La operación policial fue motivada por presuntos delitos contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales, y fue iniciada por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. La intervención judicial ha obligado a la empresa a paralizar toda su actividad, tal y como explicaron a través de una nota de prensa. “Como consecuencia de esta intervención, los recursos financieros de la empresa han quedado bloqueados temporalmente por lo que nos hemos visto obligados a paralizar nuestra actividad hasta nueva orden y a tramitar un ERTE que incluye a la gran mayoría de nuestra plantilla. Un equipo compuesto por 93 empleados que se encuentran directamente afectados por el forzoso cese temporal de la actividad”, explicó la compañía.

La empresa, que confía en que la intervención acabe sin consecuencias legales, remarcó en el comunicado que llevan 21 años trabajando en el sector con total transparencia, y recordó que sólo en el último año “aportó a las arcas del Estado 900.000 euros en concepto de Seguridad Social y 2,2 millones en impuestos de sociedades y rentas del trabajo”. Además de la actividad comercial, Pot Sistemak ha tenido que paralizar un proyecto de investigación científica con cannabis que estaba llevando a cabo en convenio con la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Las diligencias del proceso avanzan bajo secreto de sumario, lo que supone una clara indefensión para los imputados, que tendrán de esperar al levantamiento del sumario para conocer los fundamentos en los que se basa la acusación.