Con 130.370 km2 y 6 millones de habitantes, Nicaragua es el país más pequeño y menos poblado de Centroamérica. Buena parte de su historia reciente se ha caracterizado por los enfrentamientos entre terratenientes y guerrillas, así como por la injerencia de Estados Unidos, que mantuvo ocupado el país durante veintiún años y apoyó la dictadura de la familia Somoza.
La dictadura fue vector de desarrollo de la guerrilla izquierdista del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que en 1979 logró derrocar a los Somoza. Durante la década de los ochenta, con apoyo estadounidense, se organizaron fuerzas antisandinistas conocidas como la Contra. El enfrentamiento entre FSLN y la Contra se prologó hasta principios de los noventa, cuando se negoció la celebración de elecciones. En el contexto de un país devastado y bajo amenaza de ser sometido a una guerra total en el caso de producirse una victoria sandinista, se celebraron unas elecciones “libres” en las que el FSLN fue derrotado y no recuperó el poder hasta el 2006, en ambas ocasiones liderado por Daniel Ortega.
La Contra continuó activa en las dos regiones que actualmente están más afectadas por el narcotráfico: la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y la del Atlántico Sur (RAAS). Todavía hoy aparecen grupúsculos autodefinidos como disidentes y cuyas acciones se caracterizan por los ataques de “golpear y correr”, que fue la estrategia utilizada por la Contra durante los años ochenta. Para el Gobierno, los actuales grupos residuales no son otra cosa que delincuentes que utilizan el viejo discurso de la Contra.
Durante la guerra, numerosos nicaragüenses se refugiaron en Costa Rica y Florida, a diferencia de otros ciudadanos centroamericanos, que lo hicieron en Los Ángeles, ciudad que vivió intensamente el fenómeno de las pandillas, que se encuentra vinculado a la aparición de las maras en Honduras y El Salvador, y al que Nicaragua es prácticamente ajena.
El presidente Ortega, al que se han achacado inquietantes episodios vinculados a su vida personal, ha sido acusado de manipular los procesos electorales y de inducir la politización de la Corte Suprema y el sistema judicial, lo que constituiría un obstáculo para la consolidación de la seguridad y la democracia. También se han difundido informaciones relativas a vínculos entre el FSLN y grupos criminales. Un cable del Departamento de Estado afirmaba que el FSLN obtuvo fondos para financiar una campaña electoral a cambio de imponer a la justicia la liberación de algunos narcotraficantes.
El cártel de Sinaloa sería la única organización criminal transnacional establecida en Nicaragua. Fuentes gubernamentales advirtieron que grupos mexicanos tienen intereses estratégicos en el país; la Armada manifestó que dichos grupos tratan de corromper las instituciones. Los Zetas y el colombiano cártel del Norte del Valle habrían operado puntualmente en el país.
Militarización, educación y langosta blanca
En el 2013, Nicaragua y la Federación Rusa suscribieron un acuerdo para la modernización del Ejército nicaragüense, en virtud del cual el país centroamericano adquiría lanchas, misiles y patrulleras rusas.
En el 2015, el Ejército de Nicaragua manifestó su deseo de adquirir aviones caza destinados a interceptar vuelos del narcotráfico, una información que generó críticas de sectores sociales disconformes con el hecho de que en una situación de pobreza se adquirieran aeronaves cuyo coste unitario es de 29 millones de dólares.
Entre el 2008 y el 2013, Nicaragua percibió 27,8 millones de dólares en ayuda militar y policial estadounidense, uno de los paquetes más reducidos de la región. Eventualmente, Estados Unidos ha calificado a la Armada nicaragüense como la fuerza más eficaz de la región en cuanto a incautaciones de drogas.
La Policía promueve programas de prevención sobre drogas y de educación para pandillas. Apoya, además, a las organizaciones comunitarias de vigilancia que procedentes del sandinismo han contribuido a mantener reducidos niveles de violencia en los barrios más pobres.
Se tiende a estimar que el volumen de cocaína que circula por Nicaragua se ha incrementado en los últimos años. Una de las razones estribaría en las devastadoras consecuencias del huracán Félix del 2007, que habría llevado a las comunidades pobres de la costa a un mayor grado de tolerancia con el narcotráfico.
El narcotráfico se concentra en el Caribe, donde han aparecido pequeños grupos locales que prestan apoyo logístico a los narcos, una actividad que sería remunerada con drogas que posteriormente nutrirían el mercado interno. Una actividad relacionada con el tráfico de drogas es la “langosta blanca”, a través de la que los pescadores se sustentan mediante la recogida de fardos de cocaína que los traficantes se ven forzados a arrojar al mar. Los ingresos generados son distribuidos entre la comunidad, la Iglesia y la justicia.
Al parecer, entre el 2010 y el 2011 existió conflictividad entre narcotraficantes de la RAAS. La capital regional, Bluefields, padeció el año 2010 una tasa de homicidios comparable a la de los países más violentos de la región. Un cincuenta por ciento de crímenes fueron vinculados al robo de cargamentos de drogas o “tumbes”.
La producción de crack y marihuana es reducida. En el 2009 fue descubierto el primer laboratorio de metanfetamina; Estados Unidos acusó a Nicaragua de producir y exportar esa sustancia, sin embargo, parece demostrado que las cantidades fabricadas son residuales.
Política de drogas. Cristianos, socialistas y solidarios
Durante UNGASS 2016, la embajadora de Nicaragua expuso los lineamientos de su país sobre “el problema mundial de las drogas”, poniendo de relieve que pese a su ubicación en América Central y en las rutas de tránsito, Nicaragua ni las produce ni las consume.
Nicaragua reconoce la plena vigencia y pertinencia de las convenciones internacionales sobre estupefacientes y defiende la plena aplicación de las mismas, considerando que la desregulación o legalización promueve la proliferación del consumo y contraviene las disposiciones internacionales.
En el Marco del Modelo Cristiano, Socialista y Solidario, Nicaragua implementa la Estrategia del Muro de Contención contra el narcotráfico; la Estrategia de Seguridad Ciudadana y Humana bajo el modelo preventivo, proactivo y comunitario; la campaña nacional “Por una Nicaragua libre de drogas”, y tiene conformado un sistema de justicia penal altamente efectivo, fundamentado en el principio de proporcionalidad. “Todas estas acciones han convertido a nuestro país en uno de los que cuenta con más altas tasas de seguridad ciudadana en el continente”, señaló la embajadora.
Aborto prohibido
Durante la fase previa a las elecciones legislativas del 2006, los sandinistas, en búsqueda de alianzas con la derecha, contribuyeron a revocar las leyes que permitían el aborto en ciertas circunstancias. A consecuencia de ello, Nicaragua pasó a formar parte del reducido número de naciones en las que el aborto es considerado un crimen castigado con prisión para la mujer y el médico que lo realiza, aun en los casos de violación, incesto o peligro vital para la madre.
En el curso de un año, según estimaciones gubernamentales, la mortalidad materna aumentó un cien por cien. Las autoridades proclamaban: “¡Arriba los pobres del mundo!”, en tanto las mujeres pobres morían por causas evitables tras serles denegados servicios obstétricos de emergencia en los centros públicos de salud.
Daniel Ortega decía: “En Nicaragua a partir del 2007 se produjo el milagro de alcanzar sueños como la salud y la educación por la gracia de Dios y el logro de la paz”. En las presidenciales del 2016, Ortega se proclamó vencedor por tercera vez consecutiva, y su esposa Rosario Murillo pasó a ser vicepresidenta de la nación.