En marzo del 2016 era asesinada la activista indígena hondureña Berta Cáceres, una de las fundadoras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), desde el que participó en movilizaciones en defensa del medioambiente en oposición a la realización de proyectos hidroeléctricos que atentan contra los recursos naturales. En el 2015 había sido galardonada con el Premio Goldman, considerado el máximo reconocimiento mundial para activistas medioambientales. Durante el evento declaró: “Me siguen, amenazan con matarme, con secuestrarme. Amenazan a mi familia. Esto es con lo que nos enfrentamos”.
Tras el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, perpetrados en La Esperanza (Honduras), familiares de la fallecida así como el COPINH exigieron una investigación independiente en el convencimiento de que, como es común, las autoridades no identificarían a los autores intelectuales de los hechos. La solicitud de investigación fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas, y fue desatendida por el Gobierno hondureño.
Familia y el COPINH, apoyados por diversas organizaciones nacionales e internacionales, insistieron en la creación de un equipo de expertos independientes, que finalmente quedó conformado en noviembre del 2016 con el nombre de Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE). El GAIPE realizó cuatro viajes a Honduras, entrevistó a más de treinta personas, analizó diversos informes de organismos internacionales de derechos humanos, consultó diez procesos penales abiertos a raíz de denuncias del COPINH y diversas acciones legales emprendidas por la ausencia de consulta previa al Proyecto Agua Zarca. Además, tuvo acceso parcial a la prueba contenida en el proceso por el asesinato de Cáceres y el intento de asesinato de Castro.
El 31 de octubre de 2017, el GAIPE presentó en Tegucigalpa su informe, titulado “Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres”.
Las autoridades hondureñas han identificado y procesado a ocho personas. El GAIPE tuvo acceso a diversos registros telefónicos, extracciones de aparatos electrónicos y tarjetas SIM que contienen mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, contactos, imágenes, vídeos, grabaciones y geolocalizaciones. En base al análisis de estas pruebas, pudieron documentarse numerosas conductas delictivas, irregularidades en la investigación, e identificar a posibles autores intelectuales del crimen.
El asesinato de Berta Cáceres no se trató de un caso aislado. El informe pone en evidencia las estrategias desarrolladas por socios, directivos y gerencia de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) para impedir el derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo lenca. Para ello contaron con el apoyo de empresas de seguridad privada, funcionarios públicos y cuerpos de seguridad del Estado.
La Secretaría General de Honduras destinó personal y recursos para proteger las instalaciones del Proyecto Agua Zarca, y omitió proteger a Cáceres a pesar de conocer el riesgo de asesinato inminente.
DESA no contaba con capital suficiente para desarrollar el proyecto hidroeléctrico, y además destinaba los fondos recibidos del sistema financiero para incrementar los niveles de violencia en la zona de influencia de la empresa y atacar sistemáticamente a personas del COPINH.
El análisis del GAIPE establece la negligencia deliberada de instituciones financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINNFUND). Las citadas entidades tenían conocimiento de las violentas estrategias utilizadas por DESA a través de numerosas denuncias e informes de consultoras internacionales. Pese a ello, no adoptaron medidas para proteger los derechos humanos de las comunidades indígenas.
La planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato se inició en noviembre del 2015, coincidiendo con las movilizaciones de las comunidades indígenas en oposición al Proyecto Agua Zarca.
En los meses de enero y febrero del 2016, parte de los imputados junto a otras personas no identificadas realizaron labores de reconocimiento y seguimiento en la ciudad de La Esperanza, lugar de residencia de Berta Cáceres y sede del COPINH. El 5 y el 6 de febrero se llevó a cabo un operativo para cometer el asesinato, que por razones logísticas debió ser abortado. El 2 de marzo, al menos cuatro de los presuntos autores materiales se desplazaron a La Esperanza, realizaron un reconocimiento y cometieron el crimen.
Los agentes estatales atribuyeron el asesinato a un crimen pasional perpetrado por un excompañero sentimental de Cáceres, aunque también se difundió la versión de un conflicto de intereses en el interior del COPINH.
A pesar del secreto con el que se han llevado a cabo las investigaciones por parte del Ministerio Público, el GAIPE ha establecido la participación de directivos, gerentes y empleados de DESA; de personal de seguridad privada contratado por la citada compañía; de agentes estatales y de estructuras paralelas en actos delictivos anteriores, concomitantes y posteriores al asesinato, hechos que, como tantos, permanecen en la impunidad.
Del análisis de las informaciones telefónicas se desprende que socios y directivos de DESA mantuvieron contactos con la Secretaria de Seguridad de la Policía Preventiva para conocer los detalles de las primeras diligencias judiciales relacionadas con el asesinato, antes de ser informada la familia de Cáceres o sus representantes legales. Se constata, además, que esos actores influyeron para que las diligencias iniciales se dirigieran hacia miembros del COPINH o personas cercanas a Cáceres.
Bondades empresariales financieras
El Banco Holandés de Desarrollo y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial se retiraron a mediados del 2017 definitivamente del Proyecto Agua Zarca, proyecto que había desatado todo tipo de amenazas, persecuciones y crímenes. En su carta de salida argumentaron que se retiraban para “reducir las tensiones internacionales y locales en la zona”, pero matizando que “ninguna prueba de la conexión entre DESA y las acusaciones de ilegalidades ha sido establecida”; felicitaron también a la empresa hondureña por “su voluntad de suspender el proyecto temporalmente para permitir la apertura del diálogo”.
DESA notificó que la suspensión del proyecto contribuirá a la reducción de los conflictos en la zona e hizo constar que pese a la cancelación continuarán “su inversión social en las comunidades para seguir mejorando infraestructuras y calidad de vida”.
Familiares de Berta Cáceres se pronunciaron sobre la paralización del proyecto y valoraron la decisión como un triunfo de la fallecida y del pueblo lenca, al tiempo que demandaron el esclarecimiento de los hechos y el castigo para todos los ejecutores de la ambientalista: “la guardiana de los ríos”.
Impunidades
La pobreza es la causante de la emigración forzosa de miles de centroamericanos y del incremento de las personas vinculadas con el narcotráfico. Los países de la región son considerados en vías de desarrollo, pero lo cierto es que, salvo Costa Rica y Panamá, la cuarta parte de la población vive bajo la línea de la pobreza.
La región centroamericana alberga conocidas organizaciones de narcotraficantes que ponen a sus sicarios al servicio de los grandes capitales, y los gobiernos son plenamente conscientes de esa situación.
Si bien el asesinato de Cáceres tuvo repercusiones internacionales, decenas de ambientalistas habían sido previamente asesinados y la violencia nunca se ha detenido. Existen vínculos entre grupos mafiosos, pandillas y policía, que se traducen en el operar de escuadrones de la muerte al servicio de los grandes consorcios empresariales.
La depredación permanece impune.
