La abogada Lynn M. Paltrow lleva años luchando por los derechos de las mujeres, explicando una y otra vez la injusticia que supone para una embarazada perder sus derechos civiles en nombre de los derechos del no nacido. No se trata solo de la vulneración del derecho al aborto, considerar que el feto es una persona que debe ser protegida por el Estado se ha convertido en el argumento principal para despojar a las mujeres embarazadas de su dignidad y libertad, para reducir su condición “de seres humanos con derechos a meros recipientes para gestar a los no nacidos”, en palabras de Paltrow. Y cuando se descubre que la embarazada es usuaria de drogas, la injusticia se hace aún más onerosa: “Hemos tomado lo que es fundamentalmente un problema de salud y lo hemos convertido en un problema de derecho penal. Hemos utilizado la penalización de ciertas drogas para controlar a ciertos grupos de personas, en particular a los negros y mestizos”, comentaba Paltrow en un reportaje del 2019 en The New York Times sobre los problemas de las madres usuarias de drogas en EE UU. Estamos hablando de casos en los que un solo resultado positivo en un análisis de drogas ha condenado a mujeres a perder la custodia de sus hijos y a ser acusadas de abandono infantil.
Este no es un tema sencillo, desde el escándalo mediático infundado que rodeó a los llamados “cracks babies” –bebes hijos de madres adictas a la base de coca a los que se les auguraba un desarrollo deficiente por su exposición a la droga durante la gestación–, parece haber un consenso social acerca de lo pernicioso que resulta el consumo de drogas ilegales durante el embarazo, la lactancia y la crianza de un hijo, y todo intento de cuestionar los prejuicios y proceder caso a caso con arreglo a las evidencias científicas parece condenado a la incomprensión. En este contexto inquisitorial, las madres y embarazadas con antecedentes de consumo de drogas se enfrentan a un calvario de agresiones contra sus libertades que en nada benefician tampoco a los hijos. De ahí que el trabajo de organizaciones jurídicas como NAPW (National Advocates for Pregnant Women) sea tan determinante para garantizar que en ningún momento del embarazo y de la crianza una mujer pierda sus derechos civiles y humanos.
El pasado mes de junio Lynn M. Paltrow, fundadora y directora ejecutiva de NAPW –hoy renombrada como Pregnancy Justice, para “defender los derechos de todas las personas con capacidad de gestación frente a la criminalización”–, dejó su cargo tras más de dos décadas al frente y fue homenajeada por sus compañeras de lucha en un emotivo acto en Nueva York. Un momento sin duda apropiado para hacer balance de su labor y responder a nuestras preguntas.
¿Qué le hizo convertirse en abogada?
Crecí en una familia de abogados. Mi madre fue una de las dos mujeres de su promoción de Derecho de 1954. Y fue en la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell donde mis padres se conocieron. Acabaron ejerciendo juntos en un pequeño bufete familiar: “Paltrow y Paltrow, abogados”. Cuando era pequeña, no me interesaba ser abogada, pero el trabajo gratuito, de justicia social y político que hacían mis padres me resultaba muy atractivo. Entonces, cuando estaba en el último curso antes de entrar en la universidad, seguía sin estar segura de lo que quería hacer, pero encontré un libro sobre profesiones de interés público y en todos los trabajos que me parecían interesantes –y uno de ellos podría haber sido el Proyecto de Libertad Reproductiva de la ACLU, la Unión Americana de Libertades Civiles– decían que contrataban becarios jurídicos. Así que decidí que era mejor apuntarme a la facultad de Derecho, pero, eso sí, lo haría a una que ofreciera formación y apoyara a los comprometidos con la justicia social.
Lynn Paltrow en el homenaje que recibió de sus compañeras de Pregnancy Justice.
¿Cómo llegó a especializarse en la defensa de las mujeres embarazadas?
Mi compromiso de luchar por los derechos de las mujeres y contra la misoginia y el misoginismo –el tipo de misoginia y sexismo al que se enfrentan las mujeres negras– requería comprender el papel central que el embarazo y la capacidad para el embarazo han desempeñado en la negación de los derechos fundamentales y la dignidad de las mujeres. En Estados Unidos, la capacidad para el embarazo fue la excusa para discriminar a las mujeres. Por ejemplo, antes de 1971, el Tribunal Supremo confirmaba las leyes que prohibían a las mujeres trabajar en determinados empleos o limitaban las horas que podían trabajar porque su función principal era ser esposas y madres. Como explicó el Tribunal Supremo al confirmar una ley que limitaba las horas de trabajo de las mujeres, pero no de los hombres: “Al igual que las madres sanas son esenciales para una descendencia vigorosa, el bienestar físico de la mujer se convierte en objeto de interés y cuidado públicos para preservar la fuerza y el vigor de la raza”.
