Nuestro protagonista es como el de la película protagonizada por Leonardo Di Carpio y dirigida por Alejandro González Iñárritu, The Revenant (‘El renacido’): cien veces parece llegar su final pero cien veces vuelve a la vida. Ahora está en prisión, me refiero a nuestro protagonista, que es real, de carne y hueso, pero volverá a salir y volverá a entrar, como tantas veces ya, en esa vorágine de los drogodependientes que en los años ochenta recibieron la heroína con los brazos abiertos y se encontraron con el círculo maléfico de la jeringuilla, la represión policial, el VIH y la cárcel, vorágine que se llevó a muchos por delante, dejando a otros malviviendo y a algunos, también los hay, frescos como si no hubiera pasado nada.
Julián, al que así llamaremos en honor a la estupenda historia de vida escrita por Juan Gamella, cumple condena por varias conducciones sin carné, moviéndose para pillar y no ser pillado, y está pendiente de juicio por vender marihuana y por posesión de 12,5 g de cocaína en bruto y 3,3 g de speed. Un buen día, la Policía Nacional recibió una denuncia anónima relatando que en el domicilio de Julián se estaba vendiendo droga, que entraba y salía gente ajena a la vecindad con aspecto de toxicómanos y que a menudo se producían peleas y ruidos. Los agentes no se hicieron de rogar, y a los pocos días ya estaban haciendo vigilancias e intervenciones de personas que salían del inmueble, para registrarlas y verificar si salían con algo ilegal en sus bolsillos.
Efectivamente, salían todos con marihuana y hachís, o eso afirma la Policía. Con todos esos datos, la fuerza actuante solicitó del juez de guardia la autorización judicial para la entrada y registro del domicilio, que por supuesto fue concedida al instante. Pocas horas después, nueve agentes y el secretario judicial entraron en el domicilio, echando literalmente la puerta abajo, deteniendo a Julián y su compi de piso, y requisando todo lo que pudiera ser prueba contra ellos, básicamente, algo de dinero, unas libretas con anotaciones y las drogas. Hay que decir que también se encontraron sustancias y objetos por la calle y en las copas de los árboles que quedaban por debajo de la ventana del domicilio, por lo que tuvieron que acordonar la zona y llamar a los bomberos para recoger lo que había salido volando. Como la policía ya se lo esperaba, una agente se quedó en la calle mirando hacia la ventana del domicilio registrado. Lamentablemente, entre estos objetos encontraron una balanza.
Los detenidos fueron llevados a comisaría, y dos días después, al juzgado de instrucción, donde se les tomó declaración, aunque se acogieron a su derecho a no declarar. Julián, que cuenta con veinticinco antecedentes penales sin cancelar, así como con treinta y seis detenciones por parte de la Policía Nacional, dos por parte de la Benemérita y trece por parte de los Mossos d’Esquadra, fue puesto en libertad por este asunto, pero al cabo de poco lo metieron preso por otras causas.
Ahora convive en prisión con su memoria de tantos años entre rejas, con el VIH más o menos contenido, pero con una lesión ósea que le obliga a ir en muletas o silla de ruedas, según los días, y una lesión en la faringe que le impide hablar de forma que pueda ser oído. Las penas que ahora está cumpliendo no son graves, va a salir en breve, pero al tener pendiente esta causa, es muy posible que tenga que volver a entrar en prisión, y ello a pesar de que la sustancia total decomisada, en valores netos, asciende a poco más de 10 g de hachís, 1 g de cocaína y 1,68 g de MDMA.
Sin embargo, al intervenir dinero, una báscula, bolsa de plástico con recortes para hacer papelinas, una libreta y las drogas, el Ministerio Fiscal lo acusa por un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, y pide para cada uno de los acusados una pena de cinco años de prisión, y multa de tres mil euros, por lo que la causa ha sido remitida a la Audiencia Provincial de Barcelona.
La estrategia de defensa en estos asuntos es clara: impugnar la entrada y registro, negar que los objetos, a pesar de estar en el domicilio, pertenecieran al acusado, aducir que las sustancias eran para el consumo propio y, finalmente, alegar drogodependencia para conseguir una rebaja de la pena y, además, una suspensión extraordinaria para evitar el ingreso en prisión. Sin embargo, el abogado de oficio de Julián no pidió la prueba pericial médica de examen por el médico forense, lo que dificulta ahora probar todo su historial de drogodependencia.
Al hacernos cargo del asunto hemos pedido inmediatamente al tribunal que se practique esa prueba, aunque ya no sea el momento procesal para pedirlo, dado que queda plenamente justificado, no solo por documentos médicos que hemos aportado, sino porque en su caso, al estar en prisión, no ha podido ponerse en contacto con su anterior abogado, añadiendo a ello el problema que tiene en la voz. A ver qué decide el tribunal, cómo nos va el juicio y si conseguimos que no tenga que volver a entrar de nuevo en la cárcel.
