El feriado bancario

La mayor crisis social de los últimos tiempos tuvo su inicio en marzo de 1999, cuando el Gobierno ecuatoriano, presidido por Jamil Mahuad, decretó la congelación de los depósitos de miles de clientes de entidades financieras, depósitos que finalmente desaparecieron. El Gobierno había anunciado un feriado bancario que debía prolongarse durante veinticuatro horas, pero que se extendió en el tiempo con consecuencias que persisten hasta hoy. Fueron intervenidas 33 entidades, entre las que se encontraban los grandes bancos del país.

La situación financiera no dejaba de deteriorarse; grandes bancos entraban en crisis y cerraban debido esencialmente a sus malas prácticas y a créditos concedidos a empresas de sus propios grupos que luego resultaban fallidos. Mientras miles de personas reclamaban sus ahorros, el Estado rescató a las entidades utilizando bonos que nunca fueron pagados. La inflación alcanzó el 60%, y el sucre se devaluó un 190% hasta finalmente desaparecer y ser sustituido por el dólar estadounidense, al cambio de un dólar por veinticinco mil sucres. Más de dos millones de ecuatorianos se vieron forzados a abandonar el país para dirigirse a España o Estados Unidos.

El feriado había sido impulsado por las élites en su propio beneficio. Los ciudadanos perdieron su dinero y muy pocos de los responsables pagaron por sus actos. En el 2005, tras días de protestas, fue derrocado el presidente Lucio Rodríguez bajo la consigna “que se vayan todos”, lanzada por decenas de miles de ciudadanos.

En el 2006 fue elegido presidente Rafael Correa, del movimiento Alianza País (AP), y se convocó la Asamblea Constituyente. La nueva Constitución amplió los derechos ciudadanos, extendió la participación popular, modificó las regulaciones ambientales, instituyó la plurinacionalidad y prohibió la privatización de recursos estratégicos. En el 2010 se produjo una insurrección de policías y militares, que se saldó con 5 muertos y 275 heridos. El soporte de la mayor parte de las FFAA al orden constitucional, el apoyo popular al gobierno y el inmediato pronunciamiento de UNASUR contra la tentativa golpista detuvieron la crisis.

El movimiento indígena, en desacuerdo con las leyes de agua y de minería, desembocó en situaciones de violencia. En el 2009, el Gobierno se vio forzado a iniciar negociaciones, que quedaron interrumpidas en el 2010. Las organizaciones indígenas denunciaron a Correa por genocidio, argumentando el apoyo prestado a la explotación petrolera en sus territorios.

Las prisiones

A partir del 2007, Ecuador pasó a ser el país que más redujo las desigualdades sociales en América Latina. En el ámbito penal se abordaron cambios tendentes a la descriminalización de algunos delitos, en especial los relacionados con el microtráfico de drogas. Las tasas de encarcelamiento se redujeron en un 40% a través de la concesión de indultos y por la caducidad de la prisión preventiva. El país pasó de tener 18.675 presos en el 2007 a 10.881 en el 2009.

El indulto a las mulas golpeó a la política de guerra contra las drogas, y su éxito en términos de reincidencia fue enorme, ya que esta no alcanzó el 1%. En el 2008 se cerró la Oficina de Cooperación Antidrogas de Estados Unidos en Ecuador, un hecho que fue considerado como un acto de rechazo al neocolonialismo. A partir del 2009 se redujeron las penas por delitos contra la propiedad, se redujo la pena máxima por homicidio de 25 a 16 años, se propusieron medidas alternativas a la prisión preventiva y la instauración de penas por tráfico de drogas proporcionales a las cantidades incautadas.

A partir del 2010, sectores del propio Gobierno se muestran críticos con la reducción de penas, y algunos medios realizan campañas alarmistas en torno a los delitos violentos, pese a que el número de homicidios ha disminuido.

