A comienzos de este año, Pharmin, una compañía de capitales georgianos y que operaba en Uruguay, despidió al 100% de sus trabajadores vía Whatsapp. Un total de 65 personas se enteraron que se quedaron sin empleo por una cadena de Whatsapp, mientras los representantes de la empresa desaparecieron del país sin pagar salarios, vacaciones, aguilandos ni indemnizaciones. Ahora, la última novedad es que la fábrica fue rematada por disposición judicial y se ha logrado una recaudación total de 335 mil dólares (302 mil euros) y que servirá para cubrir las deudas contraídas por los dueños.
La subasta se dividió en dos grandes lotes. El primero de ellos fue un invernadero de 24 mil metros cuadrados que cuenta con un sistema automatizado para el cultivo de cannabis. La puja había iniciado en 100 mil dólares y se terminó rematando por unos 205 mil dólares. El comprador se presentó como un productor hortícola de Paysandú, un departamento limítrofe con Argentina, que también trabaja con drones de forestación.
El segundo lote se trató de un laboratorio con toda su maquinaria para la extracción y elaboración de aceites medicinales de cannabis que se remató por 130 mil dólares. El comprador fue un representante de Zonamérica, la zona franca donde estaba instalada la fábrica.
Germán González, secretario general de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustrial de Uruguay y el máximo representante de las personas despedidas de Pharmin, cuestionó el valor por el cual fueron rematados los bienes de la compañía de capitales georgianos. “Se remató un invernáculo de 24 mil metros cuadrados, todo techado, de policarbonato, con luces. Son aproximadamente 18 naves con focos y cada nave lleva 240 focos. Cada foco vale mil dólares”, dijo el dirigente sindical, quien calificó como “irrisoria” la cifra final del remate.
“Nadie defendió a los trabajadores. Yo estuve en el remate y el rematador hizo su trabajo, demoró mucho tiempo para que alguien ofertara mejor. Pero cuando llegó el momento que ofrecieron, miró para donde estaba el alguacil, y el alguacil dio el visto bueno a los USD 205 mil”, relató. “Hay que tener conocimiento de lo que se vende. No se puede regalar por USD 200.000 algo que salió USD 9,5 millones. No se paga ni el nylon”, cuestionó González.