Desde junio de 2025, la prohibición italiana sobre los cogollos del cáñamo mantiene bajo presión a productores y comercios de cannabis light. El artículo 18 del Decreto de Seguridad, convertido después en la Ley 80/2025, excluyó del régimen ordinario del cáñamo la importación, transformación, posesión, distribución, venta y consumo de flores, además de extractos, resinas y aceites obtenidos de ellas. La medida profundizó la línea restrictiva impulsada por el Gobierno de Giorgia Meloni, que ya había avanzado con un decreto que prohibía los derivados del cannabis.

El frente decisivo ahora se trasladó a la Corte Constitucional, que fijó para el 9 de febrero de 2027 la audiencia pública en la que examinará los argumentos contra la norma. Hasta que exista una resolución, la prohibición continúa vigente. El aplazamiento prolonga así una situación en la que el mercado permanece sometido a una regla penal mientras distintos jueces cuestionan si puede aplicarse sin comprobar que los productos tengan efectos estupefacientes.

Esa tensión también aparece en una tercera cuestión, remitida por un tribunal de Brescia y publicada en septiembre. Allí se discute si resulta compatible con la Constitución castigar de manera general productos derivados de flores de cáñamo incluso cuando carecen capacidad psicoactiva. Entre los principios invocados figuran la razonabilidad, la proporcionalidad y la libertad de iniciativa económica, además de normas europeas sobre circulación de mercancías.

En 2025, representantes del sector se organizaron contra la prohibición y un dirigente político llegó a abrir una tienda de CBD como acto de desobediencia civil para forzar una discusión judicial. Ese proceso, sin embargo, no debe confundirse con otro litigio abierto en Italia sobre las preparaciones orales con CBD, donde el Consejo de Estado suspendió temporalmente un decreto restrictivo y planteó cuestiones relacionadas con el derecho europeo.

El la próxima audiencia la Corte examinará si la prohibición general diseñada por el Gobierno puede sostenerse frente a los cuestionamientos constitucionales planteados por los tribunales remitentes. Mientras tanto, las flores de cáñamo siguen prohibidas y el sector deberá esperar hasta 2027 para conocer una respuesta sobre el fondo.