Empezaste defendiendo el derecho al aborto.
“Las pruebas de drogas se han utilizado como si fueran pruebas de crianza. Además, estas pruebas se han realizado de forma desproporcionada y se han utilizado como base para la separación familiar y la destrucción de las familias negras y mestizas”
Sí, empecé mi carrera jurídica defendiendo el derecho a elegir el aborto. Entonces empezaron a llegarme casos en los que los argumentos contrarios al aborto –como los que reclaman derechos separados para los óvulos fecundados, los embriones y los fetos– se utilizaban también para justificar una acción estatal cruel y contraproducente contra las mujeres que no querían interrumpir su embarazo. En uno de estos casos, la reivindicación de los derechos del feto se utilizó para justificar una cesárea forzosa a una mujer gravemente enferma. El juez sabía que la operación podía matarla y la ordenó de todos modos, alegando que tenía la obligación de dar al feto la oportunidad de sobrevivir. La operación se llevó a cabo a pesar de las objeciones de la mujer. El feto estaba tan lejos de la viabilidad que murió en dos horas. La mujer murió unos días después, y la cesárea figura como factor contribuyente. En otro caso se detuvo a una mujer alegando que su recién nacido había muerto por lo que había hecho o dejado de hacer durante el embarazo. Aunque las alegaciones contra ella incluían el consumo de drogas, el fiscal acabó admitiendo que en realidad eso no tenía nada que ver con el caso. En su lugar, la acusación penal se basaba en la afirmación de que ella no había seguido el consejo de su médico de guardar reposo en cama –era madre de dos niños pequeños que vivían en un tráiler–, había mantenido relaciones sexuales con su marido el día del parto, no había acudido al hospital con la suficiente rapidez el día del parto y no había tomado un medicamento que le habían recetado. Resulta interesante el hecho de que no solo informara de que había tomado el medicamento, sino que se trata de uno que ya no se comercializa en EE UU porque provoca daños cardíacos. Entonces empecé a recibir casos que apuntaban especialmente a madres negras, combinando racismo, sexismo y propaganda de la guerra contra las drogas. Al final me di cuenta de que la única forma de poder trabajar en los casos de la forma sólida y exhaustiva que yo creía necesaria era crear mi propia organización. Y así fue como fundé National Advocates for Pregnant Women, que ahora se llama Pregnancy Justice.
Embarazo y consumo de drogas
“Las detenciones y la separación familiar punitiva siguen ocurriendo con el pretexto del embarazo y el consumo de cannabis, incluso en los estados donde ahora es legal consumirlo”, dice Paltrow. En la foto junto a sus compañeras de lucha.
“Las amenazas de arresto y otras acciones punitivas aumentan el estrés, un daño demostrado para el embarazo, y no hacen nada para proteger los ‘derechos del no nacido’. De hecho, pone en peligro al no nacido”
Gran parte de la lucha de Pregnancy Justice consiste en defender a las mujeres embarazadas que han dado positivo por consumo de drogas, ¿qué puede ocurrirle a una mujer en esa situación en Estados Unidos?
A partir de las reivindicaciones antiabortistas sobre los derechos del feto, a finales de los años 80 los fiscales estadounidenses empezaron a detener a mujeres embarazadas que daban positivo en un test de drogas. Se trataba de las mujeres menos populares. Los fiscales esperaban que, utilizando a esas mujeres como casos de prueba, podrían persuadir a los jueces para que interpretaran una amplia gama de leyes penales –como la puesta en peligro de menores, el abuso de menores y la entrega de drogas a un menor– para que se aplicaran a los fetos y a las mujeres embarazadas. No todos mis primeros casos incluían una acusación de embarazo y consumo de drogas, pero la mayoría de los casos que intentaban establecer derechos fetales y control sobre mujeres embarazadas se centraban en el embarazo y en afirmaciones totalmente acientíficas sobre el impacto del consumo de drogas en fetos y niños.
Pero los jueces te daban la razón, ¿no?
