En la ciudad de La Paz, el colectivo Cultiva Libertad organizó durante los días 5 y 6 de mayo una serie de actividades que incluyeron una feria, un festival y una marcha, “Por las hijas prohibidas de la Madre Tierra”, es decir, cannabis, amapola, ayahuasca y coca.

Actualmente se debate en el país el Proyecto de ley 117 de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, que pretende modificar ciertos aspectos de la Ley 1008, promulgada hace ya treinta años. En su artículo 34, la citada ley prohíbe la producción o conservación de materia prima vegetal que contenga sustancias controladas, entendiéndose por producción la siembra, plantación, cultivo, cosecha y/o recolección de semillas.

Desde la perspectiva del activismo boliviano, el Proyecto de ley 117 es tanto o más represivo que la Ley 1008. Cuando fue elaborada esta ley se mantenía el criterio de que la marihuana no tenía ninguna propiedad terapéutica; el nuevo proyecto mantiene lo esencial de esa idea, que, hoy por hoy, se sustenta en la desinformación de los legisladores, que conciben la cuestión de las drogas como problema de seguridad ciudadana e ignoran el criterio de la salud pública.

La Ley 1008 contiene un letal vacío legal en relación con el cannabis, al no determinar las cantidades que caracterizan el consumo propio y delegar dicha determinación al criterio de dos especialistas, que emitirán un dictamen que generalmente se demorará quince días, a lo largo de los cuales el encausado permanecerá en prisión preventiva. El nuevo proyecto mantiene el letal vacío y declara a los consumidores “como personas altamente peligrosas”. Si bien se establece que pueden poseerse algunas de las sustancias de la Lista 1 para la realización de investigaciones o tratamientos, el proyecto no establece los sistemas de regulación y solo otorga esos derechos a personas jurídicas.

El activismo boliviano promueve la elaboración de un nuevo proyecto de ley que reconozca los beneficios terapéuticos del cannabis y contemple la regulación de uso y la producción y/o importación de medicamentos.

La falta de proporcionalidad de las penas por delitos de drogas en Bolivia fue denunciada en el 2016 por diversos organismos internacionales, entre ellos la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), que manifestó que la Ley 1008 es “draconiana y punitiva”, y se ensaña con los eslabones más pobres de la cadena del narcotráfico, incrementa la pobreza y atenta contra los derechos humanos. En esas fechas se hizo pública la sentencia de ocho años de prisión para J.A.B., que había sido detenido en posesión de veintiún gramos de marihuana.

La carta que sigue, escrita desde Bolivia, es una buena muestra de la situación que se vive en el país andino como consecuencia de la criminal prohibición.