Algo de historia

Perú inició las exportaciones de hoja de coca y cocaína en el siglo xix, época en la que dichos productos se destinaban legalmente al mercado norteamericano. A mediados del siglo xx, bajo presiones de Washington, Lima se adhiere a las políticas prohibicionistas y pronto aparece el tráfico ilícito de drogas. Desde entonces, gran parte de la cocaína que sale del país lo hace por la frontera sur, a través de Chile, hasta que la llegada al poder de Pinochet en 1973 fuerza el cambio de ruta hacia Colombia y propicia con ello la futura aparición de los grandes cárteles. La mayor parte de la hoja de coca era procesada en Perú hasta su transformación en base, que luego se refinaría en el exterior. En la década de los ochenta, Perú se convierte en el mayor productor mundial de cocaína.

Es también en la década de los ochenta cuando aparece, en Ayacucho, la guerrilla Sendero Luminoso, que se va extendiendo por las tierras altas hasta llegar a Lima. En el conflicto participan además Túpac Amaru, grupo rival de Sendero, y las rondas campesinas apoyadas por el Gobierno.

Casi setenta mil personas mueren o desaparecen entre 1980 y 2000; casi la mitad de las muertes se imputan a Sendero Luminoso, en tanto las fuerzas gubernamentales son acusadas de otras veintitrés mil muertes y de desprecio hacia los derechos humanos. En 1992 es detenido el líder de Sendero, Abigail Guzmán, y la organización entra en declive y se escinde en dos grupos. Mientras esto sucede, disminuye la producción de cocaína a causa de las políticas de seguridad implementadas por Alberto Fujimori, y el grueso de la producción se desplaza a Colombia. Pese a ello, el narcotráfico continúa influyendo fuertemente en las instituciones, como lo muestra el arresto del jefe de seguridad del Estado, Vladimiro Montesinos, acusado de corrupción y vínculos con el crimen organizado.

La producción de cocaína aumenta en años posteriores y contribuye al resurgimiento de Sendero Luminoso. Perú y Colombia se alternan como líderes mundiales en cuanto a cultivos de coca y producción de cocaína. En el 2015, Colombia aparece como líder mundial tras disminuir un catorce por ciento los cultivos peruanos el año anterior. La influencia del narcotráfico entre las fuerzas de seguridad, los políticos y la justicia se hace más y más evidente.

En la actualidad, el Gobierno pretende reducir los cultivos de coca a treinta y ocho mil hectáreas para el 2021, un objetivo aparentemente difícil debido a la legalidad de los usos tradicionales y a la influencia política de los cocaleros.

La minería ilegal es una actividad estructurada en torno a capos del oro, grupos armados, familias elitistas y políticos; sus ganancias se estiman en unos tres mil millones de dólares anuales; las zonas mineras son lugares de tráfico de personas para dedicarlas al trabajo forzado o a la explotación sexual.

Del negocio de la madera ilegal proceden hasta el ochenta por ciento de las exportaciones peruanas de dicho producto, un mercado que genera unos setenta y dos millones de dólares anuales.

La Policía Nacional Peruana es notoriamente corrupta; en el 2015, el Gobierno reveló que un noventa y cinco por ciento de los detenidos eran puestos en libertad poco después de su captura, pese a que la mayoría de ellos habían sido detenidos en flagrancia; una situación que se extiende a las prisiones, que operaban al 233% de su capacidad en el 2016, facilitando las fugas y la falta de control interno.

Por su parte, el prestigio de las Fuerzas Armadas está deteriorado por los abusos perpetrados durante la guerra civil y por el apoyo de algunos mandos militares a Fujimori. Ha podido constatarse que sectores de las Fuerzas Armadas han participado en redes de tráfico de armas con destino al crimen organizado.

Se legalizó el cannabis terapéutico

Al inicio de su mandato en el 2016, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) presentó al Congreso una propuesta legislativa favorable a la importación de productos de cannabis terapéutico. En marzo del 2017, la Policía intervino en Lima una vivienda con cultivos de interior pertenecientes a las asociaciones Mamá Cultiva y Buscando Esperanza, una actuación que acabó propulsando la lucha en favor del cannabis medicinal, en tanto las encuestas mostraban a nivel nacional una opinión favorable a la regulación.

La ley que regula el cannabis medicinal, aprobada en el 2017, no reconoce el autocultivo ni aborda el uso recreativo; pese a ello, constituye un avance en cuanto a la flexibilización de las políticas de drogas en un país en el que más del cincuenta por ciento de las detenciones por estupefacientes lo son por consumo, pese a que este no constituye un delito.

PPK se salvó

PPK compareció ante el Congreso de la nación el 21 de diciembre de 2017; había sido citado por los partidos Fuerza Popular (fujimorista) y Frente Amplio, que presentaron una moción de destitución por vínculos del presidente con la empresa brasileña Odebrecht. Por vínculos similares, la justicia investiga al expresidente Ollanta Humala, que permanece en prisión preventiva junto a su esposa, y mantiene una orden de detención por lavado de activos contra el también expresidente Alejandro Toledo. Por otra parte, el presidente de Odebrecht confirmó haber financiado la campaña electoral de Keiko Fujimori.

Keiko es la líder del fujimorismo, ala más ortodoxa de la derecha peruana. Su política se ha orientado a la obtención del indulto para su padre Alberto mediante las presiones que su mayoría en el Congreso le han permitido ejercer, y que han dificultado la gobernabilidad del país.

La destitución no se llevó a cabo debido a una maniobra del también fujimorista e hijo de Alberto, Kenji Fujimori. Analistas señalaron que se trató de un favor al presidente a cambio de la obtención del indulto, que finalmente fue otorgado por PPK el 24 de diciembre.

Fujimori cumplía una sentencia de veinticinco años por los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado, de la que fue indultado; además, recibió la gracia presidencial por otro proceso similar en curso.

El indulto reabrió el debate sobre las esterilizaciones forzosas. Durante la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, Fujimori compareció con un programa de interrupción voluntaria del embarazo. “Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino”, afirmaba. El programa se concretó en una campaña de esterilizaciones forzadas a la que fueron sometidas unas trescientas mil mujeres y dieciséis mil hombres; se trataba de pobres, mujeres indígenas y personas residentes en zonas aisladas. Tras una década de investigaciones, la justicia estableció que no se habían producido delitos de lesa humanidad, y la Fiscalía redujo el número de víctimas a trescientas noventa y siete, frente a los doscientos setenta y dos mil casos documentados por la Defensoría del Pueblo.

Fujimori no tuvo que responder ante la justicia por estos hechos.