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Portugal: 25 años de despenalización con un modelo administrativo

A un cuarto de siglo de la reforma, la posesión de drogas para consumo propio sigue fuera del sistema penal en Portugal. El modelo combina comisiones administrativas, atención sanitaria y reducción de daños. Frente a los retrocesos recientes de Oregón y Columbia Británica, el caso portugués muestra que retirar una pena no basta por sí solo. La continuidad también depende de la institucionalidad que los sostiene.

La Lei n.º 30/2000, vigente desde el 1 de julio de 2001, convirtió el consumo, la adquisición y la posesión para uso propio en infracciones administrativas. No legalizó las drogas ni eliminó las sanciones contra el tráfico. Su efecto más visible fue sacar esas conductas del ámbito penal y llevarlas a un circuito distinto.

Pero la reforma no quedó congelada en 2001 y, para 2023, Portugal había ampliado el alcance de la despenalización y la cantidad de referencia para diez días de consumo dejó de ser una barrera automática para aplicar el régimen administrativo.Por eso, si se demuestra que la sustancia era exclusivamente para uso propio, la causa debe derivarse a las comisiones.

Los datos de 2024 ayudan a dimensionar esa estructura ya que según datos oficiales, la red pública ambulatoria atendió a 24.184 personas en Portugal continental. Las comisiones realizaron 5.794 audiencias; el 73 % de las personas involucradas fue clasificado como no dependiente y el cannabis estuvo presente en el 71 % de los procedimientos iniciados.

La evolución de los diagnósticos de VIH entre personas usuarias de drogas inyectables también integra ese panorama. Las autoridades sanitarias portuguesas registraron 66 casos en 2015 y 19 en 2024. La caída forma parte de una tendencia más extensa, pero no puede adjudicarse a la despenalización de manera aislada: intervienen la prevención, el acceso a tratamiento y las estrategias de reducción de daños.

En cambio, las políticas de Columbia Británica y Oregón siguieron trayectorias más cortas y cambiantes. La provincia canadiense inició en 2023 un programa piloto para despenalizar la posesión de hasta 2,5 gramos de determinadas sustancias, pero restringió su aplicación en espacios públicos al año siguiente y dejó expirar la exención en enero de 2026. Oregón, que despenalizó la posesión de pequeñas cantidades, volvió a penalizarla en septiembre de 2024.

La experiencia portuguesa no ofrece una receta trasladable sin más, pero si deja una referencia clara de cómo una modificación legal puede ser efectiva cuando está acompañada por organismos, servicios y recursos capaces de sostenerla en el tiempo.

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