Jaime A. Orpis Bouchon (Santiago de Chile, 1956) es uno de los más acérrimos enemigos del cannabis en Chile. A finales de los ochenta y como activo colaborador de la dictadura militar, fue alcalde de San Joaquín (Santiago), comuna que alberga la población de La Legua, de donde han surgido algunos de los narcotraficantes más poderosos de Chile.

En su rol de parlamentario, primero como diputado entre 1990 y 2002 y después como senador desde el 2002 hasta su desafuero en enero del 2016, ha contribuido ampliamente a que la marihuana continúe siendo una sustancia ilegal. Es más, este paladín de la guerra contra las drogas es de los que afirman y denuncian que “la guerra ni siquiera ha comenzado”, exigiendo, por tanto, que se proceda a su inicio.

En Tarapacá, al norte de Chile, donde ha desarrollado gran parte de su labor legislativa, fue uno de los promotores del fracasado, costoso y corrupto Plan Frontera, que incluía controles aéreos antidrogas e implementación de rayos X en los sistemas de revisión fronterizos. Solicitó, además, al Ministerio del Interior la colocación de un “cerco electrónico” a lo largo de las fronteras con Bolivia y Perú.

En 1995 fundó la Corporación La Esperanza, una ong que creó siete centros de atención para personas con escasos recursos y dependencia o consumo problemático de sustancias.

La criminalización del consumo es uno de sus estandartes. Se opuso a la idea de legalizar el cultivo y consumo individual: “Soy de la tesis de que, a veces, cuando hay ciertos elementos que objetivamente provocan daño, el Estado debe tener el derecho de restringir las libertades individuales”.

En el 2003, cuando la Ley 20.000 (Ley de drogas) se tramitaba en la Cámara Alta, apuntó algunas ideas para reforzar su carácter represivo, como, por ejemplo, la “entrega vigilada”; una técnica policial que permite la circulación de drogas para identificar a los traficantes, o la inhabilitación de los funcionarios públicos consumidores.

En el 2015, mientras se debatía en el Congreso el proyecto de ley que busca cambiar el Código sanitario y la Ley 20.000 para permitir el autocultivo, Orpis afirmaba: “La marihuana es mala en sí misma y, aunque sea legítima para una mayoría de ciudadanos, no hay razones para legalizarla”.

En mayo del 2015 estalló el escándalo: la directora de la Corporación La Esperanza y esposa del senador reconoció haber recibido aportes de Corpesca, una de las mayores corporaciones pesqueras del país.

Recientemente se han conocido hechos vinculados a la aprobación de la Ley de pesca chilena, promulgada en enero del 2013. El último de ellos, el desafuero del senador Orpis por la presunción fundada de participación en delitos de cohecho, lavado de dinero, fraude al fisco y delitos tributarios. El cohecho se habría cometido entre el 2009 y el 2013 de forma reiterada. Orpis habría visitado, al menos en dos ocasiones, al gerente general de Corpesca y solicitado beneficios económicos con el pretexto de financiar su campaña electoral y, posteriormente, una vez electo, para cancelar deudas personales. Los pagos, por unos 377.000 euros, se justificaron mediante la presentación de facturas “ideológicamente falsas”, puesto que no se prestaron servicios.

A cambio de las dádivas, Orpis realizó acciones que favorecieron a Corpesca, tanto a través de la Ley de pesca como de otras leyes relacionadas con las actividades de la empresa.

La Ley de pesca, además de haber sido promulgada a golpes de sobornos, ampara la sobrexplotación pesquera en beneficio de un reducido número de corporaciones y en detrimento de la flota artesanal, y deja a la población en condiciones de inseguridad laboral y alimentaria.

En la Ley, el Estado reconoce la soberanía sobre los recursos hidrobiológicos, sin que ello implique propiedad sobre los mismos. El argumento, pasmosamente ultraliberal, que justifica todo esto es que los peces no pueden pertenecer al estado de Chile, pues su trayectoria no está determinada por los límites jurisdiccionales del país, por lo que el pez adquiere un propietario en tanto es pescado por quien tenga licencia para ello.

Las licencias son por veinte años renovables, y a quienes se las adjudicaron pueden hacer cualquier tipo de negocio jurídico con las mismas, pudiendo dividirlas hasta en cien mil partes. De este modo, los títulos, al comenzar a venderse en el mercado bursátil, adquieren un valor determinado por la práctica especulativa; no es necesaria la existencia de peces, ya que se comercializa el permiso y la proporción de su cuota de captura.

Es llamativo que un hombre impoluto que consagró veinte años a convencer a Chile de que el principal problema del país, sino el único, era el “flagelo de las drogas” quede al desnudo como traficante de influencias y amigo de los sobornos, al tiempo que no dudaba en usar su “noble causa” en el tratamiento de adicciones entre sectores vulnerables como tapadera para justificar la recepción de turbios dineros.

“No tengo un peso de ahorro… Hice todo porque no tenía ni tengo patrimonio capaz de enfrentar una campaña a senador”. Con estos argumentos, Orpis justificó ante la Fiscalía el haber pedido y recibido dinero de Corpesca.

Según informes del Centro de Investigación Periodística, el empobrecido senador contaría con cerca de 430.000 euros en su patrimonio por su “no” participación en diversas empresas asociadas a Corporación La Esperanza. Controla además el 45% del patrimonio de Agrícola El Maitén, donde le corresponden unos 977.000 euros.

Agrícola El Maitén es una empresa que desde 1997 tiene un negocio de producción y exportación de vinos, cuya marca Selenita tiene una gran acogida en el exterior.

Curiosamente, el hombre de hierro de las drogas también las fabrica y vende.