. Salvo Milei y su hermana Karina –Secretaria General de la Presidencia–, quienes hablan con Dios, absolutamente nadie del espacio pensaba que podían ganar las elecciones. Hay una lucha contrarreloj que se registra en varias órbitas. Una resulta en los planes reales para llevar a cabo. Por ejemplo, designaron a Mario Russo como ministro de Salud tres días antes de asumir y de apuro porque no tenían a quien poner. Esto se repite en el resto de los ministerios”, cuenta González. El periodista dice también que esta situación que demora la gestión “está relacionada con la paranoia que tiene Milei”. “Este Gobierno hace algo de lo cual no tengo memoria que haya sucedido en la historia. Por primera vez, los ministros no firman la designación de secretarios y subsecretarios, como se hizo siempre. Ahora pasa por la Jefatura de Gabinete, que la maneja Karina Milei. Esto traba aún más la burocracia estatal. A dos meses de Gobierno hay un montón de áreas que no fueron llenadas”, cuenta el autor de El Loco.

“Creo que el caos organizativo es el rasgo más distintivo de la Libertad Avanza, más allá del carácter mesiánico de Milei”, dice Juan González para explicar por qué no hay claridad en los principales asuntos del país y mucho menos en la política sobre la industria del cannabis.

Si el panorama de desorganización que describe González es total en los asuntos que más asfixian a la sociedad argentina, como la desatada crisis económica, a la industria del cannabis solo le queda mayor incertidumbre. No solo que no se encuentra dentro de la agenda del Gobierno, sino que también es un asunto que lo desconocen por completo. Lo más cercano a una definición se puede encontrar en el área de Seguridad. Allí, la ministra y excandidata presidencial Patricia Bullrich tiene hace años una guerra personal contra los usuarios de sustancias. A fines de diciembre, se detuvo a cinco jóvenes que producían gomitas con cannabinoides, en la localidad bonaerense de Castelar. Aunque es cierto que estos productos todavía no están regulados, Cáñamo ha comprobado con diferentes actores del activismo cannábico que los acusados están lejos de pertenecer a un “poderoso cartel del narcotráfico”, como dice la ministra. Luego de su detención, Bullrich publicó en su cuenta de twitter el hecho y dijo: “¿Viste lo que son capaces las bandas narco? Hacen gomitas todas llenas de marihuana que pueden llegar a los chicos. Por eso los detuvimos: cinco narcos, todos adentro. El que las hace las paga”. No es la primera vez que Bullrich intenta generar pánico en la población para avanzar con sus políticas prohibicionistas. Por eso, las organizaciones civiles de la planta en el país están en alerta y muchas de ellas consideran volver a la clandestinidad tras haber salido del clóset gracias a las legalizaciones obtenidas en los últimos años.

Los proyectos del Estado

Hasta el momento no se han derogado leyes en relación al cannabis. Pero el panorama indica que las ideas que existían hace unos meses están completamente sepultadas. Una de las más interesantes era la puesta en marcha de las cooperativas de cannabis, lo cual está previsto en la ley industrial para formalizar el traspaso como unidades productivas a las asociaciones civiles. El organismo que estaba llevando adelante esta tarea es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Las cooperativas en Argentina son un motor económico clave, sobre todo en el interior del país. Para tomar dimensión, representan el 10% del Producto Bruto Interno. Dentro del organismo se había creado una mesa de trabajo sobre cannabis para avanzar en la formación de estas sociedades productivas, pero con el cambio de Gobierno también ha quedado paralizada.

"La agencia regulatoria hoy se encuentra descabezada. Su presidente y vicepresidente renunciaron a sus cargos apenas Milei asumió el Gobierno. Y durante el mes de diciembre fueron echados 18 de los 20 trabajadores que habían sido contratados para su funcionamiento"

“Veníamos trabajando fuerte con la ARICCAME para firmar un convenio y agilizar el funcionamiento de las cooperativas cannábicas. Pero no se pudo avanzar desde que asumió Milei”, dice un trabajador del INAES que prefiere reservar su identidad por temor a perder su trabajo. “Como en toda la administración pública, los trabajadores que firmaron contrato en 2023 fueron despedidos. Y a los que renovamos anualmente, nos ponen a prueba cada tres meses”, cuenta para explicar la delicada situación. 

“En este contexto donde el Gobierno nacional habla de la desregulación de la economía y el ajuste sobre el pueblo, sobre todo a las pequeñas experiencias productivas, el cannabis no escapa a la general. Veníamos trazando una planificación estatal en una industria que pudiera sostener economías regionales, que generara mercado interno y creara puestos de trabajo. Es el paradigma opuesto de lo que viene a plantear Milei”, sostiene la fuente del INAES que realizaba un trabajo social para incorporar en el entramado productivo a las personas que se dedicaron a la planta durante años en la absoluta clandestinidad. “Como toda industria, si no se planifica desde el Estado, es muy difícil que las experiencias que nacen en los territorios y las luchas históricas del movimiento cannábico puedan ser reconocidas como un actor productivo. No sabemos qué va a pasar con el organismo”, sentencia. 

