La corrupción policial debida al tráfico de drogas es el elefante en la sala. Las noticias en los medios de comunicación evidencian que no son excepcionales las detenciones de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero sorprende la escasa atención mediática y social que despierta la participación de policías en actividades criminales relacionadas con el narcotráfico. El presente artículo quiere aportar una pizca de luz a una zona históricamente tan negra como son las sinergias entre las fuerzas de seguridad y el narcotráfico. Colaboraciones inadmisibles porque, como bien sabemos, corroen los cimientos del estado social y democrático de derecho. Haré solo una breve exposición de un fenómeno complejo, poliédrico y con múltiples aristas (algunas muy punzantes), para evidenciar que la legalización también permitiría aplacar una de las vergüenzas más grandes de los estados democráticos.
Fuerzas de seguridad y narcotráfico: una relación histórica
Juan Carlos Usó, en la parte final de su ópera prima bibliográfica Drogas y cultura de masas. España 1855-1995 (1996, pp. 365-375), reflexiona sobre el hecho de que la opinión pública expresa una enorme preocupación ante el “problema de las drogas” pero “ningún partido de masas ha querido entender que, al menos, parte de la alarma social está motivada por una galopante corrupción”. A continuación, para evidenciar la anterior afirmación, Usó presenta una lista de más de ciento cincuenta artículos, publicados en la prensa española entre 1990 y 1995, sobre corrupción policial, cohecho judicial o contactos entre los narcotraficantes y los servidores públicos. Usó actualiza la relación de noticias publicadas solo en El País que Escohotado apunta en la Historia general de las drogas (2008, pp. 1107-1109) relativas al período 1985-1989.
Podríamos hacer una lista para el período 2013-18 para saber si cuantitativamente hay más casos que en los noventa. Queda pendiente hacerla, pero me aventuro a afirmar que serían muchos más, solo hace falta seguir el perfil de Twitter @politicasdrogas (cuelga casi todas las noticias relacionadas con el fenómeno de las drogas) para observar que es recurrente la publicación en prensa de este tipo de noticias. Y, cualitativamente parece que en bastantes casos, presuntamente, no se trata de hacer la vista gorda, es decir, considerarlos una “corruptela menor”, sino de una implicación directa con el tráfico de drogas. Para muestra, un botón. En el 2018 leímos en prensa: “Cale y Paco: confesiones de dos policías corruptos en un todoterreno” (El País, 26 de febrero de 2018), donde se nos explica la implicación en el tráfico de cocaína de un “inspector del veterano Grupo I de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional […] está acusado de dedicarse, en sus ratos libres, a hacer justamente lo contrario”. Otro ejemplo: “Drogas, prostíbulos y protección a narcos: así trabajaban guardiaciviles corruptos en Torrevieja. Nueve de ellos fueron detenidos por la propia Guardia Civil acusados de integrar una organización criminal” (El Español, 3 de junio de 2018): poca explicación merece un titular tan contundente. O “Piden treinta y dos años para guardiaciviles que lideraban una banda de narcos” [en Fuerteventura] (La Vanguardia, 3 de mayo de 2018). Suma y sigue.
Podredumbre: ¿manzanas, cestos o contextos?
Todo hijo de fumeta ha escuchado o dice haber sufrido en sus propias carnes aquella historia en que un día fue registrado por alguna fuerza de seguridad, le encontraron alguna china de hachís o cogollo de hierba, y el policía de turno, con más o menos sorna, se puso el material en el bolsillo y le dijo: “Circule”, sin levantar acta ni nada que acreditase que se acababa de producir una actuación policial. Que yo sepa, ningún fumeta presentó denuncia por una acción de estas características, ¿tal vez porque a nivel legal es más verídica la palabra de un policía que la de un ciudadano?, ¿tal vez porque sabemos cómo funciona la prohibición? No lo sé. Pero si este tipo de prácticas algunos de vosotros estáis convencidos de que han ocurrido, a pesar de que no hay ningún documento oficial que acredite que sean ciertas ni en un solo caso, ¿qué cosas pueden haber pasado sin que nos hayamos enterado?
Alguien podría considerar que manzanas podridas (fuerzas de seguridad corruptas) hay en todos los cestos (estructuras policiales). Otros dirán que no son las manzanas sino que es el cesto el que provoca la podredumbre. Personalmente no creo que se trate de rasgos y particularidades de las manzanas y/o los cestos. Creo firmemente que todo depende en qué contexto colocamos el cesto con las manzanas. El actual contexto prohibicionista es el elemento corruptor por excelencia de las fuerzas de seguridad del estado; sin este, me aventuro a hipotetizar que los casos de corrupción policial y las sinergias con las redes criminales serían insignificantes. Entonces podríamos vislumbrar qué manzanas, por sus características intrínsecas, son fácilmente corruptibles. Las redes criminales en el contexto de prohibición disponen de un poder y unos recursos que superan con creces los disponibles por las estructuras policiales.
El control de la oferta de las drogas es una tarea ingrata, siempre entre Escila y Caribdis, es decir, entre la presión social para atajar un fenómeno conceptualizado como una lacra, y la de las redes del narcotráfico, que no dudan en emplear toda su fuerza para conseguir sus objetivos. Los tentáculos del narco son muy largos, y pueden corromper a aquellos que luchan contra sus objetivos, ya sea por la vía fácil del dinero, ya sea a través de las amenazas. Y, como algunos pueden reconocer que la lucha contra la droga está perdida, ¿por qué no sacarse un sobresueldo, o mejor dicho, multiplicar unas cuantas veces su sueldo si se implica en el tráfico de drogas ya sea por acción u omisión? Mientras perdure la prohibición debemos reconocer que la corrupción policial y las complicidades entre polis y cacos continuarán. No hay más. Hay personas que son incorruptibles en cualquier contexto, pero otras, por una cuestión de adaptación al entorno, aceptan ser corrompidas. Y, como apuntó Darwin, en un contexto hostil sobreviven los sujetos que mejor se adaptan a él.
Demasiadas preguntas sin responder
Todo esto nos hace preguntarnos: ¿por qué no hay un debate institucional y político sobre el asunto?, ¿por qué leemos los titulares sobre detenciones y luego no se publica mucha cosa más sobre el caso? En ocasiones sí que leemos que después de una condena por corrupción policial ha llegado el indulto. ¿Por qué en España no existe un capítulo de la Law Enforcement Action Partnership (LEAP) (asociación internacional de policías contra la prohibición de las drogas) o una asociación similar de corte español de policías antiprohibicionistas?, ¿por qué en ciertos mentideros profesionales escuchamos a policías críticos con la prohibición pero sus discursos no transcienden a la opinión pública? Creo que alguien podrá dar mejores respuestas a estas preguntas que quien escribe, pero la falta de respuestas en el marco de la discusión pública nos hace pensar que opera cierto tabú sobre la corrupción policial. Y si existe este tabú, ¿es porque hay algunos que se sienten cómodos en el actual escenario prohibicionista? No lo sé. Solo podemos afirmar que es intolerable que servidores públicos se enriquezcan a costa del tráfico de drogas mientras su cometido es otro bien distinto ¿Quién controla al controlador? La corrupción policial degrada la democracia y las instituciones públicas. Es hora de que los aspectos más oscuros del control de la oferta y sus conflictos de intereses se incorporen a la discusión sobre la reforma de las políticas sobre drogas, para evidenciar, una vez más, que la legalización es una urgencia que no admite más demora.
