El primer decreto ley del nuevo Gobierno de Italia, presidido por la líder de la ultraderecha Giorgia Meloni, ha sido promulgado para prohibir las fiestas rave (también llamadas free-parties) mediante una penalización del derecho a reunión. El Ejecutivo ha introducido un nuevo tipo de delito en el Código Penal que condena con penas de entre tres y seis años de cárcel  “la invasión de terrenos o edificios para reuniones de más de 50 personas que sean peligrosas para el orden público o la seguridad pública o la salud pública”.

El nuevo artículo del código penal permite no sólo la criminalización de las raves, un tipo de fiestas gratuitas y autogestionadas organizadas desde finales de los años 80 al margen de circuitos comerciales, sino también la persecución de otro tipo de reuniones que simplemente puedan ser vistas como “peligrosas” para el orden o la salud público por parte de las autoridades. La forma en que está redactada la ley, que no incluye como requisito la violencia ni los altercados, permite que sea aplicada contra distintos tipos de reuniones, manifestaciones u otras protestas políticas de distinto carácter, limitando de facto dicho derecho.

Según El Salto, que el nuevo delito haya sido tipificado aplicando penas de hasta seis años de cárcel automáticamente permite a las autoridades policiales intervenir comunicaciones y teléfonos de las personas sospechosas de haber organizado alguna concentración de ese tipo, sin necesidad de orden judicial. La laxitud con la que está redactada la ley ha generado quejas por parte de distintos actores de la sociedad, desde las organizaciones civiles hasta los partidos de la oposición, e incluso miembros del mismo Gobierno italiano se han pronunciado en contra por considerar que la norma criminaliza la protesta y vulnera derechos fundamentales.