Nancy Porter, habitante de toda la vida en Six Nations, describe con tristeza cómo los invernaderos de Legacy Farms surgieron sin aviso detrás de su casa, en tierras que durante generaciones fueron destinadas al cultivo tradicional. La falta de información oficial y las inundaciones derivadas de la obra fueron las señales de alerta para oponerse a las nuevas plantaciones, declaró a CBC News.

El caso ha generado tensiones sobre la autonomía regulatoria del cannabis en territorios indígenas. El consejo electo de Six Nations ha establecido una comisión propia para licencias, desvinculada de la ley federal o provincial canadiense. Esta iniciativa forma parte del ejercicio de soberanía de las comunidades, aunque para residentes como Nancy Porter, el proceso careció de transparencia y diálogo previo.

Las preocupaciones también se centran en la transformación que ha sufrido el territorio con la llegada de trabajadores, tránsito constante de camiones y una percepción, por parte de los residentes, que los valores comunitarios van desapareciendo. Algunos residentes han manifestado inquietudes sobre el origen de los empleados, aunque el dueño de Legacy Farms, Aaron Porter, asegura haber contratado mediante una agencia legal y respetando la normativa laboral canadiense.

La controversia se intensificó al conocerse que en el mismo terreno se construye un edificio residencial, respaldado por una agencia federal y que fue concebido para ser el mayor complejo residencial indígena con tecnología robótica. Sin embargo, ni el consejo ni los vecinos fueron notificados formalmente del proyecto.

El terreno  en cuestión fue parte de la finca familiar de Porter hasta 2023, cuando fue vendido. Desde entonces, entre la plantación de cannabis y el edificio en curso, se han generado disputas no solo sobre la propiedad, sino sobre la pertenencia simbólica, discutiendo el derecho a la continuidad cultural, el impacto ecológico y el modelo económico que se quiere para la comunidad.

El caso de Legacy Farms en Six Nations evidencia las tensiones, en un contexto de cannabis legal, entre autonomía indígena, producción agrícola y gobernanza comunitaria y que no solo refleja una disputa por el uso y la productividad del suelo, sino por la memoria del territorio.