El proyecto H.4986 propone distribuir los centros entre el oeste y el centro de Massachusetts, las zonas de North Shore y South Shore y el área metropolitana de Boston. Estos espacios atenderían necesidades de salud mental y física, aunque el texto no establece diagnósticos específicos ni garantiza que toda persona interesada pueda acceder al programa.
Las licencias quedarían en manos del Departamento de Salud Pública, que tendría que elaborar las reglas junto con un comité asesor. Podrían postular organizaciones dirigidas por profesionales de la medicina, la psiquiatría, la psicología o la terapia, siempre que sus facilitadores acrediten experiencia o formación para administrar psilocibina. Cada entidad necesitaría además la aprobación previa de su junta local de salud. El modelo se aproxima al acceso supervisado desarrollado en Oregón, pero quedaría restringido a cinco centros sin fines de lucro.
Dentro de los establecimientos, las sesiones deberían realizarse con supervisión profesional y personal capacitado. La propuesta exige monitorear a las personas participantes, prestar primeros auxilios, facilitar derivaciones a servicios de salud mental y coordinar procedimientos de seguridad con las autoridades locales. Los centros también tendrían que adoptar precios que favorezcan el acceso, aunque el proyecto no fija tarifas, subsidios ni mecanismos públicos de financiamiento.
La iniciativa incluye protección frente a detenciones, procesos penales y sanciones administrativas motivadas únicamente por participar en un centro autorizado. Esa cobertura alcanzaría a participantes, profesionales, trabajadores, entidades operadoras y propietarios de los inmuebles. El Departamento de Salud Pública debería informar sobre visitas, derivaciones posteriores, resultados financieros y acontecimientos adversos durante los 18 meses siguientes a la implementación, y después cada año. Este resguardo sería más limitado que las medidas de despenalización local adoptadas en ciudades como Somerville.
H.4986 aparece después de que el electorado rechazara en 2024 una reforma más amplia sobre psicodélicos naturales. Aquella propuesta contemplaba acceso regulado para personas adultas y eliminaba sanciones por determinados usos personales. El nuevo proyecto se concentra exclusivamente en la psilocibina y responde a una tendencia estadounidense donde el respaldo al uso terapéutico supera al apoyo a reformas generales, una distancia observada en el debate público sobre la regulación psicodélica.
Tras el rechazo electoral, Massachusetts prueba una puerta considerablemente más estrecha. El proyecto no normaliza el uso general de psilocibina, pero busca trasladar una parte de la respuesta desde el castigo hacia un espacio regulado, con supervisión sanitaria y evaluación pública de sus resultados. Por ahora, esa puerta continúa cerrada: la Comisión de Financiamiento de la Atención Sanitaria tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para informar la iniciativa.
