Ilustración. juicio
Ilustración: Julio Fuentes

Tolerando y con el mazo dando

Este artículo se publicó originalmente en el número 273 de la revista Cáñamo España

El caso de este mes vuelve a poner de manifiesto la necesidad de regular el acceso legal al cannabis o, al menos, de momento, las asociaciones cannábicas. Es evidente que gozan de una mayoritaria aceptación por parte de la sociedad y que, en cierta medida, para las instituciones encargadas de la seguridad pública, son útiles porque permiten tener controlado el mercado ilegal de cannabis.

Por ello existe cierta tolerancia, tanto a nivel policial y judicial como especialmente a nivel de los municipios, que permite que muchas de ellas sigan en funcionamiento con total normalidad a pesar de que el Tribunal Supremo haya dicho bien claro que la conducta de cultivar o adquirir cannabis y distribuirlo entre los socios es delito. Sin embargo, esta tolerancia no es la solución, porque, si bien en general las asociaciones van funcionando, algunas de ellas son intervenidas, con detención y procesamiento de los miembros de la junta directiva y algunos trabajadores o socios colaboradores. Además, esta tolerancia provoca que algunas personas crean realmente que la conducta de las asociaciones no es considerada delito por las autoridades policiales y judiciales, sobre todo si esta persona es extranjera. Nuestro protagonista del mes, al que llamaremos Peter, es un joven de la República Checa que en Viena tenía un trabajo precario que le obligaba a vivir todavía en casa de sus padres. Un buen día entró en contacto a través de Facebook con un amigo que vivía en Barcelona y estaba montando una asociación cannábica. Después de un rato de conversación, recordando viejos tiempos, el amigo de Barcelona le ofreció colaborar en la asociación, con un sueldo digno y compartiendo piso con él en la misma ciudad. Al principio se sorprendió un poco: él tenía entendido que la marihuana estaba prohibida en toda Europa menos en Holanda, pero le dijo que se lo pensaría. Entró en Google y buscó noticias en las lenguas que manejaba bien –el checo y el alemán–, para saber si efectivamente las asociaciones eran legales en España. Todas las informaciones apuntaban a que sí. Se hablaba de la ley catalana, de leyes de municipios y ciudades, y también encontró mucha publicidad de clubes cannábicos, incluso de agencias de turismo que te llevaban a conocer diferentes clubes. Quedó convencido de que era legal. Poco después hizo las maletas y se trasladó a Barcelona. Era mayo del 2018, era joven, el sol de primavera lucía en todo su esplendor y tenía ganas de aventura. Al principio todo fue bien. Peter colaboró en diferentes cosas, tanto en adecuar el local como en la parte del cultivo. A menudo iba a una masía donde la asociación alquiló a sus propietarios una parte semiabandonada donde pusieron en marcha el cultivo y habilitaron un par de habitaciones para pernoctar en caso necesario. Un día se quedó a dormir junto con el cultivador y otra persona. De pronto unos ruidos le despertaron. Eran portazos y chillidos de unos hombres encapuchados.

En seguida se abalanzaron sobre él y retorciéndole los brazos le ataron las manos a la espalda con dos bridas. Le colocaron en una habitación junto con los otros dos compañeros. Los ladrones fueron a la zona del cultivo pero se encontraron con una desagradable sorpresa. Las plantas no estaban en proceso de secado, bien accesibles para cogerlas y marcharse, sino que estaban todavía en el inicio de la floración. La información que les habían dado no era correcta. Las plantas así no les servían para nada, no tenían tiempo de cortarlas, no les era rentable.

Echando pestes e insultos se largaron. Los propietarios de la masía, que habían escuchado los ruidos, avisaron a la policía. Al cabo de poco rato se presentaron los agentes y los liberaron de las ataduras. Ahí acabaron unos problemas pero empezaron otros. Los policías registraron la casa en busca de indicios sobre lo ocurrido y se encontraron con dos amplias salas repletas de plantas de marihuana. Suspendieron el registro y pidieron autorización judicial al juez de guardia. Unas horas después se presentó el letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Guardia y se inició el registro judicial. Hallaron un total de mil doscientas plantas, así como todo el material para el cultivo, secado y manicurado.

Detuvieron a nuestro protagonista y a sus dos compañeros de la asociación. Las plantas se pesaron al modo industrial, en un vehículo, calculando el peso del vehículo con las plantas y sin las plantas. Según este método, su peso total era de 184 kg. Nuestro protagonista, que creía que todo era legal, se encuentra procesado ahora por un delito contra la salud pública agravado por notoria importancia, se enfrenta a una pena mínima de tres años de prisión y tal vez también sea acusado de un delito de asociación ilícita, dado que la abogada de los otros dos acusados ha sostenido en el proceso que el cultivo era de la asociación, por lo cual se ha imputado también a su presidente. En los próximos números os informaremos del desenlace.

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