Pero hay otras iniciativas estatales que todavía se mantienen en pie por la independencia que tienen como organismo. Como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que tiene un total de 36 convenios públicos y mixtos con participación privada en todo el país, en donde 13 de ellos se cultiva cannabis en sus propios predios. El primero de estos proyectos nació en la Patagonia, más precisamente en la ciudad de Bariloche, provincia de Rio Negro. Cuando se sancionó la Ley de Cannabis Medicinal, en 2017, uno de los requisitos de la normativa era que para llevar adelante un cultivo de cannabis tenía que ser enmarcado como una investigación de salud y debía ser parte una entidad estatal, como el INTA. 

“Nosotros tenemos conocimiento en cultivos, investigación y desarrollo. Pero nada sobre cannabis. Entonces desarrollamos este proyecto con una organización civil, que ellos sí tienen esa experiencia. Es el único de este tipo”, cuenta Mariana Amorosi, jefa de la Dirección Experimental de Alto Valle INTA Patagonia Norte, donde se encuentra el cultivo de cannabis junto a la asociación Ciencia Sativa. “Nuestro rol es acompañar la producción con nuestros conocimientos técnicos”, explica. 

Ciencia Sativa es una organización histórica en el activismo cannábico de Argentina. No solamente se trata de unas de las únicas 40 asociaciones habilitadas por el Estado para proveer cannabis a sus integrantes, sino que también fue parte del Consejo Consultivo de organizaciones civiles dentro del Ministerio de Salud en el marco de la Ley de Cannabis Medicinal. Roxana Aguirre es una de sus referentes y, en diálogo con Cáñamo, cuenta cómo están realizando un proyecto cooperativo como una trinchera frente a la crisis económica y política del país. “La consigna más firme es sostener lo que logramos. Nosotros queremos un modelo equitativo y justo que priorice a todos los que tuvimos las de perder con la ley de drogas. Queremos una reparación histórica a los criminalizados. Apuntamos a una industria que priorice a las economías regionales. Algo más grande que tiene que ver con lo que queremos como modelo nacional. No coincidimos con el nuevo Gobierno y estamos esperando a ver qué plantea… A ver cómo vamos a resistir lo que conseguimos, creando pequeñas células de resistencia por lo que venimos luchando hace años”, asegura Aguirre.

Ciencia Sativa y el INTA tienen en conjunto un cultivo de cannabis de dos hectáreas. Allí están construyendo un laboratorio para la extracción de resinas con las que se preparen derivados medicinales en las provincias de Río Negro y Neuquén. Además, logaron registrar en el INASE una variedad de cannabis. Se trata de Cannawine, que tiene un 10% de CBD y un 1% de THC, con unos 70 días de floración. Aguirre cuenta que la organización tiene otro cultivo en el cual realizan cosechas periódicas en interior para asistir con flores y derivados a un total de ocho personas. “Estamos esperando aprobación para otras quince, pero vemos que no están autorizando a nadie”, dice. Ciencia Sativa también formó una cooperativa semillera para comercializar sus genéticas en todo el país. “Armamos una red de 40 propagadores que se conformaron como cooperativa, gracias a las inscripciones que permitieron resoluciones del INASE. Teníamos un proyecto de cooperativas con la ARICCAME, pero no lo aprobaron”, dice sin encontrar una explicación.

En los primeros días de Milei como presidente se anunció que el presupuesto nacional de este año iba a ser el mismo que 2023. Esta situación pone en jaque a las instituciones del Estado que, frente a una inflación anual por encima del 125%, no podrán hacerse cargo de los simples costos operativos ni siquiera hasta el mes de junio. Incluso, sobre el cierre de esta edición se conoció la noticia que trabajadores del Conicet –principal institución científica del país–, docentes universitarios y empleados públicos llevaban más de diez días de atraso en el pago de sus salarios. Ante este panorama, Amorosi dice que “con la nueva gestión no sabemos nada. Estamos en el marco de la Ley Medicinal y seguiremos funcionando, por ahora. Somos un organismo muy transparente, por lo que en estas situaciones de recorte estamos más fuertes que cualquier organismo. Estamos viendo qué puede suceder y, mientras tanto, tratamos de no contratar servicios de más, por las dudas”.

“¿Y ahora qué?”, repite Roxana Aguirre irónicamente cuando se le consulta cómo ve el futuro de la industria del cannabis. Después dice: “Con respecto a lo económico, sabemos que va a ser desigual. Va a haber un modelo para personas con capitales concentrados en distintos sectores: pocas personas manejando el mercado de cannabis. Esperemos que no, pero por lo que vemos en otras actividades económicas podemos creer que va a pasar en esta incipiente industria del cannabis. Mientras, trabajaremos en conjunto. Nos vamos a agrupar y daremos un discurso que sabemos por la experiencia: juntos estamos mejor”, cierra Aguirre.

