El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordena disparar a matar a las personas que se salten la cuarentena del coronavirus.
Duterte nunca decepciona como ejemplo de régimen totalitario. Un régimen, además, del que se habla poco, nadie recuerda y, además, cuenta con el apoyo de algunos países relevantes en el panorama internacional como EE.UU. o China. El día que Duterte tomó posesión de su cargo hizo efectiva su promesa electoral de luchar a muerte contra las drogas y un número indeterminado entre 5.000 y 10.000 personas, a las que se les ha relacionado tanto con la venta como con el consumo de drogas, han sido asesinadas por la policía e, incluso, ciudadanos de a pie con el beneplácito del estado. ¿Qué podría pasar cuando un totalitarista como Duterte tiene que poner orden durante una cuarentena? Más mano dura en un momento en el que no hace ninguna falta.
El presidente filipino ordenó a las fuerzas de la ley que “disparen a matar” a las personas que violen los requisitos de la cuarentena. Por si no tuvieran suficiente con los muertos que va a poner el virus sobre la mesa, él quiere llevar a alguno más a la morgue porque sí.
"No dudo. Mis órdenes son para la policía y el ejército, si hay problemas o surge una situación en que la gente pelea y sus vidas están en peligro, disparen a matar", aseveró anoche el mandatario en un discurso televisado. "Muerto. A cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba".
Mientras Duterte lanzaba su amenaza en la puerta de una comisaría la gente protestaba para que la policía les ayude con todo lo que se les viene encima. Duterte ha cerrado el país por completo pero no ha preparado ni una sola medida para ayudar a la gente que se ha quedado de la noche a la mañana sin ingresos. Su idea de ayuda pasa por repartir unos 4.000 millones de dólares entre 18 millones de habitantes. Teniendo en cuenta de que el 16% de la gente vive por debajo del umbral de la pobreza, se plantea como una medida que va a ser insuficiente. Para colmo, las ayudas tardarán en llegar (si llegan y no se las queda él y su cohorte) porque ni siquiera tienen un censo actualizado de la población.
Algunas organizaciones de Derechos humanos ya han protestado sobre este asunto pues se plantea, claramente, como una oportunidad más de Duterte de afianzar su poder y ejercer con toda impunidad la represión y la violencia a la que su pueblo está acostumbrado.
“Estamos seriamente alarmados de que las palabras del presidente, que se traducirán en formas peores y más brutales de violaciones de los derechos humanos, represión y violencia estatal en los próximos días", lamentó la organización de derechos humanos Karapatan.