Estas situaciones revelaron la forma en la que el Estado trata a los más vulnerables de entre los más vulnerables.

La represión como síntoma

En febrero del 2014, comandos de la ONU desalojaban a tres profesionales de la Corporación Sofini (Nuestros Hijos) que se encontraban en huelga de hambre en el interior de la sede de Unicef en Santiago de Chile exigiendo mayores recursos al Gobierno para atender al Servicio Nacional de Menores (Sename). El abogado de los huelguistas declaraba: “Unicef no se hace cargo del problema de fondo, y es que Chile viola el derecho de los niños, en especial de la comunidad mapuche y de los quince mil que están encerrados en el Sename en condiciones miserables”.

La muerte de Lissette

El 11 de abril de 2016, Lissette Villa, de once años, falleció en un centro del Sename. Fue un hecho que puso de manifiesto ante la opinión pública el indeseable funcionamiento de la institución y que llevó a la dimisión de su directora, Marcela Labraña. Actualmente, la Fiscalía investiga otras doscientas sesenta muertes de menores que se encontraban bajo la protección del Estado.

En esas fechas, la Comisión Intersectorial (Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Unicef...) visitó el centro de detención de menores del Sename, ubicado en la localidad de Coronel, constatando la existencia ilegal de celdas de castigo, el consumo sostenido de drogas entre los menores y las paupérrimas condiciones del establecimiento, en el que se encontraban ochenta y cuatro internos, que ni siquiera estaba conectado a la red de agua potable.

Estas situaciones revelaron la forma en la que el Estado trata a los más vulnerables de entre los más vulnerables. La investigación sobre la muerte de Lissette resultó muy compleja debido a las dificultades para obtener información sobre lo que sucedía en el centro. Pese a que las versiones de los trabajadores resultaron estar falseadas, las indagaciones de las autoridades permitieron determinar que el fallecimiento se produjo debido a la violencia física ejercida por las cuidadoras; la pequeña murió asfixiada por su propio vómito cuando una de ellas se sentó sobre su espalda para contener lo que describieron como una crisis de agresividad. La directora del Servicio declaró: “La niña murió porque era conflictiva”.

Un año después, el Sename, que atiende a ciento cuatro mil niños por año y tiene el mandato de protegerlos y tratarlos, se encuentra entre las indagaciones de la justicia y el rechazo de una parte de la sociedad, que ha comprendido que no se trata de hechos aislados.

A mediados del 2016, el Gobierno reconoció la muerte de ciento ochenta y cinco menores que se encontraban a cargo de la institución a lo largo de los últimos años, pero entre presiones para conocer las cifras reales desde Sename se mencionó la de ochocientos sesenta y cinco niños y adolescentes.

La censura como enfermedad

En el 2013, la jueza de familia Mónica Jeldrés presentó un demoledor informe sobre el funcionamiento del Sename, cuya publicación fue prohibida por sus superiores. Un elemento crucial del trabajo es el que señala que el internamiento es siempre dañino para los niños. En base a diferentes estudios se sabe que “por cada tres meses en los que un niño de corta edad permanece en una institución, pierde un mes de desarrollo”. En consecuencia, el internamiento debería ser restringido a casos excepcionales y por breves periodos, pero, en gran cantidad de casos, los jueces envían a los niños a recibir tratamiento sin determinar los plazos, por lo que las estancias pueden prolongarse durante años.

En lo que a salud se refiere, se detectaron graves carencias. Se cita como significativa la situación en la región de Arica, en la que diecisiete niños con enfermedades crónicas (parálisis cerebral, VIH, trastornos alimentarios y cáncer) no reciben tratamiento. Por si fuera poco, en uno de los hogares se descubrió la existencia de una red de explotación sexual.

Según datos del propio Sename, en sus instalaciones hay cerca de mil quinientos enfermos que requieren atención especializada y para los cuales el precario sistema público de salud no ofrece ninguna alternativa.

En lo que a educación se refiere, cientos de niños muestran un retraso de dos años con relación al nivel que les corresponde, y más grave aún es la cantidad de menores analfabetos entre niños bajo responsabilidad del Estado de un país que el Banco Mundial califica como de alto ingreso.

A nivel nacional se computaron setecientos cuarenta y tres niños totalmente abandonados en los centros, es decir, no visitados por ningún familiar y que no se encuentran en proceso de adopción. A pesar de que muchos de ellos tienen hermanos en el sistema, la distribución de los menores en función de sexo y edad los mantiene separados; las consecuencias a nivel intelectual y emocional son devastadoras.

El abuso sexual es parte integrante de la vida de muchos de los niños internos. De partida, el abuso es, dependiendo de la región, la segunda o tercera causa de ingresos en la red y afecta al diez por ciento de los menores. El internamiento los mantiene expuestos a este abuso. Según diversos estudios, los niños en esta situación tienen cuatro veces más posibilidades de sufrir abusos sexuales que los que se encuentran en sistemas de protección basados en alternativas familiares. “Como sociedad y como Estado le hemos fallado a estos jóvenes y niños vulnerables”, reconocía la presidenta Michelle Bachelet, al tiempo que anunciaba un aporte de tres coma siete millones de dólares destinados a la mejora de los hogares del Sename.

Una comisión parlamentaria investigó el caso Lissette y algunos funcionarios fueron cesados, como fue el caso de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, responsable de la supervisión del sistema de atención infantil y de otros servicios en los que también se detectaron graves irregularidades.

Labraña, directora del Sename, irritó a la sociedad al declarar que la pequeña sufría estrés producto de un abuso sexual intrafamiliar y que se descompensó porque no recibía visitas de su familia. Cuando un periodista le preguntó si creía que la niña había muerto de pena, respondió afirmativamente. El Departamento de Medicina Criminalística de la Policía estableció que la niña consumía antidepresivos, antipsicóticos y medicamentos para regular la bipolaridad: “No era una niña sana y la crisis era predecible” (…) “la pequeña pudo haber sido salvada mediante maniobras de reanimación que las cuidadoras desconocían”. Había pasado más de la mitad de su vida en el Sename, su madre no podía cuidarla y al cumplir cinco años la ingresó por primera vez (…). Su papá la maltrataba y dos veces intentó matarla”.

A partir de las investigaciones realizadas se han podido conocer algunas de las causas de los centenares de muertes acaecidas en los centros: traumatismo craneoencefálico por caída de altura, asfixia por contenido gástrico, ahorcamiento, carbonización, hipoxia…, y “causas indeterminadas”.

La metástasis

El pasado mes de mayo el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) inició acciones legales contra un centro de menores administrado por la Fundación Coanil, dedicada a la protección de personas con discapacidad intelectual.

El organismo presentó una querella por torturas después de que funcionarios del centro difundieran vídeos e imágenes en las que se veían a tres menores siendo amarrados de manos y pies por trabajadores del centro. “Uno puede ver que han sido puestos en una camilla de inmovilización (…) y dejados así por más de tres horas”, declaró el director del INDH. “Eso, si está protocolizado, es una tortura de todos modos”, añadió. Como medida de protección, el Juzgado de Familia decretó que el centro fuera administrado provisionalmente… por el Sename.