En medio de la situación de inestabilidad surgida del intento de golpe de Estado, se endurecen las leyes. Se elimina la consideración de la cuantía en el delito de robo y el máximo de 16 años en el de homicidio. Las tasas de encarcelamiento vuelven a los niveles previos al gobierno de Correa. Paralelamente, las reformas en política de drogas retroceden; en el 2014 se crea la Dirección Nacional contra el Microtráfico, una nueva unidad policial encargada exclusivamente de delitos de este tipo.

Hasta hace poco tiempo, Ecuador contaba con un sistema de prisiones propio, resultado de la adaptación de los sistemas coloniales. Se trataba de un modelo de cárceles abiertas que admitía visitas casi las 24 horas y que incluso permitía pernoctar en las mismas. Era posible la entrada de comida y de materiales, con los que los presos realizaban artesanías para su venta en el exterior; las celdas estaban personalizadas. Este tipo de funcionamiento y la ubicación de las cárceles en las ciudades o sus inmediaciones permitían el mantenimiento de los lazos sociales.

En el 2013 se inició la nueva gestión penitenciaria con nuevas cárceles que imitan a las estadounidenses, con un control de la vida de los presos absoluto. La entrada a los recintos está muy restringida y la duración de las visitas es de dos horas semanales como máximo; no se autoriza la entrada de comida, por lo que es preciso disponer de dinero en una cuenta bancaria para comprar en el economato. Las cárceles están alejadas de las ciudades, y no todo el mundo dispone de los medios para trasladarse a realizar visitas. Anteriormente, los hijos de las presas podían vivir con sus madres y eran mantenidos con el producto de las ventas de los objetos que ellas fabricaban; actualmente no es posible, y el Estado no consigue hacer frente a las situaciones de desamparo infantil.

Política de drogas

En 1990 se promulgaba la Ley de Sustancias Estupefacientes, con la que Ecuador se adhería a la guerra contra las drogas. No por ello disminuyeron el consumo ni las incautaciones. Las instituciones dedicadas a la prevención vieron reducidas sus atribuciones, y los medios de comunicación trabajaron en la construcción de un imaginario que desplazaba la respuesta a la cuestión de las drogas de las políticas sociales a las policiales.

El Código penal del 2014 estableció nuevos criterios legislativos: la tenencia para el consumo no sería punible; se abandonó la política de imponer idénticas penas a los líderes de los cárteles que a sus subordinados; las penas serían proporcionales a las cantidades confiscadas. La posterior decisión de volver a las políticas de mano dura tiene su origen en el alto consumo de H entre adolescentes y en la posible impunidad generada por la reforma, que impide la prisión preventiva para los sospechosos de tráfico a mínima escala. El consumo de esta droga, que contiene un 25% de heroína, que se mezcla con cemento, anestésicos veterinarios y metanfetaminas, está originando serios problemas sociales, y se infiere que el problema viene dado por las reformas que redujeron las penas.

Regreso a la guerra contra las drogas

Tras casi una década de tolerancia, oposición y gobierno aúnan esfuerzos en lo que parece una nueva batalla en la guerra contra las drogas. La política gradual de la tabla de consumo se considera un fracaso. La reforma propone “exonerar técnicamente al real consumidor”, mediante la realización de peritajes inmediatos que midan los niveles de tolerancia a las drogas. Con el resto, tolerancia cero. Se propone, además, un fuerte endurecimiento de las penas e imponer la pena máxima más un tercio en el caso de que la droga se entregue a menores. El tráfico de precursores será castigado con penas de entre 5 y 10 años de prisión. Como contrapeso a estas medidas, se propone incluir en la ley la responsabilidad estatal de garantizar el tratamiento individual y especializado para la rehabilitación, tratamiento y prevención del consumo. El nuevo presidente, Lenin Moreno, pidió la revisión de todas las medidas que se han venido implementando en el combate a las sustancias sujetas a fiscalización.

Con relación a H, su circulación está especialmente extendida en Guayaquil, Durán y Samborondón. El ministro del Interior anunció una estrategia especial y llegó a hablar de una intervención total. Los militares han empezado a patrullar las calles para luchar, entre otras cosas, contra el microtráfico.