Los conflictos militares entre estados latinoamericanos son escasos y, aparentemente, no se dan las circunstancias que puedan desencadenarlos; los gobiernos muestran la voluntad de resolver los litigios pacíficamente; se han desarrollado negociaciones de paz en países como Colombia, y hasta los sangrientos golpes de estado se han reconvertido en golpes relativamente “blandos”.

Pese a ello, el negocio de las armas, uno de los más lucrativos del mundo, resulta atractivo para la región. No podemos olvidar que las exportaciones de armas a nivel mundial alcanzan un valor de setenta y seis mil millones de dólares anuales, y que su comercio se incrementó en un catorce por ciento durante los últimos cinco años.

Son varios los países latinoamericanos que participan de una industria que se ha convertido en el primer ítem de ingresos regionales y cuyas exportaciones representan un tercio del mercado mundial de armas, tecnologías conexas y servicios militares. Brasil es líder regional en lo relativo a la exportación de armas convencionales y se posiciona en el número veinte del ranquin mundial; como resultado de las políticas llevadas a cabo desde hace cuarenta años, ha logrado desarrollar una potente industria productora y comercializadora que, entre otras cosas, le permite compensar los gastos de adquisición de otros tipos de armamento. Las exportaciones brasileñas son equivalentes a las de Israel, y se dirigen especialmente al mercado estadounidense (54%), particularmente en el segmento de armas ligeras.

La industria armamentística brasileña está compuesta por un creciente número de empresas y es, junto con la India, una de las más significativas del mundo en cuanto a crecimiento y a tecnología de los materiales exportados. Las ventas a terceros países incluyen normativas específicas de transferencia tecnológica y la posibilidad de producción en asociaciones con empresas brasileñas. Lo mismo sucede cuando se realizan importaciones de armamento de los principales países productores. Además de los motivos estrictamente comerciales, Brasil intenta consolidarse como primera potencia política y militar regional y, en diversos momentos, ha puesto de relieve su voluntad de asegurar su soberanía sobre los ingentes recursos naturales que posee.

La política brasileña es emulada, a distintos niveles, por otros países de la región que aspiran a dejar de ser simples compradores e incorporarse al negocio de las exportaciones. De este modo, América Latina toma posiciones y adquiere un cierto estatus en el inquietante mercado mundial de artefactos mortíferos. Chile y Ecuador han ganado posiciones en cuanto a producción y venta durante los últimos cinco años, y son dos de los principales productores regionales; México ha triplicado la exportación de armas pesadas durante los últimos cinco años; Colombia se inicia en la venta e intenta exportar bombas a Oriente Medio; Perú se afana en el desarrollo de la industria militar en tanto Argentina, productor de importancia hasta el 2011, pierde posiciones.

En dólares constantes de 1990, las exportaciones brasileñas alcanzaron los ochenta y cinco millones entre el 2015 y el 2016, y veinte millones las chilenas, el mismo importe que las ecuatorianas. Brasil se mantuvo como un caso excepcional debido a su larga experiencia en los mercados y en el desarrollo de artilugios como el avión Super Tucano, diseñado para combatir a grupos guerrilleros y que ha tenido buena aceptación en varios continentes.

Amenazas no convencionales

Mientras los estados se afanan en fabricar armas para la guerra en un entorno, como hemos visto, relativamente libre de conflictos militares, las llamadas amenazas no convencionales para la seguridad son crecientes (y armadas), y de la región se extienden hacia otras zonas del mundo. El crimen organizado transnacional es la más importante de ellas, y se manifiesta especialmente a través de la producción y el tráfico de drogas.

La cocaína llega progresivamente a Europa a través de países del África subsahariana, particularmente a través del Sahel. Al Qaeda y señores de la guerra obtienen importantes ganancias que les ayudan a financiar sus actividades, al tiempo que la corrupción licúa ejércitos nacionales. Se ha estimado que el quince por ciento del precio de la cocaína pagado por un consumidor en España se corresponde al peaje pagado en los países del Sahel.

En el 2014, la Organización Mundial de la Salud estimó que la tasa de homicidios en América Latina alcanza el 28,5 por 100.000 habitantes, cifra que cuadriplica la del resto del mundo y es el doble de la de los países africanos en desarrollo. Según la Organización de los Estados Americanos (OEA), dos tercios de los secuestros con extorsión realizados en el mundo se producen en la región; la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirma que América Latina es la zona del planeta en la que se utilizan más armas de fuego en la comisión de delitos. Si se toma como indicador el número de homicidios de las cincuenta ciudades más violentas del mundo, vemos que cuarenta y tres están en América Latina, siendo latinoamericanas las veinte primeras, a excepción de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y San Luis, en Estados Unidos. Las urbes situadas en los primeros puestos son mexicanas o centroamericanas. El narcotráfico es determinante en esta situación, sin olvidar las secuelas, todavía vigentes, de las guerras civiles centroamericanas.

Algunos estudios identifican la elevada violencia en las ciudades latinoamericanas con factores como el incremento del consumo de drogas, que propicia el surgimiento de cárteles locales que compiten con los foráneos; las rupturas en el interior de los grandes cárteles con los subsiguientes enfrentamientos; la aparición de nuevos centros neurálgicos de distribución en lugares que eran simples corredores de paso, y la creciente corrupción estatal.

Puede observarse que entre los anteriores factores se omite la pobreza, pese a que numerosos estudios señalan que crimen organizado y violencia están vinculados a la lamentable situación económica de amplios sectores sociales; según PNUD, la distribución de la riqueza en la región es la más desigual del mundo. Sin embargo, ciertos investigadores consideran que la distribución del ingreso no incide significativamente en la violencia, argumentando que desde inicios de siglo hasta hoy, periodo en el que la violencia tuvo un gran crecimiento en la región, se produjo una disminución de las desigualdades sociales.

Los perjuicios económicos para los estados, que se derivan de la situación descrita, son muy elevados. El Banco Interamericano de Desarrollo estima los costes en un tres por ciento del PIB regional, lo que equivale al gasto anual de la región en infraestructuras o a los ingresos del veinte por ciento de la población más pobre.