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Ilustración de Óscar Noguera
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Probablemente Belice no sea un país demasiado conocido para algunos de nuestros lectores, sin embargo, su reconocido prestigio como paraíso fiscal con alto nivel de confidencialidad lo hace popular entre defraudadores de todo el mundo.

Sin rubor, ciertas compañías especializadas en la formación de sociedades offshore y en banca offshore ofrecen servicios dirigidos al “mundo empresarial” tales como la creación de sociedades en Belice, único paraíso fiscal de Centroamérica y América del Sur donde el inglés es el idioma oficial.

Son múltiples las ventajas de establecer una compañía de negocios internacionales (IBC, sus siglas por su nombre en inglés: international business company) en Belice, entre ellas, los altos niveles de confidencialidad, exención de todos los impuestos locales, ausencia del requisito de capital mínimo, inexistencia de controles de divisas y no sujeción a la obligación de presentación de enojosos informes contables, declaraciones de impuestos o celebración de juntas de socios; la constitución de la sociedad es rápida y simple y puede realizarse en menos de una hora, además, no existe información oficial a disposición del público acerca de los directivos, accionistas y beneficiarios efectivos. De hecho, cualquier persona física o jurídica podrá ser accionista o director, y algunas empresas ofrecen servicios de prestación de estos cargos. Es decir, ni siquiera hay que desplazarse a Belice para constituir la IBC.

Según diferentes organizaciones internacionales, hay docenas de países que pueden considerarse paraísos fiscales, y cada uno de ellos se especializa en uno o más tipos de transacciones financieras. A este respecto, Belice se promociona como la primera opción para inversores internacionales que necesitan de las ventajas de una IBC creada en un país en el que “la privacidad es política de estado”.

Situada entre México y Guatemala, esta antigua colonia británica asume su condición de ser uno de los mejores paraísos fiscales del mundo, especialmente para la protección de activos offshore. Una IBC en Belice se establece siguiendo la Ley de Sociedades Comerciales, aprobada en 1900 y enmendada en el 2000, y que tiene por objeto garantizar el máximo nivel de confidencialidad, “una ventaja comercial reconocida y apreciada en todo el mundo”. La ley de Belice –afirman– es una garantía para la privacidad comercial y la libertad del individuo.

Se dice que Belice es el país perfecto para instalar una empresa, debido a su impresionante récord de paz y democracia. Miembro de la ONU y de la Commonwealth, el país tiene un sistema legal basado en el Derecho Común Inglés, no ha participado en ningún conflicto político o civil y, sobre todo, no da a conocer sus actividades bancarias o datos fiscales bajo ningún acuerdo de intercambio de información, ni siquiera con motivo de acusaciones de evasión de impuestos.

 

Presuntos usuarios

En el 2011, según informaciones de prensa, se sospechaba que Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres utilizaron una fundación de ayuda a niños discapacitados creada por ellos para evadir a Belice parte del dinero recaudado por procedimientos presuntamente ilegales.

Se trataba de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, cuyos estatutos afirman: “Queremos realizar una contribución a la mejora de la sociedad (…) mostrando cómo cultura y deporte pueden ser magníficos instrumentos para lograr la integración social de colectivos desfavorecidos”. La entidad se define como sin ánimo de lucro.

Por otra parte, en el 2015, según diversos medios, los investigadores de la fortuna del clan Pujol hallaron 900 millones de euros en Belice.

 

Tolerancia cero a las drogas en el paraíso de la libertad individual

Belice ha mantenido una política de tolerancia cero respecto a las sustancias ilícitas. Las actividades asociadas con estupefacientes están prohibidas por la Ley sobre el Abuso de Drogas de 1990, creada para aplicar las normas de la Convención Única de Estupefacientes y otros tratados, y divide las drogas en tres categorías (A, B y C), sin establecer mecanismos para añadir, eliminar o transferir estas sustancias de clase. El cannabis está clasificado en el grupo B.

En general, los delitos relacionados con opio, cocaína, heroína y cannabis pueden ser penados con dos años de prisión y unos 37.000 dólares americanos de multa. Si una persona se encuentra en posesión de más de 2 gramos de heroína, 3 de morfina o 60 de cannabis, será considerada cómplice en el tráfico de drogas.