Sí, normalmente ganábamos nuestros recursos contra este tipo de persecución no autorizada. Sin embargo, como resultado del activismo judicial, Carolina del Sur se convirtió en el primer estado en permitir la persecución de las mujeres que dieran a luz e hicieran cualquier cosa que pusiera en peligro a un feto. Y cuando hablan de poner en peligro se refieren a que exista un riesgo de daño, sin pruebas de que haya existido un daño real. Cornelia Whitner, una mujer negra que dio a luz a un bebé sano, fue detenida en Carolina del Sur por el delito de poner en peligro a un niño porque dio positivo en cocaína. Estaba claro que el estatuto de protección de la infancia era una ley aprobada para proteger a los niños de cualquier daño, pero no facultaba a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a vigilar el embarazo. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Carolina del Sur utilizó su caso para declarar que la palabra “niño” en la ley de protección a la infancia, y en todas las leyes penales de Carolina del Sur, incluía a los fetos. Como resultado, esta madre que dio a luz a un bebé sano fue condenada a 10 años de prisión. Otra mujer que dio a luz a un feto muerto y dio positivo en cocaína fue declarada culpable de homicidio por maltrato infantil y condenada a 12 años de prisión. Cumplió 8 años de condena antes de que pudiéramos demostrar que no había tenido una representación justa en el juicio y que los expertos habrían testificado que su consumo de cocaína no tenía nada que ver con la pérdida del embarazo.
Dana Sussman ha ejercido como directora ejecutiva en funciones en Pregnancy Justice durante el último año.
“Numerosas investigaciones han desmentido el mito de los crack babies. Pero, lamentablemente, la gente suele aferrarse a los mitos en lugar de considerar las pruebas científicas y médicas”
Y además de Carolina del Sur, ¿hay más estados que hayan seguido esta senda?
Como resultado del activismo judicial, en Alabama y Oklahoma las mujeres embarazadas también pueden ser detenidas y encarceladas por estar embarazadas y consumir drogas, o por correr el riesgo de dañar su embarazo de otras formas. Y en Tennessee se aprobó una ley que estuvo en vigor durante dos años (2014-2016) que autorizaba detenciones de mujeres en relación con sus propios embarazos. Consiguieron que se aprobara esta ley alegando que solo se utilizaría para detener a mujeres que consumieran opiáceos y dieran a luz a bebés que sufrieran daños. La primera mujer detenida en virtud de esta ley ni siquiera consumió opiáceos y no se llegó a constatar ningún tipo de daño. Se permitió que la ley entrara en vigor cuando estaba claro que su impacto iba a aterrorizar a las mujeres embarazadas y alejarlas de la atención sanitaria durante el embarazo y el parto. Además de este tipo de uso indebido del derecho penal, muchas más mujeres en los Estados Unidos han sido sometidas a procedimientos civiles punitivos en nombre del bienestar infantil, procedimientos basados nada más que en una única prueba de drogas positiva no confirmada durante el embarazo. Una prueba de drogas, suponiendo que sea exacta, solo puede decir que alguien ha consumido una determinada sustancia en un determinado período de tiempo. No puede decir si la persona es drogodependiente, no puede decir si la persona quiere a sus hijos, no puede decir nada sobre lo mucho o lo bien que cuida y cría a sus hijos. Sin embargo, las pruebas de drogas se han utilizado como si fueran pruebas de crianza. Además, estas pruebas se han realizado de forma desproporcionada y se han utilizado como base para la separación familiar y la destrucción de las familias negras y mestizas.
Lourdes Rivera acaba de ser nombrada nueva presidenta de Pregnancy Justice.
“Las detenciones y la separación familiar punitiva siguen ocurriendo con el pretexto del embarazo y el consumo de cannabis, incluso en los estados donde ahora es legal consumirlo”
¿Ocurre lo mismo con el cannabis? Y en los Estados más avanzados donde el consumo recreativo de cannabis está regulado, ¿no hay más respeto por los derechos humanos de las mujeres embarazadas que consumen cannabis?
Es triste, pero no estoy segura de que haya mucho respeto por los derechos humanos de las mujeres embarazadas, hagan lo que hagan, en cualquier estado de EE UU. Las detenciones y la separación familiar punitiva siguen ocurriendo con el pretexto del embarazo y el consumo de cannabis, incluso en los estados donde ahora es legal consumirlo.
No hay pruebas científicas de que el cannabis cause daños al feto. De hecho, algunas mujeres lo consumen para contrarrestar las náuseas durante el embarazo. ¿En qué se basan las autoridades para intervenir cuando detectan el consumo de cannabis en una embarazada?
