El pasado diciembre, el Senado de la República de México aprobó una pretendida regulación del cannabis medicinal en el país, una iniciativa que había partido del presidente de la República a raíz de diversos debates organizados por la Secretaría de Gobernación y del fallo de la Suprema Corte de Justicia.

La propuesta presidencial

El pasado diciembre, el Senado de la República de México aprobó una pretendida regulación del cannabis medicinal en el país, una iniciativa que había partido del presidente de la República a raíz de diversos debates organizados por la Secretaría de Gobernación y del fallo de la Suprema Corte de Justicia, en el que se dictaminaba que la prohibición absoluta del cannabis es inconstitucional debido a que los adultos tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía personal, y que los problemas y contradicciones existentes podían resolverse mediante el cultivo privado sin fines comerciales, realizado por adultos y que no afecte a terceras personas.

Sin embargo, la propuesta presidencial ignoró el fallo de la Suprema Corte en lo concerniente al cultivo para consumo propio y al uso no terapéutico del cannabis, y se limitó a dos cuestiones específicas: las directrices en las que debería fundamentarse la regulación del cannabis terapéutico y, por otra parte, la descriminalización efectiva de la tenencia de hasta 28 gramos de marihuana por adulto, una medida de un gran calado, ya que aunque buena parte de los usuarios tienen derecho al consumo, las leyes siguen tipificando la tenencia como un delito. Se incluyó, además, la posibilidad de realizar investigaciones científicas con la planta, algo que en realidad es legal pero que en la práctica resulta imposible debido al gran número de trabas que existen para obtener las licencias.

Básicamente, la propuesta abordaba la posibilidad de importar medicamentos y, eventualmente, producirlos en México bajo el estricto control de las autoridades sanitarias. Al mismo tiempo, se limitaban absolutamente los componentes que podían contener los preparados, quedando reducidos a CBD.

Cercenando derechos

Una vez llegada la propuesta al Senado, una gran mayoría de los asambleístas decidieron eliminar de los debates la propuesta de descriminalización de la posesión, al tiempo que trataban de imponer amplias limitaciones a la ya, en sí misma, restrictiva propuesta presidencial.

A lo largo de un proceso cargado de complejidades, la propuesta fue objeto de importantes y lamentables cambios: el cannabis y sus componentes fueron reclasificados de modo que pasaron de la jurisdicción administrativa a la penal, algo que se encuentra en abierta contradicción con lo dispuesto por la Suprema Corte; si bien se admitió que el cáñamo industrial tiene varias utilidades, fue puesto bajo el control de las autoridades sanitarias y finalmente se ignoró todo lo relativo a la posibilidad de cultivo para consumo propio.

El texto aprobado limita los componentes de los medicamentos en base a cannabis al CBD, y si bien autoriza su importación, no contempla los requisitos para su producción local, un hecho que en la práctica los torna inasequibles, debido a sus elevados costes, para la inmensa mayoría de la población. El cultivo personal permanece prohibido, incluyendo el caso de que su destino tenga fines terapéuticos.

Como señala Jorge Hernández Tinajero en un reciente artículo titulado “No es regulación, es simulación”, en la práctica, casi podemos congratularnos de que nada cambiara en cuanto a los usos no médicos, ya que únicamente la fuerte presión social impidió que el consumo de cannabis pasara del ámbito administrativo al penal, lo que de hecho hubiera supuesto la anulación del fallo de la Suprema Corte.

Un conjunto de medidas de las que, sin duda, resultarán beneficiados los grandes laboratorios farmacéuticos y el mercado negro, en tanto se pisotean los derechos de enfermos y consumidores.