A finales del siglo XIX, Guatemala dependía de los capitales estadounidenses propietarios de las infraestructuras básicas y de grandes extensiones de tierras en manos de la United Fruit Company. Ya a mediados del siglo XX, varios gobiernos intentaron realizar una mínima reforma agraria que limitara el monopolio de la compañía, intentos que fueron abortados mediante invasiones y golpes de estado como el de 1954, que dio paso a un gobierno militar controlado por Estados Unidos, que ordenó la devolución de las tierras que habían sido confiscadas. Las dictaduras se sucedieron y estuvieron caracterizadas por la sanguinaria persecución de las comunidades indígenas; entre 1954 y 1982, la represión se cobró unas ochenta mil víctimas.

Entre 1962 y 1982 surgieron diversas organizaciones guerrilleras. En 1980, indígenas y estudiantes ocuparon la embajada española, en un intento de dar visibilidad internacional a la represión y a la impunidad del ejército. Los militares lanzaron granadas de fósforo, que calcinaron a los ocupantes. El presidente, el general Romero Lucas, sufrió un golpe de estado protagonizado por Ríos Montt, que consideraba al primero excesivamente blando ante los revolucionarios.

Ríos Montt utilizó el etnocidio, el genocidio y la política de tierra quemada como táctica antiinsurgente. Durante su primer año de gobierno fueron asesinados quince mil indígenas, cien mil se refugiaron en países vecinos y quinientos mil escaparon a las montañas.

En 1988, la Conferencia Episcopal de Guatemala creó la Comisión de la Reconciliación, presidida por el obispo Gerardi. El informe Recuperación de la memoria histórica describe la violencia, el asesinato y el terror, de los que culpaba a la cúpula militar. Gerardi fue asesinado a los dos días de la presentación del informe.

Tras treinta y seis años de guerra y doscientas mil muertes, en 1996, gobierno y Unidad Revolucionaria firmaron unos acuerdos de paz que poco han contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población.

Neoliberalismo y regreso de España

En los años noventa, las empresas transnacionales iniciaron su llegada al país, en particular, las españolas. Se impulsaron megaproyectos mineros y energéticos, se construyeron represas y se crearon estructuras de transporte, todo ello entre un fuerte rechazo de las poblaciones indígenas. Los desalojos de comunidades y la ignorancia del derecho a decidir sobre los proyectos, reconocido en los acuerdos de paz, generaron conflictos en el mundo rural. Las élites mantuvieron el control de los entornos naturales, y la represión y la calumnia vinculadas a la defensa del territorio no cesaron de crecer.

Política de drogas

El Código penal de 1973 recogía las sanciones por siembra, cultivo y tráfico ilegal de fármacos y estupefacientes. La Ley contra la Narcoactividad (1992), que ha sufrido diversas modificaciones, extiende el término drogas a las “materias primas”, es decir, a las plantas y semillas de las que se obtienen las sustancias. Alcohol y tabaco no están sometidos a dicha ley, aunque puedan producir alteraciones físicas y/o de conciencia.

No existe límite de cantidad para diferenciar entre consumo propio y tráfico, algo que queda supeditado a la discrecionalidad del juez, con la consiguiente inseguridad jurídica. Las sanciones van desde los decomisos hasta la pena de muerte, también incluyen la posibilidad de extradición de ciudadanos guatemaltecos a Estados Unidos, como así ha sucedido.

La Constitución de 1993 declara la salud como un bien público, y define como de interés social las acciones contra el alcoholismo y las adicciones.

En el 2010 se inicia una reforma policial que busca la profesionalización de los agentes y reducir la corrupción rampante. En el 2012, el presidente Pérez Molina (general retirado) insiste en abrir el debate sobre la descriminalización de las drogas, y señala el fracaso de las políticas para controlar el mercado y la violencia del narco como una de las mayores lacras de Centroamérica. Paralelamente, se aprueba la Ley Anticorrupción, que incorpora al Código penal ilícitos como el cobro de comisiones, la malversación, el tráfico de influencias, etc. La ley es criticada por su debilidad ante la situación de fragilidad institucional y el desacuerdo de la mayoría de los diputados con su contenido.

En el 2013 se crea la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas. Su primera tarea es estudiar la cuestión del cultivo del opio; algunos informes recomiendan hacerlo para producir medicamentos, y Pérez Molina apoya la propuesta.

Cárceles

Desde 1992, la población penitenciaria se ha triplicado y el índice de violencia ha crecido súbitamente, en especial, los homicidios. Esta situación se relaciona con los enfrentamientos entre narcos, aunque no se dispone de datos concretos, y ha generado el endurecimiento de las leyes.

