El “efecto globo” relacionado con tráfico de drogas explica que cuando el narcotráfico se siente presionado por un lado, en vez de pincharse o explotar, hace emerger el negocio por otro lado más seguro, más resistente. Es lo que está ocurriendo en la ciudad costera de Mombasa (Kenia) como reacción a que las rutas de comercio ilegal de Oriente Medio y los Balcanes están experimentando problemas debido a la llamada “crisis de los inmigrantes”.

Además, al ser un país con graves problemas institucionales, el aumento del tráfico de cocaína y heroína ha llevado a que se disparen los consumos y los contagios de VIH y Hepatitis C pues allí no existen políticas de reducción de riesgos ni programas de intercambio de jeringuillas. Mientras, otra faceta de la poliédrica guerra contra las drogas es el holocausto a cámara lenta orquestado por el asesino Duterte, en Filipinas. La cifra de muertos ha sobrepasado los 27.000 y sus vecinos de Bangladesh siguen su estela. Allí, bajo el mismo pretexto, a lo largo de 2018 la policía ejecutó a más de una persona al día. Según AI, “el terror se ha extendido en los barrios más pobres donde la gente teme que la menor sospecha de estar involucrado en el abuso de drogas pueda conducir a que sus familiares sean sometidos a otra presunta ejecución extrajudicial”.
Tanto el ministro uruguayo como los medios que pueden hablar en plata lo tienen claro. Con la legalización de las drogas, aumentaría la salud de las personas y comunidades que las consumen, así como la fortaleza de las democracias erosionadas por la corrupción. Tampoco lo han captado aquellos que ocupan la Generalitat de Catalunya, y duele a la vista, pues la pedagogía, compromiso y esfuerzo que han realizado el activismo y la sociedad civil catalana deberían ser un espejo en el que se buscaran los que llaman a desobedecer, en lugar de hacer una genuflexión más ante el Tribunal Constitucional.