El regulador portugués Infarmed ha respondido a las críticas de la industria por los retrasos administrativos. Durante un encuentro del sector celebrado en Lisboa, Vasco Bettencourt, director de su unidad de licencias, aseguró que los certificados de exportación se expiden ahora en 12 días. Su intervención, recogida por el medio Business of Cannabis, llegó después de que un asistente denunciara esperas de entre dos y tres meses.
Bettencourt defendió el endurecimiento de los controles y explicó que los problemas detectados estaban relacionados principalmente con los registros, la gestión de residuos, la trazabilidad y la verificación de clientes y proveedores, no con la calidad de los productos en sí. La inspectora Ana Rita Martins añadió que la supervisión se ha ampliado a empresas que ya estaban operando, en lugar de concentrarse únicamente en los nuevos solicitantes.
Desde junio, la Deliberação n.º 630/2026 obliga a las empresas autorizadas a cultivar o fabricar cannabis medicinal a presentar informes trimestrales sobre sus actividades. Los documentos deben permitir reconstruir los movimientos de materias primas y productos, comprobar las existencias y justificar posibles discrepancias. Las empresas disponen de 15 días desde el cierre de cada trimestre para remitirlos electrónicamente a Infarmed.
Los últimos datos de la actividad portuguesa muestran que el aumento de la fiscalización coincide con una fuerte expansión comercial. Infarmed realizó 57 inspecciones de cultivo y fabricación en 2025, frente a las 38 de 2024, y otras 32 durante el primer semestre de 2026. Mientras tanto, las exportaciones alcanzaron los 66.305 kilos en esos seis meses, después de haber sumado 79.883 durante todo el año anterior.
El regulador ya había anunciado medidas para mejorar la supervisión y agilizar los procedimientos en 2025. Su nuevo mensaje intenta conciliar un control más estricto con las necesidades de una industria orientada al mercado internacional. Para comprobar si lo consigue, además de las cifras de inspecciones y exportaciones, harán falta datos públicos sobre los tiempos reales de tramitación y la evolución de las autorizaciones.