El viraje pro‑mercado del nuevo Ejecutivo, que sorprendió a parte del electorado por mantener compromisos del rescate del FMI, incluye incentivos fiscales transparentes para inversiones superiores a 50 millones de dólares y reformas en sectores clave como la energía.

En ese marco, la Junta de Inversiones confirmó en septiembre que se prevé iniciar cultivos de cannabis para obtener aceite medicinal en recintos con altas medidas de seguridad y, en una primera fase, mediante pilotos en contenedores. La meta es duplicar la inversión extranjera directa el próximo año y diversificar las exportaciones con productos de valor agregado.

La apuesta en el cannabis aparece -junto con otras medidas- tras el colapso económico de 2022, que derivó en impagos, racionamiento y protestas masivas. En el plano normativo, Sri Lanka mantiene el uso recreativo del cannabis como ilegal, pero permite su utilización medicinal dentro del sistema ayurvédico bajo licencias estatales.

En agosto, autoridades confirmaron por primera vez permisos a inversionistas extranjeros para cultivar cannabis en condiciones estrictas, señal de que el país busca ordenar una cadena formal de suministro con fines médicos y de exportación. El paso siguiente será asegurar estándares de calidad, trazabilidad y cumplimiento internacional para acceder a mercados exigentes.

El programa plantea dilemas conocidos como el que tiene relación con compatibilizar la generación de divisas a través de exportaciones con el acceso interno de usuarios medicinales de cannabis y cómo evitar que un esquema puramente extractivo consolide desigualdades.

Con respecto al enfoque de salud pública y reducción de daños, la discusión indica que no es si el cannabis se produce, sino bajo qué reglas, con qué controles y con qué derechos para los consumidores y trabajadores del sector.