Un año después de su aparición la plataforma Regulación Responsable (RR) celebra su Asamblea General anual y recibe la visita de la Benemérita.

Este primer curso de RR ha servido para crear una base amplia y sólida y una estrategia que sirva para no fallar con el único cartucho que le queda al movimiento cannábico para cambiar las cosas. El proyecto presentado para 2016 en la asamblea celebrada durante los días 15 y 16 de enero establece como prioritaria la incidencia política y social. Los últimos varapalos judiciales a clubes de toda España, junto con una situación social que no ofrece visos de cambio, señalan la necesidad de un cambio legislativo que aborde la regulación como única solución.

En este camino, la comisión de incidencia política presentó diferentes proyectos para influir a instituciones y políticos en la necesidad de ese cambio legislativo en España. El objetivo es conseguir abrir una ponencia específica en el Parlamento nacional que permita crear un foro de debate y discusión amplio donde los políticos puedan reflexionar sobre la necesidad de una regulación.

Los diferentes portavoces de la plataforma explicaron las conclusiones extraídas de las reuniones que se vienen celebrando desde el pasado mes de noviembre con diferentes partidos políticos, organizaciones sociales e instituciones. La conclusión que destacaron fue que con el nuevo reparto de escaños y fuerzas se observa que hay de facto una mayoría parlamentaria que apuesta por abrir el debate institucional en materia de cannabis y que éste debería encauzarse en la citada ponencia. Según los portavoces, todos los grupos, con la excepción del PP, son conscientes de que hay una realidad social que va por delante del poder legislativo y que ha llegado el momento de abordar este fenómeno con responsabilidad, desde una evaluación real de las políticas en esta materia.

Lo que quedó claro es que esta nueva legislatura exigirá a Regulación Responsable trabajar en coordinación con los políticos, quienes en última instancia serán los encargados de abordar el cambio. Además, la plataforma presentará en marzo una campaña de comunicación a nivel nacional que espera ir aumentando ese 52% de españoles que, según fuentes gubernamentales, estaría dispuesto al cambio. Ambas iniciativas, la política y la comunicativa, constituyen la estrategia prevista para conseguir los objetivos propuestos y, en caso de no ser así, preparar el terreno para un plan B de cara a 2017: una Iniciativa Legislativa Popular a nivel nacional.

Un susto sintomático

La anécdota que quedará de esta Asamblea fue sin duda el susto que se llevaron los asistentes a las jornadas de trabajo previas que se celebraron los días jueves y viernes. Mientras los allí presentes cenaban distendidamente en la casa rural alquilada por la plataforma en el municipio madrileño de Santa María de la Alameda, una patrulla de la Guardia Civil accedía al local ante la lógica sorpresa de todos. La situación pareció zanjarse con una multa por posesión a uno de los asistentes, pero no fue así. Los representantes de la benemérita parecieron no quedarse tranquilos y realizaron diversas visitas durante todo el viernes al lugar de la reunión, amenazando al dueño del establecimiento con multarle fuertemente por permitir el consumo de cannabis. Las presiones obligaron a los organizadores a cambiar, en el último momento, la asamblea del sábado y celebrarla finalmente en el Círculo de Bellas Artes de la capital madrileña. Una anécdota sintomática de la absurda situación que vivimos en España en esta materia.