Este mes de abril, en Nueva York, se celebrará una reunión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas para tratar, en exclusiva, sobre las políticas de drogas, reunión más conocida por sus siglas: UNGASS 2016.

Por primera vez desde que se instauró el régimen prohibicionista a escala planetaria, se llega a esta reunión con la posibilidad de cuestionar las políticas vigentes y debatir y proponer modelos alternativos. Los recientes cambios legislativos en diversos países, el posicionamiento sin ambigüedades de la Organización de los Estados Americanos y las declaraciones de líderes y exlíderes mundiales y de destacadas organizaciones no gubernamentales, han permitido abrir el debate respecto al fracaso de la guerra contra las drogas y la posibilidad de ensayar modelos alternativos, como la despenalización y la regulación de alguna de las drogas ahora ilícitas. A pesar de ello, prácticamente nadie confía en que se produzca algún cambio sustancial en las actuales políticas prohibicionistas, ni siquiera una reclasificación del cannabis a una lista menos restrictiva –lo cual no exigiría el acuerdo unánime de todas las partes–. Si bien algunos países occidentales podrían ser proclives a ello, de estados como Rusia y China, entre otros, se espera una radical oposición a cualquier tentativa liberalizadora. Como máximo, los expertos aspiran a que se produzca por fin un debate abierto, real y profundo que permita en los próximos años abordar propuestas concretas de modificación de los tratados.

Dentro de los objetivos finales que los movimientos antiprohibicionistas se marcan, como conseguir que el uso y el comercio de drogas se despenalice o legalice en todos los países miembros de la ONU, considero más razonable fijarse a corto y medio plazo un objetivo intermedio que puede estar mucho más al alcance y que tal vez sea más justo y equilibrado: el reconocimiento del derecho de los estados, de las regiones y de los pueblos a una política soberana en materia de drogas. Me refiero, lisa y llanamente, a que se reconozca el derecho de cada estado a decidir, por sí mismo, y dentro de sus fronteras, si permite o no el acceso legal y regulado a las diferentes sustancias, sin verse condicionado u obligado por políticas de talla única adoptadas por organismos internacionales sin ninguna legitimidad democrática, como ahora ocurre.

Hay que recordar que, en el origen de los tratados internacionales, la motivación principal fue, precisamente, el respeto a la soberanía de aquellos estados que querían tener una política propia en materia de drogas. Durante toda la historia, y hasta 1909, salvo concretas y aisladas excepciones, el comercio de drogas era no solo legal, sino que estaba auspiciado por los gobiernos. Tanto es así que cuando China quiso prohibir el comercio de opio, Gran Bretaña le declaró la guerra, dando lugar a las conocidas como guerras del opio (1839-1842 y 1856-1860), por las que consiguió el derecho a seguir introduciendo opio procedente de la India en el interior de China, y a través de puertos francos que quedarían bajo su dominio, como ocurrió con Hong Kong hasta hace pocos años. No es casualidad que las primeras conferencias de las potencias internacionales sobre fiscalización de las drogas fueran en Shanghái (Comisión Internacional del Opio, 1909). Los tratados posteriores tuvieron como finalidad la lucha contra el contrabando del opio, de la hoja de coca y de la planta del cannabis, buscando, precisamente, que los estados pudieran controlar su espacio interior. Esto se observa en lo que ocurrió con el cannabis en 1925, en la Convención de Ginebra. En su decimoséptima sesión, y de forma sorpresiva, Egipto propuso la inclusión del cannabis como sustancia prohibida, junto con el opio y la hoja de coca. El delegado egipcio argumentó que en su país tenían serios problemas derivados del consumo de hachís y que sin ayuda internacional no podían frenar el contrabando que inundaba Egipto de cannabis. El representante de Estados Unidos, impulsor del tratado, apoyó la moción con el argumento de la reciprocidad: Egipto nos ayuda en nuestro objetivo de prohibir el opio y la hoja de coca, nosotros le ayudamos en el suyo. Ello se refleja en el preámbulo del tratado, en el que se expresa la preocupación por el “abuso” y “contrabando” de las sustancias. Años después, a partir de la Convención Única sobre estupefacientes de 1961, las potencias internacionales pervirtieron el sentido de los tratados, utilizando la política de drogas como pretexto para dominar otros estados, como sigue haciendo Estados Unidos con sus vecinos del sur a través de las conocidas certificaciones, relativas al grado de cumplimiento de los tratados, y en función de las cuales abre o cierra el grifo de la ayuda exterior.

Más de cincuenta años después de aquella Convención Única, debe volverse al principio de la soberanía de los estados como fundamento de la política internacional sobre drogas, y ello también por respeto a los procesos democráticos de toma de decisiones: debe permitirse que cada estado, en el interior de sus fronteras, y sin que afecte a terceros estados, adopte la política que mejor le plazca. No podemos seguir aceptando que organismos internacionales sin ningún tipo de procedimiento de democrático determinen la política de todos y cada uno de los estados. El único límite legítimo a la soberanía de los estados son los derechos humanos.

El reconocimiento del principio de soberanía es un objetivo posible a medio plazo, y quizás el único realista, pues si pretendemos que Putin o los jeques árabes se dirijan algún día a sus súbditos diciendo que han votado a favor de legalizar las drogas, podemos esperar sentados. Por contra, es mucho más asumible política y diplomáticamente para un estado prohibicionista aceptar el derecho de autonomía del resto de los estados a, por ejemplo, regular el cannabis, que no votar a favor de que el cannabis deje de ser una sustancia prohibida a nivel internacional. Ya veremos qué pasa en abril.