Las autoridades ignoran la ciencia. Afirman, sin fundamento médico ni científico, que el consumo de cannabis supone un riesgo o causa daños a los fetos y a los niños. Se basan en prejuicios contra las mujeres, presentando su consumo de cannabis como egoísta. Algunas, sin embargo, lo utilizan para controlar la ansiedad. Otras, como tú has dicho, lo usan para contrarrestar las náuseas extremas y debilitantes que a veces se producen durante el embarazo, las llamadas hiperémesis gravídica. Irónica y tristemente, algunos estados han tratado de penalizar a las mujeres que han consumido marihuana por esta razón, a pesar de que les ayudó y ayudó a proteger sus embarazos.
¿Y qué ocurre cuando la embarazada da positivo en sustancias más estigmatizadas como los opiáceos, el crack o la metanfetamina?
Si bien es cierto que en Estados Unidos algunas drogas están más estigmatizadas que otras, cuando se trata de quienes quieren penalizar a las personas embarazadas realmente da igual qué droga sea.
El mito de los ‘crack babies’
En alguna ocasión te he escuchado señalar el “mito de los bebés del crack” como el origen de estos abusos legales contra las embarazadas. ¿Por qué dice que es un mito?
“Las autoridades ignoran la ciencia. Afirman, sin fundamento médico ni científico, que el consumo de cannabis supone un riesgo o causa daños a los fetos y a los niños. Se basan en prejuicios contra las mujeres, presentando su consumo de cannabis como egoísta”
Bueno, yo diría que estos abusos legales reflejan una combinación monstruosa de sexismo, racismo y propaganda de la guerra contra las drogas que se centró especialmente en el mito del bebé crack. La afirmación de que el crack –la forma fumable de la cocaína– causaba un daño particular y espantoso a los bebés nunca fue cierta. Pero como las personas retratadas como consumidoras en Estados Unidos eran mujeres negras, los periodistas y otras personas se apresuraron a creer afirmaciones de daños totalmente infundadas. Como aprendí de Craig Reinerman y Harry Levine, autores de “Crack In America. Demon Drugs and Social Justice”, el crack es lo mismo que la cocaína, solo que en forma fumable. Y es importante reconocer que el consumo de cocaína en los años setenta por parte de la clase alta blanca estaba mucho más extendido que el consumo de crack por parte de la población negra a finales de los ochenta. Si la cocaína realmente provocaba que los bebés nacieran con los devastadores problemas de salud que se afirmaba que existían cuando los negros consumían esa droga, ¿por qué no se producían daños similares cuando los blancos consumían la misma droga? Numerosas investigaciones han desmentido el mito de los crack babies. Pero, lamentablemente, la gente suele aferrarse a los mitos en lugar de considerar las pruebas científicas y médicas.
En teoría, la intervención de las autoridades sanitarias, judiciales y policiales antepone los derechos del feto a los de la madre, ¿por qué no debería ser así? ¿Qué se debe hacer en los casos de madres cuyo consumo de drogas pone en riesgo la salud de su “hijo”?
Esta pregunta hace suposiciones con las que no estoy de acuerdo y con las que ninguna de las principales organizaciones médicas de EE UU está de acuerdo. Amenazar a las embarazadas con detenerlas porque se cree que pueden dañar al feto disuade a las mujeres de buscar ayuda cuando la necesitan y hace que muchas que no la necesitan sean objeto de sospechas, vigilancia y amenazas. Por ejemplo, mujeres que consumen alimentos con semillas de adormidera –que pueden dar positivo en un análisis de drogas opiáceas– han sido objeto de denuncias de maltrato infantil ante las autoridades. Las amenazas de arresto y otras acciones punitivas aumentan el estrés, un daño demostrado para el embarazo, y no hacen nada para proteger los “derechos del no nacido”. De hecho, pone en peligro al no nacido. Por eso, la Asociación Médica Americana, la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, así como muchas otras organizaciones médicas importantes, se oponen al uso del derecho penal y del sistema punitivo de protección infantil como forma de abordar cualquier problema en el embarazo, incluido el consumo o la dependencia de las drogas. En cuanto a la pregunta sobre las madres que ponen en peligro la salud de sus hijos, yo pienso lo siguiente. Así es como yo lo veo. Por una cuestión biológica, que no tiene nada que ver con el consumo de drogas o con cualquier otra cosa que haga o deje de hacer la embarazada, entre el 15 y el 25 % de los embarazos acaban en abortos espontáneos o mortinatos. Así que, por el simple hecho de quedarse embarazada, la mujer está poniendo en peligro la salud de su “hijo”. Esto que digo espero que ayude a ilustrar por qué conceptualizar el embarazo como una forma de riesgo para los niños es totalmente inapropiado.