Entrada al Jaguar’s Temple en San Pedro Town, Belice. Foto: Serge Melki
Entrada al Jaguar’s Temple en San Pedro Town, Belice. Foto: Serge Melki

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en el 2006 Belice tenía la tercera tasa de consumo de cannabis en América (8,45), tras Jamaica y Estados Unidos. En el 2012, el Gobierno anunció el nombramiento de un comité para evaluar una propuesta de despenalización de la tenencia de cannabis. A continuación se conformó el Comité para la Despenalización de la Marihuana, presidio por Douglas Singh, exministro de Policía y compuesto por nueve personas, que “representarían a amplios estratos de población”. En el 2015, el grupo emite un informe en el que recomienda que la posesión de hasta 10 gramos de marihuana no se considere delito.

Por otra parte, la aplicación de las leyes sobre cannabis es difícil, dada la falta de recursos policiales, la abundancia de mano de obra para trabajar en las plantaciones y las grandes extensiones de tierras despobladas. En 1980 se realizó una exitosa campaña de erradicación de marihuana financiada por Estados Unidos, lo que propició que los traficantes pasaran a concentrar sus esfuerzos en facilitar el transbordo de cocaína.

El sistema penitenciario, como el de tantos países, sufre de hacinamiento y déficits estructurales. Con 495 presos por 100.000 habitantes, Belice se sitúa en la novena posición de población encarcelada per cápita en el mundo. Según datos de 1996, el 57,9% de la población carcelaria estaba presa por algún delito relacionado con drogas y un 39,6% por posesión o tráfico.

La llegada de los cárteles de la droga afectó fuertemente al número de delitos cometidos en el país. Entre el 2000 y el 2011 se duplicó la tasa de homicidios. En América Central, durante el 2011, solo el Salvador y Honduras tuvieron mayores tasas de homicidios. El informe 2013 de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos señala: “La seguridad en todo el país se deterioró en el 2012. Hubo 145 homicidios a lo largo del año, superando el punto más alto hasta ese momento, que era de 129 en el 2010”.

Las leyes de Belice no distinguen con claridad entre las diferentes cantidades de drogas poseídas, salvo cuando superan el umbral de los 60 gramos. Por ello, los registros penales suelen reflejar el delito pero no la cantidad, criminalizando al detenido de forma indiscriminada. La Ley sobre Abuso de Drogas tampoco desarrolla las sanciones que se deben imponer en función de las diversas cantidades, quedando a la discrecionalidad de los tribunales la imposición de penas, lo que constituye una fuente de incertidumbres e inequidades. Resulta improbable que dos tribunales impongan idéntica pena a dos personas detenidas por el mismo delito.

En el 2014, Belice anunció que avanza hacia el establecimiento de un tribunal de drogas con la ayuda de la OEA. Se parte de la consideración de que enviar a los jóvenes que participan en delitos de drogas a centros de rehabilitación en lugar de a las cárceles contribuiría a su recuperación y reinserción social. También se anuncia la propuesta de eliminar los antecedentes penales de las personas sorprendidas consumiendo drogas por primera vez.

Belice recibe de Estados Unidos financiación, barcos, equipos de comunicaciones y fondos para programas de capacitación, todo orientado a la realización de programas antidrogas para reducir el tráfico y el consumo.

Sin embargo, las relaciones no siempre son cordiales entre los dos países. En el 2011, Estados Unidos incluyó a Belice en su “lista negra” de naciones productoras o de tránsito de drogas que no colaboran lo suficiente. El informe de la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos del 2014 del Departamento de Estado de Estados Unidos afirma: “Los esfuerzos antinarcóticos de Belice se ven obstaculizados por la corrupción, las deficiencias en la recopilación de información y análisis y lo anticuado de su sector judicial y la falta de voluntad política”.

Y es que el país está situado en la ruta de la cocaína entre Sudamérica y Estados Unidos. Se estima que toneladas de cocaína pasan anualmente a través de su territorio. Pese a que a la financiación y aportes estadounidenses se suman las contribuciones de Canadá y el Reino Unido, las fuerzas de seguridad están mal equipadas. No disponen de radares para detectar vuelos no autorizados, los militares no tienen helicópteros y la telefonía móvil no puede ser interceptada. “En términos de herramientas y tecnología operamos como en los años sesenta”, afirmaba el ministro de Policía.

En lo relativo a la reforma de la política de drogas, Belice adopta una posición activa. En el 2012 fue uno de los países latinoamericanos que impulsó una moción para que la Asamblea General de la ONU debatiera enfoques alternativos a la guerra contra las drogas. La iniciativa fue propuesta en el 2012, año en el que México, Guatemala y Colombia emitieron una declaración conjunta, poniendo en cuestión la eficacia de las presentes leyes y estrategias. La resolución fue apoyada por 95 países, y la cumbre de la UNGASS se acaba de celebrar hace unos días en Nueva York. Seguiremos informando.

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