La historia de este mes ilustra a la perfección el dicho “No se puede poner puertas al campo”. La lucha contra el tráfico de drogas es radicalmente inútil, al menos en los términos actuales. La protagonista es una mujer, jefa de una organización criminal. La Policía Judicial la investigó durante varios años hasta que consiguió llevarla a juicio, a ella y a toda la organización criminal. No es además una macrocausa, porque no tiene ramificaciones en el extranjero ni aeronaves ni policías implicados, ni siquiera fueron más de diez los procesados y condenados. Pero si se analiza, incluyendo los nueve años de procedimiento judicial, los ciento cincuenta folios de la sentencia de la Audiencia Nacional y los cien de la sentencia del Supremo, después de todo el esfuerzo persecutorio del Estado, todo ello pagado con nuestros impuestos, el efecto sobre el tráfico de drogas es como sacar un cubo de agua –o de cocaína– de un río. Eso es todo. Su incidencia en el mercado no supuso ni una disminución de la droga circulante ni un aumento en el precio.
Mari Luz y su pareja se dedicaban a la distribución de la cocaína en el sur de España. Se aprovisionaban a través de diversas fuentes en Madrid y la llevaban a Cádiz. Utilizaban para ello vehículos de una gran cilindrada tuneados para poder alojar en su interior, sin quedar a la vista, la cocaína que transportaban. Para ello, Mar Luz utilizaba a terceras personas, con las que solo mantenía conversaciones presenciales, nada a través de móviles. Ella solo dirigía y se ocupaba de gestionar las ganancias.
Una de las partes más problemáticas del tráfico de drogas es qué hacer con el dinero. Ella se compró vehículos de alta gama y diversos inmuebles, que los ponía a nombre de terceras personas. Pero esto no era suficiente: tuvo que contratar los servicios de personal de limpieza especializado, de lavar dinero. Al principio, la Policía ni siquiera sospechaba el alcance del entramado; no se imaginaban que pudieran tener tanto volumen. La investigación por lavado de dinero comenzó ante el hallazgo casual, en la papelera del sótano de una cafetería, de 48.750 € en una bolsa de papel. Allí se dieron cuenta de lo que había entre manos, y redoblaron los esfuerzos en su captura. La persiguieron con escuchas telefónicas, escuchas medioambientales, geolocalización y seguimientos policiales con enormes equipos de investigación.
El botín que sacaron fue importante. En el total de los domicilios y vehículos registrados judicialmente, intervinieron setenta y cinco kilos de cocaína, dos pistolas, cincuenta móviles, dos prensas hidráulicas, cinco balanzas de precisión, treinta mil euros, precursores, adulterantes, una máquina de contar billetes, detectores de balizas, relojes de lujo, etc. Por otra parte, la investigación por lavado de dinero condujo a la detención y procesamiento de un abogado y parte del personal de su despacho, y también de un intermediario, quienes ofrecían el servicio de lavar el dinero a través de cuentas bancarias abiertas a nombre de terceros en una banca privada, desde la que se hacían transferencias a una entidad en Panamá que tenía cuentas en un banco de Panamá.
Los agentes descubrieron que la organización podría haber acabado con los asesinatos, como en las películas, si Mari Luz no hubiera tenido paciencia, dado que, según las informaciones policiales, el dinero entregado a los blanqueadores fue de cerca de quinientos mil euros, pero solo se llegaron a ingresar correctamente unos cincuenta mil. Los lavadores de dinero devolvieron el resto del dinero, pero fue realmente lo último que hicieron, aunque salvaron la vida. A raíz de esta investigación, la Policía descubrió que nuestra protagonista no era su única cliente, sino que tenían muchos otros, por lo que van a estar unos años a la sombra.
Como resultado de todo ello, Mari Luz fue condenada a nueve años de cárcel por el delito contra la salud pública y a cuatro años por el delito de blanqueo. Sus compis de organización tuvieron penas similares. Recurrieron al Tribunal Supremo, pero sus recursos fueron desestimados. En definitiva, grandes esfuerzos, penas y lamentos para obtener una incidencia nula sobre el tráfico de drogas. Como decía alguien, las políticas hay que evaluarlas por sus resultados, no por sus intenciones.