El caso de este mes sería como participar en un sorteo y que nos tocara el premio gordo. Los participantes son cuatro personas, tres de ellos sin residencia legal en España, quienes, según el relato policial, vinieron a Barcelona llamados por otro sujeto a trabajar en una plantación de cannabis que se estaba haciendo en una gran nave industrial, aspecto este último que deducían porque en sus pasaportes constaba su entrada pocas semanas antes del inicio de la investigación.
La Policía sostenía que todos ellos pertenecían a una peligrosa organización criminal dedicada a la producción y venta a gran escala de marihuana de alta potencia tóxica. Después de una extensa y costosa investigación, y sin necesidad de autorización judicial, irrumpieron en la nave y encontraron, en la planta superior, maquinaria y herramientas de distintos oficios, como carpintería, metal, etc., y en una planta inferior, una inmensa plantación de marihuana, en la que hallaron a los cuatro sujetos realizando diferentes actividades de cuidado del cultivo. Ese es el relato policial.
La versión de los investigados fue que no trabajaban en la plantación, sino que únicamente se movían por la planta de arriba utilizando la maquinaría y el espacio para desarrollar sus proyectos artísticos. Acreditamos, mediante sus perfiles y publicaciones en sus redes sociales, que efectivamente producían este tipo de contenidos artísticos. Alegamos también que, en el momento de la intervención, estaban cogiendo algún cogollo de la plantación para su propio consumo y a hurtadillas de los responsables del cultivo, con quienes no tenían contacto alguno. Sí, era una versión exculpatoria un poco débil frente al hallazgo policial de algo más de 1.000 kg de marihuana. Obviamente, la cantidad final no sería tanto, pero la Policía y el fiscal imputaban además organización criminal. El juez de guardia no lo dudó un instante y acordó prisión provisional para los cinco investigados.
Al cabo de pocos meses conseguimos que salieran de prisión y, una vez sucedido esto, la idea era alargar el proceso todo lo que se pudiera, recurriendo cualquier resolución judicial que se dictase. También pedimos extracción y análisis del pelo para demostrar consumo de drogas, y les dijimos que se apuntaran al CAS para acreditar que estaban en tratamiento, por si todo ello pudiera servir más adelante, en caso de sentencia condenatoria, para evitar entrar nuevamente en prisión. Al cabo de un par de años, el juez dictó un auto por el que cerraba la instrucción y ordenaba seguir el procedimiento por un delito contra la salud pública y otro de organización criminal. Los muchachos estaban realmente asustados. Vinieron a España por unos meses y se enfrentaban a una posible condena de varios años de prisión. Sin embargo, algo extraño ocurrió.
Como defensa, recurrimos el auto de continuación de procedimiento, un simple recurso de reforma dirigido al mismo juez que ordenó procesar a los investigados. En este recurso alegamos que no había indicios de la participación de los cuatro muchachos en el cultivo de la marihuana decomisada. Si bien la Policía los había hallado junto a la plantación en el momento de la entrada, alegamos que estaban allí porque habían ido a coger algún cogollo para fumar, y que si estaban en la nave era tan solo por sus proyectos artísticos. Fue de aquellos recursos que se hacen para probar suerte y alargar el procedimiento, y la verdad, nunca pensamos que podía ser estimado.
Pero ocurrió: ¡premio gordo de la lotería! El juez, pese a la oposición del Ministerio Fiscal, declaró el sobreseimiento para los cuatro investigados, con el criterio, expuesto en apenas tres líneas, que no existían indicios sólidos de que tuvieran una efectiva participación en el cultivo. Fueron largos los días de espera para comprobar si el Ministerio Fiscal recurría o no el auto de sobreseimiento, pero no lo hizo. Así que, contra todo pronóstico, el procedimiento sigue solo contra el que había alquilado la nave, y los otros cuatro, que estaban en el lugar de los hechos, pueden volver a respirar tranquilos.
