Honduras es uno de los países más pobres y violentos de América. Situado en las rutas del narcotráfico internacional, anualmente circulan por su territorio entre 140 y 300 toneladas de cocaína. Sus poco más de 112.000 km2, que están muy despoblados, limitan con los océanos Atlántico y Pacífico y con tres fronteras: Guatemala, Nicaragua y El Salvador, todas ellas de difícil control, en especial para un estado cuyas fuerzas militares y policiales son escasas, anticuadas y corruptas. Grandes zonas costeras, en especial las cercanas a Nicaragua, son enclaves para el aterrizaje de aeronaves del narcotráfico. La frontera con Guatemala es, a su vez, punto de paso de mercancías ilícitas. La policía exige sobornos, colabora con organizaciones criminales y algunos de sus miembros han participado –cuando no dirigido– en violentas operaciones mafiosas.

Si Honduras fue históricamente inestable, las guerras y los cambios macroeconómicos de las últimas décadas propiciaron las condiciones para la implantación del crimen organizado. La ubicación del país en una región azotada por conflictos bélicos favoreció el tráfico de armas y drogas, al mismo tiempo, las decisiones gubernamentales de participar en acuerdos de libre comercio destruyeron el tejido económico tradicional.

En la década de los ochenta, Honduras fue base de distribución de productos ilegales. El Gobierno de Estados Unidos, preocupado por una supuesta amenaza comunista que podía llegar hasta su territorio, utilizó la flota aérea del narcotráfico hondureño en apoyo a la Contra, que trataba de derrocar al gobierno Sandinista de Nicaragua.

A principios del siglo xxi se produjo un fuerte incremento en el tráfico de drogas. Cuando los cárteles mexicanos reforzaron su papel, Centroamérica cobró gran importancia y aparecieron grupos locales de transportistas que operaban a nivel internacional.

Hacia la república mafiosa

En el 2009, un golpe de estado derrocó al presidente Manuel Zelaya, que fue detenido y deportado por el ejército. El motivo esgrimido fue el proyecto gubernamental de establecer, previo referéndum, una asamblea constituyente. Motivos más de fondo fueron el acercamiento de Zelaya al bloque del ALBA y los leves incrementos salariales que indignaron a los sectores más bananeros del capitalismo avanzado.

La violencia se implementó como forma de control social. Las 390 masacres y los 40.000 asesinatos perpetrados desde entonces así lo atestiguan. La confluencia entre empresarios, políticos y narcos abocó a lo que los sectores críticos han llamado la “república mafiosa”. Las fuerzas de seguridad sucumbieron bajo los efectos de los millones de dólares que les fueron inyectados por el narco.

Guatemala fue desplazada como lugar de almacenamiento de drogas, al tiempo que los cárteles se adueñaron progresivamente de grandes zonas de la costa norte hondureña, así como de municipalidades, registros de la propiedad, juzgados, bancos y cuarteles. Los narcos colombianos desviaron sus rutas y convirtieron el país en el principal punto de tránsito de cocaína. Los pueblos indígenas fueron sometidos por gánsteres que se apropiaron de las zonas estratégicas de sus territorios, con el beneplácito de las autoridades estatales.

En el 2010, Estados Unidos señaló a Honduras como país significativo en cuanto a tráfico de drogas. Según estimación del Departamento de Estado norteamericano, el ochenta y siete por ciento de los vuelos con estupefacientes que ingresaban en su territorio desde Sudamérica pasaban por el país centroamericano. La tasa de homicidios se disparó hasta convertirse en una de las más altas a nivel mundial. San Pedro Sula, al noroeste del país, superó a la mexicana Ciudad Juárez como la más violenta del mundo.

La situación socioeconómica favoreció la expansión de las pandillas juveniles callejeras, que se convirtieron en un fuerte factor de violencia. Honduras tiene decenas de miles de pandilleros, principalmente agrupados en el Barrio 18. Su presencia se extiende por todo el país y a nivel internacional, sus principales actividades son extorsión, secuestro y asesinato.

Existe hacinamiento en las cárceles, y los disturbios y asesinatos en el interior de las mismas son frecuentes. Un incendio producido en febrero del 2012 en el que murieron más de 350 personas, la mitad de ellos a la espera de juicio o sentencia, puso de manifiesto las deplorables condiciones penitenciarias.

Los civiles pueden poseer hasta cinco armas de fuego, aunque el debate legislativo en curso propone reducir el número a una y establecer limitaciones en cuanto a licencias. Se estima que el setenta por ciento de las 850.000 armas en circulación son ilegales. Miles de armas desaparecieron de los arsenales gubernamentales, y se sospecha que pasaron a engrosar un mercado negro que abastece a delincuentes de toda la región.