NAPW ha documentado 413 detenciones de mujeres embarazadas entre 1973 y 2005 y más de 800 detenciones desde entonces. ¿Ha cambiado el perfil de las detenidas a lo largo de los años? ¿Ha marcado alguna diferencia la crisis de los opiáceos?
El estudio realizado entre 1973 y 2005 concluyó que, de forma abrumadora y desproporcionada, las víctimas de arrestos, detenciones e intervenciones forzosas eran mujeres con bajos ingresos (72 %), mujeres de color (59 %) y, en concreto, mujeres negras (52 %). Hay que tener en cuenta que la población negra solo representa aproximadamente el 12 % de la población estadounidense. Hasta ahora, los datos indican que se ha detenido al triple de mujeres en la mitad de años. Pregnancy Justice publicará un nuevo conjunto de datos a finales de este año que incluirá el análisis de qué personas embarazadas y qué drogas han sido el objetivo entre 2005 y 2022.
En EE UU como en España
Tras dos décadas, Lynn Paltrow deja de dirigir Pregnancy Justice. En la foto junto a Dana Sussman, durante el acto de despedida.
“Ninguna de las drogas penalizadas en EE UU es abortiva y la mayoría ni siquiera tiene una vía teórica plausible para provocar la pérdida del embarazo. Aunque los riesgos del tabaco y el alcohol para los bebés en desarrollo están bien demostrados, en EE UU, como parece que también en España, su consumo no se considera en la mayoría de los casos maltrato del feto”
Durante más de veinte años Lyn Paltrow ha luchado por los derechos de mujeres embarazadas en tribunales y en tribunas mediáticas. En varios artículos de The New York Times ha dado voz a estas mujeres silenciadas por el racismo, la misoginia y la guerra contra las drogas, permitiendo a los lectores conocer casos terribles de familias rotas y vidas truncadas por los prejuicios y el abuso de poder. Realizar esta entrevista nos pareció importante para trasladar el debate sobre los derechos de las embarazadas usuarias de drogas a España y a Latinoamérica, donde existe también esta persecución pero apenas hay voces que se opongan públicamente a la injusticia que supone.
En España no hay discusión sobre este tema, se entiende que una mujer embarazada que consume drogas ilegales está maltratando al feto. Durante el embarazo te hacen pruebas sin tu consentimiento, te obligan a abstenerte de consumir y si en el momento del parto das positivo por consumo de drogas, intervienen los asistentes sociales y pueden quitarte a tu hijo. En cambio, el tabaco y el alcohol se tratan de forma más tolerante. Si eres adicta a la nicotina, te recomiendan no fumar más de tres o cuatro cigarrillos al día, porque se entiende que el estrés de la abstinencia puede ser mucho más perjudicial; y con respecto al alcohol, te dejan tomar una copa de vino de vez en cuando. ¿Ocurre lo mismo en Estados Unidos?
Permíteme empezar diciendo que ninguna de las drogas penalizadas en EE UU es abortiva y la mayoría ni siquiera tiene una vía teórica plausible para provocar la pérdida del embarazo. Aunque los riesgos del tabaco y el alcohol para los bebés en desarrollo están bien demostrados, en EE UU, como parece que también en España, su consumo no se considera en la mayoría de los casos maltrato del feto. No obstante, también he defendido a mujeres detenidas por estar embarazadas y beber alcohol. Y respecto al tabaco, se suele hacer referencia a su consumo por parte de mujeres embarazadas en los informes de arresto y otros documentos que justifican la detención de alguien que, de no ser por el embarazo, no habría sido tratado como delincuente.
Tenemos la idea de que el mundo progresa, de que los derechos humanos se abren camino en el mundo, y sin embargo vemos movimientos regresivos. Por ejemplo, sorprende que después de tantos años se cuestione el derecho al aborto. En cuanto a los derechos humanos de las mujeres embarazadas que consumen sustancias ilegales, ¿hay algún avance?
Que usted me haga estas preguntas es señal de progreso. Y mientras vemos muchos signos aterradores de regresión en todo el mundo, incluido el ascenso de líderes y movimientos autoritarios, Pregnancy Justice continuará la lucha por los derechos humanos y por la inclusión de todas las personas, incluidas las mujeres y todas las personas con capacidad de gestación, como parte integrante de esa lucha.
