El periplo de 1.200 kilos de cocaína procedentes de Suramérica que llegaron al puerto de Barcelona y lo que pasó a continuación. Una historia con desaparición de parte del alijo, policías acusados que posteriormente son absueltos, sustitución de la cocaína por sal, agentes encubiertos y entregas vigiladas. Todo ello narrado por el abogado de uno de los encausados.

En el mes de octubre del 2015, el Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que confirmó la condena de varias personas que ya habían sido previamente condenadas por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, por la desaparición en el puerto de Barcelona de 200 kilogramos de cocaína que se encontraban escondidos en un contenedor procedente de Suramérica. El Tribunal Supremo confirmaba también la absolución de siete guardias civiles y un policía nacional que habían sido acusados de facilitar la desaparición de la cocaína.

Sin embargo, aquellos 200 kilos de cocaína robados del puerto de Barcelona eran tan solo una parte de un alijo mucho mayor, de más de 1.000 kilos de dicha sustancia. Por este alijo principal también fueron detenidas diversas personas presuntamente implicadas en la operación de narcotráfico. La historia se remonta a noviembre del 2004, cuando la Comandancia de Barcelona de la Guardia Civil recibió comunicación, a través de los servicios centrales de la Policía Judicial de la Dirección General de la Guardia Civil, sobre la llegada al puerto de Barcelona de un contenedor sospechoso de esconder sustancias estupefacientes. Quien había alertado a la Dirección General de la Guardia Civil de la llegada del contenedor al puerto de Barcelona fue la Agencia Antidroga de Estados Unidos de América (DEA, por su nombre en inglés: Drug Enforcement Agency). Según la DEA, se trataba de un importante alijo de cocaína procedente de Suramérica.

El contenedor sospechoso y la entrega vigilada

Tal y como se había informado, el día 22 del citado mes se descargó en el puerto de Barcelona el contenedor sospechoso, que fue colocado en la zona de almacenamiento de contenedores del puerto. El contenedor venía aparentemente cargado con una gran remesa de cajas de gambas congeladas.

Días más tarde, el responsable de los servicios de la Guardia Civil del Puerto de Barcelona alertó a la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona de que el contenedor sospechoso de contener la cocaína había sido encontrado esa mañana con las puertas abiertas, los precintos rotos y su contenido revuelto y parcialmente esparcido por las proximidades del lugar, desconociéndose si se había sustraído parte de la mercancía. Ante tales hechos, la Guardia Civil procedió al traslado del contenedor hasta la localidad de Sant Esteve Sesrovires, con el fin de descargar y comprobar la mercancía. En dicha comprobación se detectó que en algunos de los paquetes de gambas congeladas el marisco había sido sustituido por paquetes de cocaína, de los que habían desaparecido cerca de 200 paquetes de un kilo cada uno. Sin embargo, el contenedor contenía todavía novecientos setenta y cuatro kilos de cocaína, que algún destinatario estaba esperando.

Efectuadas las gestiones por la Guardia Civil, pudieron comprobar la empresa a la que iba destinado el contenedor, dándose la circunstancia de que el titular de dicha empresa había desaparecido, probablemente al haber sido alertado de que la cocaína había sido detectada. En estas circunstancias, la Guardia Civil solicitó al Juzgado de Guardia de Barcelona que se autorizara una entrega vigilada de la mercancía por si alguna persona manifestaba ser la destinataria del contenedor. El Juzgado de Guardia de Barcelona accedió a la petición. Para poder efectuar tal entrega vigilada sin ningún riesgo de que la cocaína pudiera llegar al mercado, la Guardia Civil procedió a sustituir la cocaína por sal.

Para poder efectuar tal entrega vigilada sin ningún riesgo de que la cocaína pudiera llegar al mercado, la Guardia Civil procedió a sustituir la cocaína por sal

El agente encubierto y las detenciones

Sin embargo, dado que el inicial destinatario de la cocaína había desaparecido, pasaba el tiempo y nadie se interesaba por el contenedor. Fue entonces cuando la DEA informó a la Guardia Civil de que la organización dueña de la cocaína, ante la desaparición del inicial destinatario de la sustancia, estaba buscando a otras personas que pudieran sacar el contenedor del puerto. Por tal motivo, la Guardia Civil solicitó autorización judicial para la intervención de un agente encubierto que se haría llamar “Alejandro”, y cuya misión sería provocar que los responsables de la organización contactaran con él con la finalidad de sacar el contenedor del puerto y distribuir la cocaína, introduciéndose así en el entramado de la organización en España.

