El pasado 22 de julio el gobernador de Antioquia Luis Pérez firmó el decreto mediante el cual se establecen horarios y lugares para consumir o no consumir sustancias psicoactivas legales e ilegales.

Según él, esta medida se aplica en respuesta al llamado de la Corte Constitucional mediante sentencia C-251-19 para regular el consumo en el espacio público, dado que este no puede ser sancionado ni restringido por el solo hecho de consumir o portar una sustancia.  Lo más llamativo del decreto es que, así como señala lugares y horas donde no se puede consumir, supone por exclusión que hay lugares donde se pueda consumir por fuera de esta regulación. 

El 13 de agosto el alcalde de Cali hizo lo mismo e impuso una regulación al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas ilegales “que se aplicará en 426 parques, 69 equipamientos culturales y 68 equipamientos recreativos o deportivos que se encuentran dentro del área de influencia de 200 metros de los 1347 centros o instituciones educativas que hay en la ciudad”.

Bogotá no se podía quedar atrás y con un claro gesto de intervención en política electoral de la administración de Enrique Peñalosa, el 3 de septiembre publicó un decreto que –repitiendo medidas que ya estaban consignadas en el código de policía– prohíbe el consumo en un 97% de la ciudad, incluidos además los espacios privados que trascienden a lo público y donde se ejercen actividades económicas como la venta y consumo de alcohol a mayores de edad en un contexto totalmente legal.

Para el mes de diciembre una vez termine la época electoral y estos alcaldes dejen sus cargos, veremos asombrosas cifras de sancionados, parques liberados, multas impuestas y el humo y las cervezas seguirán en los parques, los andes, las calles y el espacio público.