Semanas atrás, el Congreso de Oaxaca, en México, aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para que eviten “actuar de manera arbitraria en lo relacionado con los cultivos legales de cannabis” ubicados en este estado. La iniciativa fue promovida por el diputado local de Morena –partido al que pertenece la actual presidenta Claudia Sheinbaum- Horacio Sosa Villavicencio, quien además hizo un llamado especial a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que “vigile la actuación de los agentes” de las fuerzas de seguridad para que dejen de “amedrantar a los productores” de la comunidad indígena de Santa Marta Chichihualtepec.
Este exhorto surgió a partir de que, según denunció el diputado Sosa Villavicencio, unos 150 agentes del Ejército mexicano, autoridades de la Fiscalía General y la COFEPRIS, irrumpieron en el domicilio de una cultivadora de cannabis autorizada por el ente sanitario. Luego, le habrían indicado a esta mujer que llamara al resto de las personas que se dedican a la planta y que cuentan permiso para que decirles que “dejen de hacerlo, porque se va a proceder a destruir plantíos y se incautarán las tierras”.
Desde la Asociación Indígena de Productores de Cannabis expresaron su temor de que las autoridades puedan cumplir sus amenazas y que, además, las agricultoras resulten detenidas por las fuerzas de seguridad. En diferentes comunidades indígenas repartidas en seis municipios de Oaxaca existen 113 personas que se dedican al cultivo de cannabis para elaborar productos medicinales y que cuentan con 63 autorizaciones emitidas por la COFEPRIS.
