El pasado septiembre, el presidente de Estados Unidos firmó la designación de los países considerados importantes zonas de producción o tráfico de drogas, que incluye a quince naciones, entre ellas Venezuela y Bolivia, de las que explícitamente se señala que no han podido demostrar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico al no haber adoptado las medidas requeridas para ello. Para las autoridades venezolanas: “Esto forma parte de la guerra abierta de Estados Unidos contra la revolución bolivariana”. Más allá de interpretaciones partidistas, el narcotráfico, la corrupción y la violencia preceden en el tiempo a la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999.

Compartir 2.200 km de frontera con Colombia, contar con extensas zonas costeras en el Caribe y territorios selváticos escasamente poblados, así como la proximidad a diversos lugares largamente utilizados para el tránsito de drogas, son factores que han contribuido a que Venezuela se convierta en un lugar de importancia para variados comercios ilícitos, entre ellos el de estupefacientes.

En los años ochenta del siglo xx, los cárteles colombianos fungieron como los mayores distribuidores mundiales de cocaína, heroína y marihuana; durante años, en la medida en que las autoridades colombianas incrementaban su presión sobre los narcotraficantes, estos trasladaban un mayor número de operaciones hacia Venezuela.

Es durante ese periodo que la familia de origen italiano Cuntrera-Caruana, radicada en Venezuela y a la que volveremos más adelante, inicia su participación en el tráfico de cocaína y heroína desde Colombia hasta Europa merced a sus vínculos con el cártel de Cali.

Las crisis

En febrero de 1983, el hasta entonces sólido bolívar sufre una fuerte devaluación, ello, unido a una caída del treinta por ciento en el precio del petróleo y a otros factores externos, provoca la fuga de 8,77 millardos de dólares entre 1982 y 1983. El desempleo se duplica, lo que favorece la expansión del tráfico de drogas. Paralelamente, la violencia en Colombia provoca un gran flujo de desplazados hacia Venezuela, proporcionando mayor número de contactos en el país a los narcos colombianos.

Es también a partir de 1983 que empieza a constatarse la participación de miembros de las fuerzas de seguridad en el tráfico de drogas. En 1987 es arrestado un congresista con un pequeño cargamento de cocaína y en 1988 un sacerdote es acusado de tráfico. Pese a ello, no se comprueba la existencia de organizaciones venezolanas de narcotráfico, pero sí la presencia de individuos que trabajan para grupos colombianos.

En 1987, Venezuela y Estados Unidos firman un acuerdo de control de estupefacientes mediante el cual Washington brinda capacitación y apoyo a las fuerzas de seguridad venezolanas. La colaboración norteamericana resulta controvertida, un programa antidroga de la CIA permite la exportación a Miami de una tonelada de cocaína en 1991. El subsiguiente escándalo afecta gravemente a la confianza entre ambos países. Un general de la Guardia Nacional venezolana que había trabajado para la CIA es acusado años después por Estados Unidos de actividades relacionadas con el narcotráfico; ese fue el primer caso de un alto funcionario de las fuerzas armadas implicado abiertamente en este tipo de actividades.

A lo largo de la campaña para las elecciones presidenciales de 1988, el narcotráfico es un tema de primer orden. El candidato a la presidencia Vladimir Gessen tilda a Venezuela de ser el mayor lugar de almacenamiento de drogas colombianas destinadas a Europa.

En diciembre de 2017, un juez de EEUU condenó a dieciocho años de prisión por narcotráfico a dos sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro.

El Caracazo

Entre el 27 de febrero y el 6 de marzo de 1989, a seis años del inicio de la crisis económica y social, ejército y policía reprimen sanguinariamente al pueblo, que agobiado por la pobreza y el hambre se lanza a las calles en reclamación de sus derechos. Esta masacre conocida como El Caracazo se sitúa, para ciertos analistas, en el origen de la actual violencia vinculada a la delincuencia; algunos de ellos estiman que el problema se agravó con el inicio de la revolución bolivariana.

En 1991, el director de inteligencia militar es destituido de su cargo al encontrase su automóvil estacionado en la mansión de un narco. Ese mismo año, el exgobernador de Caracas es arrestado por tráfico de drogas; al año siguiente, el agregado militar de la embajada venezolana en Washington es detenido por la DEA.

En 1992, tras la entrega a la justicia italiana de los mafiosos hermanos Cuntrera, la policía lleva a cabo una gran operación contra la Mafia Siciliana radicada en Venezuela con el objetivo de expulsar a otros cincuenta y cinco miembros de la organización y proceder a la incautación de treinta y ocho empresas que operan como tapadera del tráfico de drogas y el blanqueo de capitales dentro de la conexión Colombia-Venezuela-Canadá-Sicilia. El embajador venezolano en Canadá denuncia que la familia Cuntrera-Caruana opera libremente al amparo de funcionarios de la Oficina de Extranjeros y de los ministerios de Interior, Justicia y Hacienda, y con la existencia de complicidades y negligencias por parte de políticos, militares y exministros.

Los altos niveles de corrupción entre las fuerzas de seguridad, políticos y poder judicial se convierten en un fuerte obstáculo para las investigaciones sobre narcotráfico. En 1996 y 1997, Estados Unidos señala que Venezuela no ha realizado los suficientes esfuerzos en la lucha contra las drogas.

Expulsión de la DEA

En el 2005, Hugo Chávez acusa a la DEA de apoyar el narcotráfico y de “hacer inteligencia contra su gobierno”, por lo que decide expulsar a la agencia del país. Estados Unidos responde denunciando nuevamente que Venezuela ha fallado manifiestamente en el cumplimiento de sus obligaciones para combatir el tráfico de drogas. Ese mismo año fue reformada la Ley orgánica contra el tráfico ilícito de estupefacientes, dando a las instituciones militares el poder absoluto para investigar los delitos relacionados con drogas, lo que para algunos observadores contribuyó decisivamente al desarrollo de redes criminales que llegaron hasta altos cargos del ejército; lo cierto es que históricamente se ha constatado, en América Latina, que situar a los ejércitos al frente de la lucha contra el narcotráfico ha favorecido la corrupción de esas instituciones debido a un mayor contacto con el crimen organizado.

Otros factores parecen haber impulsado el tráfico de drogas en Venezuela, como, por ejemplo, el aumento continuado de los cultivos de coca en Colombia. Por otra parte, la actual crisis económica y la escasez de productos básicos habrían agravado el tráfico de drogas y contribuido a normalizar actividades ilícitas convertidas en medio de subsistencia de último recurso.

En febrero del 2017, Estados Unidos sancionó al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, por presunta participación en el tráfico de drogas, uniéndose así a una extensa lista de altos funcionarios militares y civiles que podrían estar vinculados con el narcotráfico. En diciembre de ese mismo año, un juez de Estados Unidos condenó a dieciocho años de prisión por narcotráfico a dos sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro; la defensa alegó que la DEA les tendió una trampa, en tanto la Fiscalía afirmó que los acusados creían estar por encima de la ley en virtud de sus vínculos familiares.