De este modo, Alejandro fue contactado por los responsables de la organización, quienes le encargaron retirar el contenedor del puerto de Barcelona y esperar a que alguien se pusiera en contacto con él. Poco después, una persona que se hacía llamar “Tomás” se puso en contacto con Alejandro y le solicitó 400 kilos de cocaína. El juzgado autorizó la intervención de las comunicaciones telefónicas de Tomás con el fin de escuchar sus conversaciones y detectar otros posibles implicados. El agente encubierto Alejandro y Tomás concertaron una entrevista en la que el primero entregó al segundo 400 kilos de una sustancia que supuestamente era cocaína pero que en realidad era sal. Con el fin de identificar a otras personas involucradas en la operación, la Guardia Civil montó un dispositivo de seguimiento de la furgoneta con la que Tomás había recogido la mercancía, que se desplazó hasta el paraje denominado Las Lomas, en la localidad de Alicante. Cuando se estaba descargando la furgoneta se procedió a la detención de Tomás, al que también se le intervino una pistola de fogueo que había sido transformada en una pistola de fuego real.

El referido Tomás comunicó a la Guardia Civil su intención de colaborar con ellos en la detención del resto de los implicados en la operación, a cambio de obtener alguna ventaja en el procedimiento por delito contra la salud pública que se seguiría contra él. De este modo, Tomás informó a la Guardia Civil de que tenía planeado entregar 100 kilos de cocaína a una mujer de nacionalidad colombiana. La Guardia Civil devolvió a Tomás su teléfono móvil a fin de que este pudiera gestionar la entrega de los 100 kilos de cocaína. Mediante conversaciones telefónicas, Tomás se citó en la cafetería Marenostrum de la estación de Renfe de la ciudad de Alicante con la mujer suramericana, a la que la Guardia Civil en el atestado denominó “Pecosa”. A la entrevista entre Pecosa y Tomás, la primera acudió acompañada de dos hombres suramericanos –a los que la Guardia Civil denominó “Gordo” y “Calvo”–, que se situaron algo apartados y que, según el atestado policial, realizaron diversas actuaciones de contravigilancia para tratar, según el atestado, de detectar presencia policial. A continuación, todos ellos se reunieron en el aparcamiento de la estación y, tras pagar los tickets del aparcamiento, fueron detenidos por la Guardia Civil cuando se dirigían hacia sus vehículos.

La defensa

Fue en este momento cuando se inició mi intervención, al encargarme la familia de Calvo que asumiera su defensa. La defensa se centró en explicar que Calvo desconocía que se iba a llevar a cabo una operación de tráfico de cocaína y en dar una explicación de por qué Calvo se encontraba en la estación y por qué estaba acompañando a la mujer que había quedado con Tomás para recoger 100 kilos de cocaína. Valga decir que la Guardia Civil cometió un error en las detenciones, ya que detuvo a la mujer y a los dos hombres suramericanos de forma precipitada. Si la Guardia Civil pretendía demostrar que los tres suramericanos estaban involucrados en la operación de tráfico, debería haber esperado a detenerlos cuando se iniciara el traslado de la carga de un vehículo a otro; solo de esta forma podría asegurarse de que las tres personas detenidas participaban conscientemente en la operación de tráfico de cocaína.

En estas circunstancias, en el curso de la instrucción pudimos poner en evidencia, mediante la declaración de varios testigos y la aportación de varios documentos, que no existían elementos probatorios que acreditaran que Calvo supiera realmente que lo que estaba sucediendo en la estación de Renfe era una operación de narcotráfico. Una vez acreditado que Calvo desconocía que se trataba de una operación de narcotráfico, solicitamos al Juzgado Instructor que acordara el sobreseimiento de las actuaciones respecto de Calvo. Pese a que inicialmente el Juzgado Instructor desestimó nuestra petición de sobreseimiento, al entender que sí existían indicios de que Calvo sabía que se trataba de una operación de narcotráfico, posteriormente la Audiencia Provincial de Barcelona acogió nuestros argumentos y estimó nuestro recurso, acordando el sobreseimiento exclusivamente respecto de Calvo, quien, de esta forma, quedó fuera del procedimiento. Gordo, pese a haber tenido una intervención en los hechos muy similar a la de Calvo, tuvo que ir a juicio, junto con Tomás y Pecosa, acusados por delito contra la salud pública.

La condena

El Ministerio Fiscal pidió para Tomás, Pecosa y Gordo dieciséis años de prisión y una multa para cada uno de ellos de sesenta y seis millones de euros por un delito contra la salud pública. A Tomás se le acusó también por un delito de tenencia ilícita de armas, por el que se le solicitaban dos años de prisión. La Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Tomás a una pena de cinco años de prisión y una multa de siete millones de euros por el delito contra la salud pública y a un año y diez meses de prisión por la tenencia ilícita de armas, y a Pecosa a una pena de seis años de prisión y una multa de dos millones de euros. Gordo fue absuelto. Posteriormente, el Tribunal Supremo mantuvo la condena de Pecosa y Tomás, si bien les rebajó la pena a cuatro años y un día para Pecosa y a tres años, cuatro meses y un día para Tomás.