“La justicia es igual a las serpientes.
Solo muerden a los que están descalzos”
Óscar Romero
Ubicado en América Central, El Salvador desempeña un papel secundario pero de creciente importancia en el narcotráfico internacional, actuando fundamentalmente como punto de llegada y almacenaje de drogas en la zona del Pacífico.
Tras una prolongada guerra civil, en la que murieron alrededor de 75.000 personas, Gobierno y guerrilla firmaron un acuerdo de paz en 1992, en el que se recogía la creación de una policía integrada en la que participarían miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Sin embargo, la violencia no se detuvo, dado que el conflicto bélico dio paso a una situación de fuerte criminalidad. Muchos guerrilleros no acataron los acuerdos de paz, y paulatinamente pasaron a desarrollar actividades delictivas, como robo de vehículos, secuestros y tráfico de personas. Una evolución que también siguieron sectores de exmilitares.
Posteriormente, y a consecuencia de la pobreza, la marginalidad, la falta de acceso a la educación, la deportación de pandilleros desde Estados Unidos, el entorno violento y la amplia disponibilidad de armas, hicieron su aparición las maras, cuyos principales exponentes son la Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. Ante esta situación, el Estado respondió con dureza. El conjunto de la juventud fue criminalizada y se duplicó la población reclusa. A su vez, el número de pandilleros se incrementó y las cárceles se convirtieron en centros operacionales de la delincuencia. Esencialmente, las maras se dedican a la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas, además de ser contratadas por las grandes estructuras criminales para cometer asesinatos u otras tareas específicas.
En el 2012, el Gobierno y la Iglesia acordaron, con la MS-13 y Barrio 18, concesiones a los líderes pandilleros encarcelados a cambio de la reducción de la violencia. El Gobierno implementó zonas de paz en las que las pandillas se comprometían a cesar las actividades delictivas. Temporalmente se redujo la tasa de homicidios, pero en el 2014 la tendencia empezó a invertirse. Hay quienes sospechan que el número de homicidios se redujo artificialmente, debido a que los pandilleros hacían desaparecer las víctimas. La violencia en el interior de las pandillas y entre ellas también se incrementó, de modo que a final del 2015 El Salvador tenía la mayor tasa de homicidios del mundo.
Se han difundido informaciones sobre reuniones entre los Zetas y líderes pandilleros que estarían intentando involucrarse en el narcotráfico a gran escala. Pese a ello, diferentes expertos opinan que las maras carecen de la disciplina y la capacidad organizativa necesarias.
A pesar de estas informaciones, diversos estudios demostrarían que los enfrentamientos territoriales entre narcos y entre estos y la policía son la verdadera causa de las elevadas tasas de homicidios en el país, una posición jamás tomada en consideración por los medios de comunicación ni las autoridades.
También en el periodo de la guerra civil tienen sus orígenes los grupos de transportistas, cada día mejor organizados. Las fronteras con Honduras, Nicaragua y Guatemala, que en su día fueron utilizadas para el contrabando, lo son ahora para el tráfico de migrantes, precursores químicos y drogas, unas actividades que suelen contar con la ayuda de funcionarios, policías y militares.
Fuerzas de seguridad e injerencia extranjera
El Salvador cuenta con 16.000 oficiales activos en sus fuerzas armadas y con 16.000 agentes en la Policía Nacional Civil (PNC). Ser policía es muy peligroso y está mal pagado. En el 2014, las fuerzas de seguridad fueron objetivo de los pandilleros, lo que se tradujo en numerosas deserciones, que hicieron necesario recurrir al ejército.
Actualmente, El Salvador cuenta con la “cooperación” de Estados Unidos a través de la DEA, de la Federación Rusa a través del Servicio Federal de Control de Drogas (FSKN) y de Brasil a través de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP).
Esta situación es justificada por algunos analistas sobre la base de que El Salvador es una nación periférica con fuertes problemas de seguridad, una situación en la que lo único que puede hacerse es optar por la presencia de aquellas fuerzas que resten menor soberanía. Una tarea nada fácil.
El FSKN ruso tiene su base regional en Nicaragua, donde desde el 2012 forma oficiales centroamericanos y dominicanos. Actualmente, el FSKN opera en el Centro de Capacitación Antidrogas ruso de Managua.
Fuentes del FSKN informan que desde el 2012 han sido formados más de 500 oficiales en la región, y destacan que su prioridad son los oficiales de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Sin embargo, informaciones procedentes de la División Antinarcóticos de la PNC señalan que no fue hasta el 2016 que El Salvador envió a dos oficiales a formarse con el FSKN. Los métodos del FSKN son altamente represivos con la población en general y con los consumidores de drogas en particular. Su política de drogas: tolerancia cero.
El Gobierno brasileño, a través de las UPP, ha presentado propuestas de cooperación que se han concretado en la entrega de ayuda técnica para crear una copia del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) a partir de los batallones de élite antipandillas.
El BOPE es muy conocido internacionalmente por su brutalidad. Las UPP son su versión más humana, pese a sus reiteradas violaciones de los derechos humanos y sus delirantes ataques a la libertad de expresión.
