Durante la primera década del siglo XXI, la tasa de homicidios aumentó un 11% en América Latina y el Caribe, lo que provocó la muerte de más de un millón de personas; el número de robos se triplicó a lo largo de veinticinco años, y centenares de mujeres fueron víctimas diariamente de agresiones sexuales. Se trata de una situación que ha sido objeto de estudio por parte de diversos organismos internacionales, puesto que la tendencia en la mayor parte del resto del mundo fue la disminución o estabilización de la violencia.

Este fenómeno se enmarca en un prolongado periodo de crecimiento económico que ha sido calificado como de “baja calidad”, ya que, si bien contribuyó a disminuir el número de personas en situaciones de extrema pobreza, quedaron excluidas amplias capas de la población, el empleo creado fue precario y/o mal retribuido y no se dieron las condiciones necesarias para una suficiente movilidad social, algo que en un entorno en el que el consumo es valor primordial propició el incremento de los llamados “delitos aspiracionales”.

Por otra parte, los cambios en la estructura familiar, con un fuerte incremento de los hogares monoparentales, la educación deficiente y el crecimiento urbano acelerado y caótico, fueron factores de fuerte desgaste del tejido social.

El robo es el peligro que más afecta a la población; uno de cada cinco latinoamericanos manifiesta haber sufrido un robo durante el último año; el 60% de los robos son cometidos con violencia. Ello explica, aunque sea parcialmente, por qué para los ciudadanos el delito común constituye una mayor amenaza que la delincuencia organizada o las pandillas criminales. Se trata de una situación que afecta duramente a la libertad de las personas. El porcentaje de ciudadanos que han limitado sus lugares de esparcimiento por temor a ser víctimas de delitos oscila, según la región, entre el 20,6 y el 59,1%. Entre un 45 y un 65% de individuos dejó de salir de noche.

Según el informe de seguridad ciudadana de la Organización de Estados Americanos (OEA) correspondiente al 2012, entre el 78 y el 83% de los homicidios se comenten con armas de fuego, y entre el 42 y el 67% de reclusos afirman haber tenido acceso a ellas antes de los dieciocho años, un alto porcentaje manifestó haberlas recibido de… la policía.

Crisis del sistema penitenciario

El estudio comparativo de la población carcelaria (PNUD, 2013) muestra la situación de abandono y fractura familiar en el pasado de los presos. En el caso de las madres de familia, el porcentaje que tiene a sus hijos viviendo con ellas en prisión oscila entre el 1,2% de Brasil y el 8,3% de Argentina o México.

El sistema penitenciario está en crisis en toda la región. La sobrepoblación carcelaria y el abuso de la prisión preventiva generan pérdidas de empleos, rupturas familiares y estigmatizaciones. Las cárceles se manifiestan como espacios que potencian la violencia, el desprecio hacia los derechos humanos, las organizaciones criminales y la reincidencia. El porcentaje de presos que manifiesta sentir mayor inseguridad en el penal que en su anterior lugar de residencia alcanza el 60%, igual porcentaje que el que ha informado de agresiones por parte del personal de la prisión o de otros reclusos.

No es el consumo de drogas

En lo concerniente al consumo de drogas, los datos indican que la violencia y el delito vinculados con el consumo de drogas son marginales (OEA, 2013). Si bien el consumo tiende a ser elevado entre quienes han cometido delitos, no puede afirmarse que la comisión de delitos sea alta entre quienes consumen drogas. El informe señala otras dos formas en las que las drogas pueden vincularse con la violencia y el delito. La primera está relacionada con el cultivo, producción y venta; la segunda, con las consecuencias de las estrategias de combate contra la delincuencia organizada vinculada al tráfico.

Peligros del alcohol

El consumo de alcohol se vincula a las conductas altamente peligrosas. Las encuestas en cárceles indican una fuerte asociación entre el consumo de alcohol y el delito, muy superior que las relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas legales o ilegales; muestran, además, la relación entre la violencia de género y el consumo de alcohol. La implementación de políticas públicas encaminadas a disminuir el consumo de alcohol ha tenido resultados positivos en lo concerniente a la disminución de la violencia.

Disfunciones policiales

La profesionalización de las policías a través de programas que mejoren su capacidad de investigación y la relación positiva con las comunidades es una tarea eternamente pendiente. La policía, expresión más notoria del Estado, está entre las instituciones peor valoradas y con menores márgenes de confianza entre los jóvenes sudamericanos. Solo un 5% de las mujeres, de América Latina y el Caribe, que sufren agresiones sexuales denuncian los hechos ante la policía. Por ello, resulta fundamental crear en el interior de los cuerpos policiales secciones que presten atención y ayuda a las mujeres y a otros sectores de riesgo como la juventud, gravemente afectada por la violencia.

La inoperancia policial y la creciente sensación de inseguridad conllevan un gran incremento de la seguridad privada, existiendo, en muchos de los países, una mayor tasa de guardias privados que de policías por 100.000 habitantes, situación que acrecienta la desigualdad en el acceso a la seguridad.

Alta impunidad

Los sistemas judiciales, en general, son débiles, lo que afecta a la fortaleza del llamado Estado de derecho ya la imparcialidad de la justicia, y contribuye a la extensión de la corrupción. Unos altos índices de impunidad refuerzan la percepción social de que las leyes no son lo suficientemente duras y, entre otras cosas, aumenta la demanda ciudadana de reducción de la edad penal, ya que se tiene la percepción generalizada de que la violencia ejercida por menores va en aumento.

La mayoría de las personas expresan poca o ninguna confianza en la fiabilidad de los tribunales en el caso de haber sido víctima de robo o asalto; una desconfianza que fomenta que la “justicia por propia mano” y otras actuaciones ilegales ganen fuerza, con graves consecuencias para los derechos humanos y la seguridad, constituyendo una seria amenaza para la integridad física de los individuos, que sin juicio son declarados culpables.

Un pez que se muerde la cola.