La larga noche de los 8 años de gobierno de Rajoy dejaba un rastro de arbitrariedad, persecución y negación de derechos en el movimiento cannábico habiendo conseguido un doble objetivo: instruir a la fiscalía para ir al cuello de quieres representan a los CSC y sembrar cizaña dentro del movimiento cannábico a base de parar y anular todo intento de regulación autonómica o local, favoreciendo así el estigma y el aislamiento social del colectivo. Una táctica que se ha aplicado a muchos otros movimientos sociales a lo largo del torpe despertar de la cuestionada democracia española. La fórmula de los gobiernos autoritarios suele ser la misma: ante un conflicto de derechos y libertades que requiere una solución política se opta por la judicialización del mismo. Y no porque la justicia sea imparcial, sino justamente, por lo contrario, porque se controlan las salas del Tribunal Supremo “por detrás”. Para ganar, siempre les resulta más fácil sentar a alguien en un banquillo que en una mesa.

Pero el tiempo ha ido pasando, la covid-19 se viralizó y la ilusión de los inicios se transfiguró en frustración. La gestión de la emergencia social y sanitaria fue entregada a los militares y a la Guardia Viril y, de repente, ¡todos éramos soldados! Así que los tiempos autoritarios en realidad nunca se han ido. Las sentencias judiciales han seguido fustigando a personas que han dedicado su vida al cannabis y han abierto el camino a generaciones futuras. A pesar de las múltiples peticiones directas y campañas en redes sociales, no se ha dado ninguna consideración a los CSC o a las personas que consumen cannabis durante el estado de alarma y, como colofón, se siguen otorgando licencias para cultivar cannabis a empresas privadas con total falta de transparencia en los procesos. Hace tiempo que pasamos de la ilusión de vivir en un Estado social a la constatación que lo que nos aprisiona es un Estado Penal. Despertar es tomar consciencia, buenos días.