En el 2011 se inició una reforma policial orientada a expulsar a los elementos corruptos que obtuvo escasos resultados. Paralelamente, el Gobierno recurrió progresivamente al ejército para la realización de actividades policiales. Desde el 2014 se desplegaron dos mil policías militares; el objetivo es alcanzar los cinco mil. El ejército, que cuenta con unos diez mil efectivos, es poderoso en los planos económico y político. Defensores de derechos humanos han criticado el creciente poder militar y la intensificación de su participación en labores de seguridad pública.

Ya en el 2012, el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos presentó demanda ante la Suprema Corte contra el uso del ejército en labores policiales con el argumento de que viola la separación ejército-policía recogida en la Constitución. A lo largo del año, la violencia alcanzó sus niveles más altos. Al mismo tiempo, los “nacionalistas” iniciaron la subasta de amplios territorios para la construcción de las “ciudades modelo”.

Se vende país

En el 2011 se había aprobado el Estatuto Constitucional de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), versión local de las “ciudades modelo” promovidas por el economista norteamericano Paul Romer, y que buscan atraer la inversión extranjera. Tras reformar la Constitución, el proceso desemboca en la aprobación de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que gozan de gran autonomía. Las ZEDE cuentan con tribunales propios que pueden adoptar sistemas o tradiciones jurídicas extranjeras; determinan sus propios presupuestos, recaudan y administran los tributos y determinan las tasas por los servicios que prestan; pueden contratar y obligarse dentro y fuera del país; cuentan con régimen fiscal independiente, sin control de cambios y sobre la base de la libre circulación de bienes y capitales; cuentan también con control propio sobre el ingreso de naves y aeronaves en sus territorios.

Las ZEDE han sido concebidas y vendidas como paraísos fiscales para capitales foráneos, libres de trabas burocráticas y de control estatal, y también como un nuevo modelo de desarrollo en el que se concentran inversión, innovación tecnológica, mano de obra pauperizada, recursos naturales y biodiversidad ilimitada y gratuita.

Campesinos y ambientalistas se oponen a que las ZEDE puedan establecer impuestos sobre el valor de la tierra de propiedad privada y a la autorización de que disponen para administrar la propiedad del suelo en zonas de baja densidad de población, y que les autoriza a expropiar a los propietarios previa indemnización. Las funestas consecuencias de toda oposición son de sobra conocidas.

Criminalización de los pueblos indígenas

En mayo del 2012, un reputado periódico estadounidense publicó un artículo titulado “Lecciones de Irak ayudan a Estados Unidos en su guerra contra las drogas en Honduras”. Días después, helicópteros de la DEA atacaron a un grupo de misquitos y asesinaron a cuatro personas, un hecho que marcó el inicio de la criminalización de los pueblos garífuna y misquito.

Los movimientos indígenas denuncian el doble discurso de la guerra contra las drogas: “Por un lado se masacra a indígenas inocentes y por otro se financia al narcogobierno en su imaginaria guerra contra las drogas. Una hipocresía que ha permitido que la estructura socioeconómica se concentre en manos de un reducido grupo de criminales que detentan el poder político y económico en detrimento de los intereses populares”.

Los garífunas resisten un proceso de expulsión de la costa norte, en la que pierden terreno ante la presión de empresarios turísticos y crimen organizado. La situación ha conllevado migraciones masivas, como el éxodo de menores que se produjo entre fines del 2013 e inicio del 2014.

El pueblo garífuna reivindica el replanteamiento de la guerra contra las drogas y el desmantelamiento de los ejes económicos establecidos ilegalmente en el país y que manejan buena parte de la economía. “De no ser así, nuestra juventud se verá obligada a huir de un conflicto del cual se ha mantenido al margen hasta la fecha”, afirma uno de sus portavoces.

Organizaciones sociales señalan que la complicidad entre la narcopolítica y la estrategia de control de Estados Unidos manifiesta claramente que el trasfondo de la guerra contra las drogas va más allá del combate al narcotráfico y busca el control territorial. A título de ejemplo, citan al expresidente colombiano Álvaro Uribe, que pasó de ser señalado por la DEA como aliado de Pablo Escobar a convertirse en la mano derecha de Washington en Sudamérica.

En las elecciones del 2013, abaladas por la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea, que parecen inclinarse por un régimen de extrema derecha implicado en la depredación de las instituciones, se produjo un asalto del crimen organizado a la gobernabilidad, al apoderarse de numerosas alcaldías mediante la compra abierta de votos.

En abril del 2016, el New York Times reveló la implicación de altos mandos de la policía hondureña en asesinatos de oficiales antidroga. A su vez, el diario La Tribuna difundió un informe en el que se señalaba que en los últimos ocho años integrantes de la Policía Nacional ejecutaron a 591 ciudadanos.

Las revelaciones periodísticas sobre el colapso de la Policía Nacional, pese a ser tardías, muestran cómo el golpe de estado fue el catalizador de la descomposición institucional. Pese a la fantochada estatal de efectuar una depuración, se optó por enmascarar los crímenes y establecer una alianza con el crimen organizado.

Sueños insurreccionales

“Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades serán nulos, el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”, artículo 3 de la Constitución de Honduras.