La convocatoria forma parte de la implementación del Chapter 65, la ley aprobada en abril que moderniza distintas áreas de la regulación estatal del cannabis. Entre otras disposiciones, la norma exige que la Comisión revise al menos cada dos años las reglas y protocolos de análisis, celebre una audiencia pública y publique después un informe con sus conclusiones y un resumen de los testimonios recibidos.
Por ahora, la Comisión no ha aprobado nuevas exigencias. La consulta busca recoger observaciones de laboratorios, consumidores, pacientes y empresas antes de la revisión regulatoria. Los protocolos vigentes determinan el muestreo, la preparación de las muestras, las pruebas microbiológicas y de pesticidas, la repetición de análisis y la forma de registrar los resultados. Los comentarios servirán para orientar la revisión, no para aprobar automáticamente cada propuesta recibida.
El proceso llega mientras Massachusetts examina la fiabilidad de esos controles. Una auditoría oficial sobre la potencia declarada de THC analizó 63 productos de flor de 62 productores, adquiridos en comercios de uso adulto y dispensarios medicinales. Trece muestras quedaron fuera del rango aceptado, fijado entre el 75 % y el 125 % de la potencia indicada en la etiqueta; otras siete quedaron a menos de dos puntos porcentuales del límite.
La agencia comenzó a notificar a los productores y a impedir nuevas ventas de los productos no conformes. Cada empresa debe optar, según el caso, por retirar y reprocesar con nuevas pruebas, retirar y reetiquetar, volver a analizar o destruir el producto. La potencia declarada afecta el precio de la flor y también las decisiones de dosificación de pacientes, de modo que la precisión de la etiqueta tiene consecuencias comerciales y sanitarias.
La discusión tampoco se limita al THC. En abril, el departamento de análisis de la Comisión presentó 14 recomendaciones preliminares para revisar los protocolos, agrupadas en pruebas microbiológicas, retiradas de productos, estandarización de resultados, muestreo y pesticidas. Entre las propuestas aparecían reglas más claras para repetir análisis, homogeneizar muestras y cargar resultados en el sistema estatal.
Esas recomendaciones siguen sujetas a cambios. La audiencia del 25 de agosto no cerrará la reforma y servirá como punto de partida para una revisión que comenzará en septiembre. El resultado permitirá medir hasta qué punto un mercado legal puede traducir la promesa de control y transparencia en procedimientos verificables y resultados fiables.
