La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella contra el director del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), Jesús Martí, y contra la directora de Salud Pública del Gobierno de la comunidad, Ofelia Gimeno, por la campaña de reducción de riesgos destinada a las personas que realizan prácticas chemsex (que implican sexo en grupo con drogas). Aunque el objetivo manifiesto de la campaña es evitar que las personas que ya realizan sesiones de chemsex se pongan en mayor riesgo, Abogados Cristianos cree que es una campaña que promociona el chemsex.
Por esta razón la fundación conservadora ha acudido a los juzgados, considerando que la información de la campaña constituye un delito contra la salud pública. Según ha publicado el diario El Mundo, la organización de juristas cristianos acusa al IVAJ de “promover tan peligrosa práctica entre los jóvenes de la región a través de redes sociales”; y a la Dirección de Salud Pública de la Generalitat Valenciana “de financiar una app de contactos para chemsex.
No es la primera vez que algún partido político o asociación conservadora cuestiona las campañas de reducción de riesgos en el consumo de drogas, o las enfocadas a la seguridad en las prácticas sexuales, por considerar que hacen apología del uso de sustancias o promocionan un estilo de vida contrario al de sus convicciones. Sin embargo, las campañas de este tipo están pensadas como una herramienta de prevención en salud pública y se aplican en aquellos casos en los que se detecta una práctica de riesgo sobre la que apenas hay información fiable ni recursos educativos disponibles. Se ha demostrado que facilitar información sobre cómo llevar a cabo de forma segura prácticas que se dan de forma espontánea reduce las consecuencias negativas para las personas que las practican y para su entorno social.
