El caso que os contamos este mes va de marrones y guerra sucia. Lo detuvieron en su casa, en una entrada y registro autorizados por el juez de instrucción en el contexto de una macrocausa abierta hacía muchos meses, con más de treinta detenidos, muchos de ellos en prisión provisional. Habían intervenido su teléfono durante semanas y le habían hecho numerosos seguimientos personales. Pensaban que formaba parte de la cúpula de la organización criminal, al ser argelino y tener acceso directo a los proveedores de hachís desde el Magreb. Esperaban encontrar no solo mucho hachís y dinero, sino también información sensible sobre la organización. Nuestro protagonista, en todo caso, podría ser que tuviera alguna actividad de compraventa a pequeña escala de hachís, ya se sabe, como en otros sectores, comprar barato y vender algo más caro, para sacarse unos extras, ya que tenía su propio trabajo.

Ahora lleva casi un año en prisión y puede que esté todavía algo más. El ser extranjero no ayuda, claro, hay un mayor riesgo de fuga. Lo peor de su caso es que le intervinieron mucho más hachís del que tenía habitualmente, casi siete kilos. El motivo de tener más de la cuenta fue que le pilló también para un amigo que quería conseguir hachís de buena calidad para tener durante un buen tiempo. Y en vez de dárselo de forma inmediata, se lo guardó en su casa, con la mala pata de que justo le entraron en casa. También tuvo mala suerte, otro marrón, en el dinero que se le decomisó. Resulta que un compañero de piso, al ser irregular, cobraba todo su salario en B y tenía el dinero ahorrado guardado en casa. Pese a estar en la habitación de este compañero, se lo atribuyeron al detenido y se lo decomisaron. Ahora tiene un marrón considerable. Se le considera miembro de la cúpula de la organización, y ello a pesar de que no le encontraron ninguna información sobre ese supuesto grupo criminal. Las penas por el delito de organización criminal pueden ir hasta los doce años de prisión, y el delito de tráfico de drogas, de hachís, en la cantidad de siete kilogramos, hasta los cuatro años y medio de prisión. La policía se lo llevó detenido a dependencias judiciales y se acordó su prisión provisional sin fianza.

Nuestra labor, como defensa del detenido, fue, desde el principio, demostrar que no pertenece a la supuesta organización criminal. Si es o no autor de delito contra la salud pública por el hachís ya es un tema secundario. Para ello hubo que estudiar en detalle los más de seis mil folios para ver si en algún lugar aparecían pruebas contra él en ese sentido. Y no, en realidad, las únicas pruebas contra él eran unas supuestas conversaciones telefónicas en las que acordaba con proveedores y clientes el precio, la cantidad y el lugar de entrega de lo que parecía ser hachís. Al juez se le presentó un escrito detallado analizando todos los indicios y todas las conversaciones, y se pidió su libertad provisional, pero se la denegaron. Se acudió a la Audiencia Provincial por vía de recurso de apelación y la denegaron también. Se repitió el proceso nuevamente al cabo de unos meses, denegada también. La prisión provisional, en estos casos, se impone cuando se presume que el procesado va a darse a la fuga o va a reiterar en la conducta delictiva. En realidad, la razón principal es siempre el riesgo de fuga, que se presume que es alto cuando hay dos variables: probables penas altas de prisión y ser extranjero, y peor aún, si con el país de donde es nacional el investigado no hay convenio de extradición, o no se reconoce el intercambio de nacionales, como ocurre con Argelia, en virtud del Convenio del 2006.

En el fondo, la razón para no poner en libertad a procesados por delitos de drogas es en realidad intentar que confiesen, que confiesen sus propios delitos y revelen información importante sobre los otros investigados. Los mantienen en prisión día tras día, uno y otro mes, un año, para ver si se desploman. Muchos no aguantan y creen que si confiesan les irán mejor las cosas. Y es un gran error. Hay que aguantar, porque en estas confesiones muchas veces están las condenas. Y la guerra sucia no es una cosa de los jueces, sino más bien del grupo policial responsable de la investigación, que atribuyen organización criminal a personas contra las que no tienen evidencias, aunque en sus informes policiales lo magnifiquen todo y saquen conclusiones totalmente falsas. El problema, en ese punto, es que los jueces y tribunales, en estas macrocausas, no son capaces de revisar los miles de folios para ver si efectivamente hay o no indicios, y lo que hacen es confiar en las conclusiones policiales. Un desastre. Veremos si nuestro protagonista del mes aguanta o decide confesar. Lo sabremos en próximas ediciones.