Jujuy, un paso adelante

Si en Argentina existe alguien que tiene alguna certeza dentro del mar de incertidumbres de la industria cannábica se trata de Cannava, la empresa estatal de la provincia de Jujuy. Allí se inauguró el primer proyecto productivo a gran escala, cuando el entonces Gobernador jujeño, Gerardo Morales, obtuvo un permiso de investigación apenas se sancionó la Ley de Cannabis Medicinal, en 2018. Desde ese momento, invirtieron más de 35 millones de dólares para crear unas instalaciones donde trabajan más de 200 personas, desde el cultivo de 35 hectáreas con 200 mil plantas, hasta la producción del aceite medicinal de cannabis que elaboran hace más de dos años en sus laboratorios que cuentan con certificación GMP, la más alta a nivel internacional. Esto les permitió obtener la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), por lo cual pueden comercializar su producto en todo el territorio nacional e incluso realizar exportaciones sin la necesidad de buscar una licencia del ente regulador. 

“El año pasado hicimos una primera exportación a Alemania con muestras para una prueba de controles. Nos encontramos en negociaciones con empresas de ese país, siendo el mercado más evolucionado en control regulatorio y venta en farmacias”, le cuenta a Cáñamo Gastón Morales, presidente de Cannava e hijo del exgobernador, sobre la apertura del comercio internacional en el que también se incluye a Brasil, principal socio comercial de Argentina. Morales dice que después de toda la inversión realizada, “este año comienza la fase comercial. Estamos en condiciones para atender la demanda de distintos mercados: algunos en flores, otros en Ingrediente Farmacéutico Activo, destilados o productos terminados como el aceite medicinal Cannava CBD10”, asegura.

Myriam Bregman: “Milei es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león; es un gatito mimoso del poder económico”

La capacidad instalada de Cannava le permite cosechar 30 toneladas anuales de cannabis y producir alrededor de 25 mil frascos de aceite medicinal por mes. Si bien son los únicos que tienen autorización para comercializar sus productos en todo el país, por lo pronto se encuentra disponibles en algunas farmacias de Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. “Depende de la instalación del producto, requerimiento de pacientes y posibilidad de las farmacias para adquirirlo. Estamos abriendo camino con diferentes droguerías”, cuenta Morales sobre los planes para ampliar las ventas del aceite medicinal que cuesta 14 mil pesos (10 euros) el frasco, y también se distribuye gratis entre pacientes terapéuticos de la provincia.

Cannava es la compañía más importante del país en la industria del cannabis y está en condiciones de triplicar su producción, ya que tiene autorizadas unas cien hectáreas para el cultivo a cielo abierto y solo utiliza 35. También tienen unos 15.000 metros cuadrados en interior destinados a esquejes y plantación para el desarrollo de genéticas propias que ya cuentan con la aprobación del INASE. Aunque la empresa estatal de Jujuy no necesita llegar a acuerdos con la gestión de Milei ni permisos del ente regulador, pretende hacer uso de su protagonismo en el entramado productivo para que Argentina continúe su camino industrial alrededor de la planta. “Vamos a estar a disposición para que se retomen las discusiones para retomar el sendero de reglas claras, homogenización de estándares y fortalecer al país. Compartimos la visión de la mayoría de las provincias”, asegura Morales sobre el plan de presión que pretenden ejercer los gobernadores para despegarse de Milei y no depender de él.

El temor de los clubes

Un último elemento de análisis que nunca puede faltar con respecto a la Argentina es el termómetro de las calles. En este caso, respecto a los cultivadores más pequeños que en el último tiempo salieron de la clandestinidad y formaron clubes de cultivo, aunque aún no están regulados como tales. Funcionan amparándose como asociaciones civiles y su rol social respaldado por la Ley Medicinal. En la Federación de Clubes Cannábicos de la Argentina (FECCA) hay 75 entidades registradas, pero lo cierto es que existen al menos tres veces más. Cristian Borgo es presidente de Culta –no forma parte de FECCA–, que asiste a decenas de pacientes y vive la situación con preocupación. “Sabemos que la ministra Bullrich tiene una lucha personal contra el narcotráfico y una incapacidad para reconocer las diferencias en el medio. Creemos que para ella un club que abastece a usuarios medicinales es igual a una persona que entra ladrillos de prensado desde Paraguay. Esto pone en peligro nuestro desarrollo y puede implicar un paso a la clandestinidad de muchos proyectos que estaban saliendo a la luz. Tenemos miedo que se vuelva hacia atrás”, cuenta Borgo, quien es un reconocido influencer de la planta en su cuenta de Cris Roots que tiene 122 mil seguidores en Instagram.

Otra de las preocupaciones en la asociación Culta es el aumento de los costos de producción. Ante la quita de subsidios a la energía y una inflación que no detiene su escalada, los precios para cultivar se van a incrementar. Y con ellos la cuota de los socios. “Esto es una comunidad cerrada que abastece a los que están vinculados. No es un mercado que opera a costo y demanda. Si los costos suben, hay que subir el precio del porro. Si esto sucede, algunos se van a quedar afuera. Con el apriete de la economía todo se vuelve muy complicado”, cierra Borgo.