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Andorra prepara la ley para cultivar cannabis medicinal

El Gobierno de Andorra prepara la entrada en el Parlamento de una ley específica para regular el cannabis medicinal, mientras avanza una reforma del marco agrario pensada para facilitar nuevas actividades económicas en el sector primario.

El anuncio supone un nuevo paso en un proceso que Andorra inició hace más de cinco años. En 2021, el Ejecutivo encargó un estudio para evaluar la viabilidad de una industria de cannabis medicinal y, meses después, presentó un informe favorable a su regulación. En 2022 encargó además la redacción de un anteproyecto de ley. Desde entonces, el proyecto había avanzado sin que se concretara un calendario legislativo.

El ministro de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Guillem Casal, señaló que  la presentación de la ley se realizará en “los próximos meses”, según explicó en una comparecencia recogida por la Cadena SER. El modelo, eso sí, no permitirá plantaciones al aire libre y el ministro dejó claro que el hecho de que el texto esté listo no garantiza que pueda aprobarse durante la actual legislatura.

La señal institucional más concreta llegó el 1 de septiembre, cuando el Gobierno aprobó un proyecto para modificar la Ley de agricultura y ganadería. La reforma crea una entidad representativa del sector primario, que deberá agrupar al menos al 65 % de las explotaciones agrarias activas del país.

El proyecto prevé además que agrupaciones legalmente constituidas del sector primario puedan tener acceso preferente a determinadas licencias o autorizaciones vinculadas a nuevas actividades agrícolas. El comunicado oficial no menciona expresamente el cannabis, pero Casal relacionó la reforma con el desarrollo de nuevas producciones y presentó en paralelo el calendario de la futura ley cannábica.

Por ahora, el avance es sobre todo regulatorio y productivo. Andorra no ha anunciado productos disponibles, condiciones de prescripción ni un sistema de dispensación para pacientes y el próximo paso será conocer el texto que llegue al Parlamento y comprobar qué equilibrio establece entre oportunidad económica y necesidades sanitarias.

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