El acecho del narco

En el 2013, Roberto Saviano –periodista y escritor que saltó a la fama por revelar las indiscreciones de la mafia italiana en su laureado libro Gomorra, que le ha valido vivir perennemente con escolta por las amenazas de muerte recibidas– publicó el libro CeroCeroCero, en que analizaba las redes criminales del narcotráfico. En las páginas dedicadas a España, es claro y contundente: nuestro país se está convirtiendo en la guarida preferida de mafiosos italianos, colombianos, rusos y un largo etcétera para realizar negocios con las drogas, especialmente, con cocaína. Cuando lo leí en el 2013 quería creer que tal vez lo planteado por Saviano era exagerado, o que quizá el tiempo revertería la tendencia descrita. Aunque mi análisis me apuntaba que, tal y como estaba el escenario español, el narcotráfico ganaría más y más terreno. Queda acreditado que el análisis de Saviano era del todo correcto, como así lo atestigua el largo reportaje publicado en El País, el 28 de enero de este 2021, titulado “España, territorio narco”. Su lectura solo nos puede provocar desazón y zozobra. La información y los datos consignados en sus líneas no pueden dejar a nadie indiferente. El mensaje final que evoca el artículo es que España es las Naciones Unidas de las bandas criminales, porque alberga grupos de todo el mundo dedicados al narcotráfico. El artículo analiza la realidad de cuatro puntos de la geografía española: la zona del estrecho de Gibraltar en Cádiz, la costa de Pontevedra, la Costa del Sol y Cataluña. La conclusión es que no sabes qué zona está peor porque en todas pintan bastos. No hay margen para la duda, España está colonizada por las bandas criminales: más decomisos, más grupos operando, más detenciones, más y más actividad criminal.

Mismo modelo, mismos resultados

"No hay que conceptualizar el narcotráfico como el enemigo, porque ganará por experiencia. Hay que conceptualizarlo como la competencia. ¿Quiere esto decir que el Estado debe comercializar las drogas? Pues sí"

Las tres convenciones de fiscalización de Naciones Unidas, y sus adaptaciones jurídicas a cada uno de los estados firmantes, optan por el control policial para evitar la oferta de drogas. El modelo clásico fundamentado en el prohibicionismo se sustenta sobre la idea de que deben redoblarse esfuerzos para erradicar cualquier oferta de sustancias sometidas a fiscalización. Este modelo hace cincuenta años que se aplica. A falta de una evaluación de resultados, de impacto y coste-beneficio que acredite su eficacia, efectividad y eficiencia, los indicios disponibles me hacen pensar que no se está cumpliendo el objetivo. Ya no digo en su totalidad, porque es una obviedad que existe oferta de drogas, sino ni que sea parcialmente. Los indicadores que cita el artículo de El País son demoledores. ¿El control de la oferta imposibilita el comercio de drogas? No, rotundamente, no. Los datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior apuntan que cada año se decomisan cantidades más elevadas de drogas y se detiene a más personas. Podríamos entender que cada decomiso es una pequeña victoria del control de la oferta, pero sería un pensamiento ilusorio. Sabemos que, a mucho estirar, no se decomisa ni el diez por ciento del total del volumen de sustancias ilegales. Por tanto, un aumento del volumen de los decomisos solo es indicador de un mayor volumen de actividad. En términos generales, los decomisos forman parte del negocio del narcotráfico. Ya hacen sus cálculos que perderán, o invertirán, un diez por ciento del volumen en el tránsito hacia los destinos consumidores. Pero poco importa esto en unos productos que multiplican por mil su valor en destino; poco importa la detención de algunos miembros de la cadena, que pueden ser rápidamente sustituidos sin que la maquinaria del narcotráfico se vea alterada, y, lo más importante, los capitostes de la empresa continuarán gozando de libertad y privilegios.

El narcotráfico es un negocio muy suculento. Demasiado suculento. No paga impuestos ni ningún tipo de arancel y deja unos márgenes de beneficio sin parangón en otro sector económico. Tal y como están la economía y el mercado laboral, es lógico pensar que el narcotráfico siempre dispondrá –como apuntó Friedrich Engels para el caso de los obreros– de “ejército de reserva” para continuar operando. Un policía del Campo de Gibraltar se lamentaba de que el narcotráfico es una opción muy tentadora para los más jóvenes. En un día pueden ganar mil euros solo vigilando los movimientos policiales, dos mil descargando fardos de hachís y hasta treinta mil transportando la droga. Números que hacen irrisorios los sueldos de cualquier trabajo formal.