La ocupación de las cárceles en Guatemala alcanzó en el 2013 el 251,6% de su capacidad, es decir, para 6.492 plazas existían 16.336 presos, un 50,3% de los cuales se hallaba en situación de prisión preventiva. Pese al hacinamiento, la tasa de encarcelamientos en el país es una de las más bajas del mundo.

A la caza del drogadicto

El consumo de drogas acarrea penas de entre cuatro meses y dos años de prisión. Las estructuras de tratamiento y rehabilitación son escasas y de mala calidad. La estrategia nacional de drogas reconoce la insuficiencia de las políticas vigentes, entre otras cosas, porque no atienden a las repercusiones del consumo sobre la salud.

La legislación permite los tratamientos forzosos en caso de drogadicción, e impera el consenso sobre la utilidad de los mismos para el individuo y la sociedad. Los centros de tratamiento son de pésima calidad en cuanto a personal, vivienda, alimentación e higiene. Muchos de estos lugares pertenecen a evangelistas movidos por el afán de lucro. Grupos de “cazadores” capturan por la fuerza a los drogadictos en las calles. Una vez encerrados, los “pacientes” son sometidos a todo tipo de vejaciones.

Mercados de drogas

Oficialmente, el 3,6% de la población consume drogas ilegales, y la edad de inicio es de doce años. Desde el Gobierno se especula con que el incremento del consumo podría deberse a que los cárteles pagan a sus subcontratistas en especie.

El cannabis es la sustancia más consumida; su cultivo se realiza en lugares cercanos a los mercados, por lo que su tráfico es intrarregional. La cocaína es la segunda sustancia más consumida, y las autoridades notifican el incremento de su uso en Centroamérica. El consumo de crac en la región es más reducido que en Sudamérica, si bien existen indicios de que aumenta en Guatemala. El mercado de metanfetaminas ha crecido durante los últimos cinco años, y las autoridades informan sobre la entrada de grandes cantidades de precursores en el país.

Guatemala es el segundo mayor productor de opio de la región, solo superado por México. La erradicación forzosa de adormidera pasó de menos de quinientas hectáreas en el 2007 a más de mil quinientas en el 2011.

Debate internacional sobre políticas de drogas

Guatemala se convirtió en uno de los principales defensores de cambios en el régimen global en materia de drogas. La propuesta realizada por Pérez Molina de considerar alternativas a la guerra contra las drogas recibió favorable acogida en casi todo el mundo. En el 2012, el presidente propone a sus pares centroamericanos abrir un foro de debate. Su iniciativa contenía, entre otras medidas: despenalización del consumo y porte; compensación por parte de Estados Unidos por cada incautación y el uso de los fondos para programas de prevención y rehabilitación; creación de una corte penal para juzgar crímenes relacionados con el narcotráfico. Los presidentes de El Salvador, Nicaragua y Panamá no apoyaron la despenalización, aunque se mostraron favorables a abrir el debate.

Durante el Foro Económico Mundial del 2012, Pérez Molina propuso la legalización del cultivo de adormidera, con fines medicinales, en el norte de Guatemala, y señaló que la reforma sobre las leyes de drogas reduciría en un cincuenta por ciento la violencia en el país.

Militarización de la sociedad y cambios posteriores

Guatemala ha sufrido una creciente militarización que ha creado alarma entre los defensores de los derechos humanos. El discurso antiprohibicionista de Pérez Molina se vio opacado por la remilitarización de la sociedad, la ampliación de las funciones del ejército en tareas de seguridad y la implantación de militares en la dirección de las instituciones civiles.

El presidente se mostró partidario de la intervención de los kaibiles, una unidad especial militar-policial de larga tradición en la violación de los derechos humanos, para luchar contra la delincuencia organizada, y ordenó su despliegue en la frontera con México. Diversas organizaciones sociales rechazaron la militarización de la sociedad y la estrategia de mano dura, y se mostraron totalmente en contra de la operación “Martillo”, una iniciativa conjunta de Guatemala y Estados Unidos iniciada en el 2012.

Pérez Molina renunció a la presidencia en el 2015 en un contexto de intensas movilizaciones sociales y una escandalosa corrupción. En UNGASS 2016, el nuevo presidente, Jimmy Morales, pidió priorizar a las personas sobre las sustancias en el nuevo enfoque de lucha contra las drogas, y obvió parte de las propuestas realizadas por su antecesor. De este modo, las opciones impulsadas por Guatemala se redujeron a priorizar un enfoque de salud pública con atención al desarrollo humano sostenible, tratamiento y rehabilitación de consumidores problemáticos y prevención del consumo en general. La posibilidad de revisar la legislación penal para delitos de tenencia de drogas y el asunto de los cultivos alternativos de amapola no figuraron entre las propuestas.