La DEA es la agencia más antigua en el país. A pesar de las críticas y, tal vez, porque el roce hace el cariño, es considerada localmente la que más se ha esforzado en avanzar hacia una visión más respetuosa para con los derechos humanos. La Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley en Latinoamérica ha evolucionado desde posiciones absolutamente represivas hasta la creación de centros de capacitación en los que oficiales salvadoreños se forman en trabajo con poblaciones vulnerables, investigación de crímenes de odio, feminicidios, etc.
Tolerancias y complicidades
Desde la década de los ochenta del siglo pasado hasta la actualidad, el Gobierno salvadoreño ha sido tolerante cuando no cómplice del narcotráfico. Por ello, toda política relativa al crimen organizado debiera incluir la persecución de las estructuras delictivas en el interior del aparato de Estado.
Uno de los acontecimientos que los analistas más comprometidos citan como ejemplo de negligencia y despilfarro es la creación del Grupo Conjunto Cuzcatlán, que ha contado con fuerte apoyo económico, técnico y tecnológico para la lucha contra el narcotráfico. Según datos del Estado Mayor de las fuerzas armadas, el Grupo ha recibido más de cuatro millones de dólares en efectivo, equipos, mobiliario, infraestructuras, entrenamiento y tecnología, obteniendo unos resultados mínimos que generan sospechas sobre el uso de los recursos nacionales y de la cooperación extranjera.
Oficialmente se confirma que no se han producido detenciones por delitos de drogas entre funcionarios del Gobierno, lo que demostraría que no se ha desarrollado investigación alguna sobre este asunto en el seno de la Administración estatal.
La debilidad del sistema judicial
La debilidad del sistema judicial favorece la impunidad y, en consecuencia, la inseguridad. La tasa de impunidad alcanza al 90% de los casos, al tiempo que los detenidos pueden pasar años de encarcelamiento sin juicio.
Los jueces aceptan sobornos; en el 2012 se difundió que un 80% de los magistrados eran investigados por denuncias interpuestas contra ellos. Además, muchos funcionarios se ven forzados a cooperar con los delincuentes debido a intimidaciones y amenazas de muerte.
Semejante situación ha propiciado el surgimiento de los escuadrones de la muerte, compuestos por ciudadanos y posiblemente policías dedicados a tareas de “limpieza social”.
Debates sobre drogas
La Constitución salvadoreña establece que la salud de los ciudadanos es un bien público a preservar por el Estado y las personas. Al margen del Código penal se creó una ley especial que regula las actividades relacionadas con drogas, ya que su tráfico y consumo se ha incrementado.
La Ley de 1991 regulaba todas las actividades relacionadas con el cultivo, fabricación, uso, tenencia y tráfico de estupefacientes. El aumento del narcotráfico llevó a la modificación de esta Ley en el 2003 a través de una nueva normativa que incidía en la prevención, a la vez que incrementaba las penas de prisión.
En el 2013, un pequeño grupo de parlamentarios pertenecientes, tanto al Gobierno como a la oposición, anunciaron su intención de abrir el debate sobre la legalización de las drogas.
Mauricio Funes, presidente entre el 2009 y el 2014, afirmó en varias ocasiones que los países del triángulo norte deben tomar medidas conjuntas para combatir el narcotráfico. En el marco de la ONU solicitó que los países consumidores luchen contra el narcotráfico pidiendo particularmente la colaboración de Estados Unidos. El Salvador se opone a la iniciativa legalizadora presentada por el presidente de Guatemala, Pérez Molina. Funes, pese a reconocer que la legalización de las drogas golpearía duramente al narcotráfico, consideró que no encajaría con la moral existente en la región y que Centroamérica pasaría a convertirse en un paraíso del consumo.
Información reciente
El número de muertes violentas registradas durante el mes de mayo del 2016 en El Salvador es de 317, una cifra enmarcada en un semestre en el que el número total continúa siendo superior a los mismos semestres del 2014 y el 2015. El primer semestre del 2016 arrancó con 740 muertes solo en enero.
El ministro de Justicia y Seguridad aseguró que la tendencia ha mejorado gradualmente, y que los asesinatos han disminuido desde que se implementaron una serie de medidas extraordinarias contra las pandillas.
En los últimos ocho años, el número de adolescente y jóvenes atendidos en centros de inserción social por el delito de tenencia de drogas ha pasado de 69 atendidos en el 2008 a 199 en el 2015. Este incremento se acentuó a partir del 2013, y ya en el 2015 la tenencia de drogas se convirtió en la tercera causa de internamiento, por detrás de los delitos de homicidio y extorsión.
De acuerdo con el coordinador de la Unidad de Justicia Juvenil, la posesión de estupefacientes por parte de menores suele estar vinculada a otros delitos como el tráfico, la extorsión o el uso de armas, algo que indicaría que los menores son utilizados por los grupos criminales para que sean los más jóvenes los que asumen mayores riesgos.