A pesar de que todo parece apuntar al fracaso del modelo prohibicionista en el control de la oferta, lo más peligroso no es que las drogas lleguen a las calles (que también), sino que para hacerlo corrompan los cimientos de los estados sociales de derecho. Quiero pensar que el Estado español aún está muy lejos de países tan carcomidos por el narcotráfico como México, los de Centroamérica (Honduras, Guatemala, Nicaragua, etc.) o de Asia central (Afganistán, Uzbekistán, Kirguistán, etc.), pero cada vez más, en el mismo sentido que otros países de nuestro entorno europeo, parece que las redes del narcotráfico poseen una mayor capacidad para corromper a los funcionarios del Estado. Como apunta un miembro de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Dirección General de la Guardia Civil: “El gran peligro de las mafias es que logren perforar las instituciones. [...] Afortunadamente, la corrupción en España es puntual, existe aún una noble conciencia democrática y el sistema tiene herramientas todavía para ser implacable con las manzanas podridas, pero hay que ser conscientes de que un solo caso puede hacer mucho daño y tirar al traste años de investigación”. Esperemos que solo se trate de manzanas podridas y la podredumbre no alcance a todo el cesto. Aunque, visto el escenario y la gran capacidad de acción de las redes criminales, soy pesimista; y vaticino que, con el actual modelo, las cuotas de corrupción policial, e incluso judicial, en España puedan llegar a parámetros desconocidos hasta el momento. Por no mencionar la complejidad añadida del blanqueo de capitales.

El actual modelo hace frente al narcotráfico mediante la acción policial, es decir, solo a partir de unas unidades policiales que destina el Ministerio del Interior y las respectivas consejerías, en el caso del País Vasco y Cataluña. Ningún otro actor del Estado está en la lucha contra el narcotráfico, más allá de la Judicatura cuando la acción policial echa el guante a los delincuentes. Y todas las fuentes policiales coinciden en los mismo: el narcotráfico invierte en I+D+i. Tal vez uno de los productos más sonados del I+D+ i del narcotráfico fue el narcosubmarino aprehendido en las costas gallegas en diciembre del 2019, mientras que las fuerzas policiales cuentan con los mismos efectivos y, en consecuencia, se sitúan en clara desventaja y convierten la empresa en titánica. El actual escenario se convierte en un bucle sin que nada ni nadie vea una solución sensata. En palabras de José Ramón Noreña, fiscal antidroga: “Ya no en España, sino en todo el mundo, esto es un campo sin vallar que solo va a más y que tiene una solución compleja, si es que tiene solución”. ¿No hay solución? Queda claro que con la misma fórmula solo obtendremos los mismos resultados. Tal vez la solución es la legalización.

Nuevos modelos, nuevos resultados

A veces cuando proponemos la legalización de las drogas a algunos les viene a la cabeza el “barra libre”. No, ni mucho menos. Legalizar, o si prefieren, regular, es tomar las riendas del asunto. Queda acreditado que la prohibición desplaza a las personas que emplean drogas a los márgenes sociales y el negocio de la droga queda en manos del narcotráfico. Como dijo Pepe Mújica: “Hay que quitarles el negocio a los narcos”. No hay que conceptualizar el narcotráfico como el enemigo, porque con los actuales parámetros de clandestinidad y delincuencia queda claro que ganará por experiencia. Hay que conceptualizarlo como la competencia. ¿Quiere esto decir que el Estado o quienes sean ahora deben comercializar las drogas? Pues sí, vendría a ser esto. Si el primer objetivo del modelo prohibicionista es eliminar la oferta, el segundo es erradicar la demanda. Queda claro que la demanda existe y existirá. Pues qué mejor que abastecer a la demanda desde la legalidad, con un modelo de producción que cumpla con la legislación existente, que pague los impuestos correspondientes, que los trabajadores coticen a la Seguridad Social, que se ofrezcan sustancias de calidad, entre otras características. Tal vez alguien también pensará que esto se convertiría en Sodoma y Gomorra. No lo creo. La oferta está tan difundida que en España se droga quien quiere. Además, el modelo de regulación contemplaría un acceso restringido a la sustancia y podríamos realizar actividades netamente preventivas. Queda claro que no eliminaríamos el narcotráfico, pero una parte del negocio circularía por parámetros legales y, en consecuencia, su poder se vería debilitado. No es asunto fácil, pero solo un cambio radical de modelo nos puede reportar otros resultados. En caso contrario, estamos condenados a vivir el día de la marmota in aeternum.